El gobierno de Uruguay decretó la liberalización de la comercialización de televisión por satélite, tras abolir el monopolio de las operadoras locales de sistemas abiertos y codificados del país, informó hoy (miércoles 31) el ministro de Defensa, Luis Brezzo, bajo cuya jurisdicción opera la Dirección Nacional de Comunicaciones.
El decreto, firmado por el presidente Jorge Batlle, consideró que el nuevo sistema “redundará en beneficio del público en general, que dispondrá de más opciones para acceder a mayores fuentes de programación e información”.
En Uruguay existía un sistema restringido de televisión directa al hogar para servicios en áreas rurales, monopolizado por una compañía que integraban las tres empresas privadas que actúan en la televisión abierta de Montevideo y una red del interior.
Además operaban tres de los cuatro sistemas de cables y TV codificada que funcionan en la capital del país, y uno de los dos que existen en el interior.
La liberalización del mercado, anunciada por fuentes del nuevo gobierno tras asumir la presidencia Batlle, ha sido criticada por las empresas de radiodifusión y televisión privada, socios de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu).
Las empresas locales exigieron al gobierno la igualdad de derechos y la radicación de las empresas de emisión por satélite, ya que operaban desde el exterior.
Las autoridades de Andebu expresaron al ministro Brezzo los problemas que generaría un mercado abierto, especialmente para las empresas que operaban en el interior del país.
Entre las ventajas que se otorgan a las empresas de televisión por cable instaladas en el país se incluyen la rebaja de los impuestos internos.
Cada empresa de televisión por cable tendrá que pagar anualmente un impuesto de $ 50 (unos US$ 4) por cada abonado, cuando antes abonaba por el número de población del área de cobertura del sistema.
La modificación representa una rebaja de 85% del impuesto que anualmente pagaba cada empresa.
Para los nuevos operadores de televisión directa al hogar por satélite, el gobierno dispuso las operaciones de tres tipos de empresas con un sistema fiscal distinto, según el tipo de tareas que realicen.
En Uruguay podrán trabajar los operadores del sistema, los generadores de la señal, los titulares locales de los derechos de ese sistema y las empresas intermediarias autorizadas que comercializan las antenas receptoras.
El gobierno de Uruguay decretó la liberalización de la comercialización de televisión por satélite, tras abolir el monopolio de las operadoras locales de sistemas abiertos y codificados del país, informó hoy (miércoles 31) el ministro de Defensa, Luis Brezzo, bajo cuya jurisdicción opera la Dirección Nacional de Comunicaciones.
El decreto, firmado por el presidente Jorge Batlle, consideró que el nuevo sistema “redundará en beneficio del público en general, que dispondrá de más opciones para acceder a mayores fuentes de programación e información”.
En Uruguay existía un sistema restringido de televisión directa al hogar para servicios en áreas rurales, monopolizado por una compañía que integraban las tres empresas privadas que actúan en la televisión abierta de Montevideo y una red del interior.
Además operaban tres de los cuatro sistemas de cables y TV codificada que funcionan en la capital del país, y uno de los dos que existen en el interior.
La liberalización del mercado, anunciada por fuentes del nuevo gobierno tras asumir la presidencia Batlle, ha sido criticada por las empresas de radiodifusión y televisión privada, socios de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu).
Las empresas locales exigieron al gobierno la igualdad de derechos y la radicación de las empresas de emisión por satélite, ya que operaban desde el exterior.
Las autoridades de Andebu expresaron al ministro Brezzo los problemas que generaría un mercado abierto, especialmente para las empresas que operaban en el interior del país.
Entre las ventajas que se otorgan a las empresas de televisión por cable instaladas en el país se incluyen la rebaja de los impuestos internos.
Cada empresa de televisión por cable tendrá que pagar anualmente un impuesto de $ 50 (unos US$ 4) por cada abonado, cuando antes abonaba por el número de población del área de cobertura del sistema.
La modificación representa una rebaja de 85% del impuesto que anualmente pagaba cada empresa.
Para los nuevos operadores de televisión directa al hogar por satélite, el gobierno dispuso las operaciones de tres tipos de empresas con un sistema fiscal distinto, según el tipo de tareas que realicen.
En Uruguay podrán trabajar los operadores del sistema, los generadores de la señal, los titulares locales de los derechos de ese sistema y las empresas intermediarias autorizadas que comercializan las antenas receptoras.
