Por detrás de las votaciones parlamentarias, los tecnicismos legislativos y las declaraciones enfrentadas, se dibuja en Francia una pregunta de largo alcance: ¿puede una economía desarrollada reducir sus estándares ambientales sin alterar su equilibrio institucional y ético? La reciente aprobación de la llamada ley Duplomb, impulsada por el oficialismo con respaldo de sectores conservadores, reactualiza esta tensión entre crecimiento agrícola y sostenibilidad, en el seno de una de las democracias más influyentes del continente.
La norma, cuyo nombre remite al senador Laurent Duplomb, autor del proyecto junto al centrista Franck Menonville, fue votada el 8 de julio por 316 diputados contra 223. A primera vista, se presenta como una simplificación del marco regulatorio para el sector agropecuario. Pero su articulado revela una transformación más profunda: reinstala sustancias químicas prohibidas, reduce el alcance de los controles judiciales sobre megaproyectos rurales y debilita la separación entre quienes venden pesticidas y quienes los prescriben.
Un viraje en el modelo productivo
La ley habilita, bajo decreto, el uso de pesticidas como el acetamiprid y la flupyradifurona, pertenecientes a la familia de los neonicotinoides, cuya toxicidad para las abejas ha sido ampliamente documentada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Francia había prohibido su utilización en 2020. La nueva legislación permite su reinserción si se acredita una amenaza grave para la producción agrícola.
Además, eleva los umbrales que determinan qué emprendimientos deben someterse a controles de impacto ambiental: una explotación porcina podrá alcanzar hasta 3.000 animales sin autorización previa; una avícola, hasta 85.000. Se estima que estas cifras excluirán del control a más del 80% de las nuevas instalaciones.
Finalmente, la ley autoriza nuevamente a las cooperativas agrícolas a vender fitosanitarios y, al mismo tiempo, brindar asesoramiento técnico sobre su aplicación, lo que había sido limitado por una norma de 2019 con el fin de prevenir conflictos de interés.
La reacción social y jurídica
La oposición a la ley se expresó en tres planos. El primero, parlamentario, con votos en contra por parte de ecologistas, socialistas, comunistas e incluso algunos centristas. El segundo, ciudadano: una petición en línea contra la norma superó en dos semanas el millón y medio de firmas, una cifra que obliga, por mandato constitucional, a su tratamiento en sesión parlamentaria. El tercero, jurídico: un grupo de diputados presentó un recurso ante el Consejo Constitucional, que deberá pronunciarse antes del 11 de agosto.El eje de la impugnación no es solo sanitario, sino institucional. La Confédération paysanne, sindicato agrícola alternativo, argumenta que la ley vulnera el principio de no regresión ambiental, consagrado en la Carta del Medio Ambiente de 2005, incorporada a la Constitución francesa. También se cuestiona la restricción de derechos ciudadanos frente a obras como las méga-bassines (reservorios artificiales), al limitar la posibilidad de apelación judicial.
Francia, el agro y la Unión Europea
La ley Duplomb reabre un conflicto larvado en el corazón del proyecto europeo: la dificultad de conciliar productividad agrícola con normas ambientales comunes. En Bruselas, la reintroducción de sustancias prohibidas y la reducción de controles podrían generar tensiones en el seno del mercado único, sobre todo si se interpretan como prácticas de competencia desleal.
En el plano interno, la norma refleja un giro político: el Estado responde a las presiones del sindicalismo agrario mayoritario (la FNSEA), en detrimento de las agencias científicas independientes y de una parte significativa de la opinión pública urbana. La agricultura, históricamente subsidiada, se reafirma como sector estratégico, incluso a costa del equilibrio ecológico.
Una democracia bajo tensión
La protesta contra la ley Duplomb no se limita a una cuestión de pesticidas. Se inscribe en una corriente más amplia de resistencia ciudadana a lo que se percibe como un debilitamiento progresivo de los controles republicanos. En Francia, donde la Revolución de 1789 sigue siendo un referente simbólico, el principio de legalidad —y no solo el de utilidad— conserva una centralidad indiscutida.
El texto votado por la Asamblea no marca solamente un retroceso ambiental. Señala un cambio de régimen argumentativo: del lenguaje de los derechos al de la urgencia productiva; de la precaución al pragmatismo. Para el jurista Paul Cassia, “se ha instaurado un poder técnico que erosiona silenciosamente las garantías institucionales”.
Habrá que observar el fallo del Consejo Constitucional. Pero, incluso si la norma es ratificada, la magnitud de la respuesta popular deja entrever una fisura creciente entre representantes y representados. En esa grieta, se juega no solo la política agrícola de Francia, sino su idea misma de democracia.
