La evolución de los fondos comunes de inversión (FCI) en los últimos meses fue excepcionalmente favorable, lo que
confirma las estimaciones formuladas en la edición de MERCADO de octubre del año pasado. De un patrimonio de $
271 millones acumulado a agosto de 1994, pasaron en julio último a $ 462,4 millones.
Según las previsiones de los expertos, la cifra podría trepar a $ 600 millones al concluir este año. El total de 1995 se
situaría, así, por debajo del pronóstico realizado por MERCADO en octubre: $ 800 millones. Sin embargo, no debe
descartarse totalmente esta estimación: en las próximas semanas está prevista la incorporación al mercado de nuevos
FCI de renta fija, pertenecientes a los principales bancos de plaza, que hasta ahora no se habían mostrado muy
interesados en promover este tipo de entidades. Los únicos que lo hicieron fueron el Boston, el Santander, el Crédito
Argentino y el Quilmes.
La cifra final del año depende, entonces, de la fecha en que se incorporen los FCI de los principales bancos del
sistema. Si la entrada en escena se concreta durante los próximos meses y las entidades en cuestión le brindan un
fuerte apoyo, podría, incluso, superarse el nivel de $ 800 millones antes de diciembre. En este aspecto también
tendrá una gravitación significativa el desenvolvimiento del mercado accionario. Una suba importante de las
cotizaciones arrimaría más inversores al sector de los FCI tradicionales, a lo que se sumaría también el
incremento patrimonial que surgiría de la valorización de las acciones.
Todas las Alternativas
Entre los bancos líderes, el Deutsche fue el último en incorporarse al sistema de los FCI, a través de tres entidades. El DB Fix
(para ahorristas conservadores), el DB Global (títulos y acciones) y el DB Equity (principalmente acciones). La incorporación
del Deutsche a este mercado es de gran importancia, considerando que a nivel mundial la casa matriz administra fondos
comunes por una cartera superior a US$ 50.000 millones.
A los tradicionales fondos que tenían como obligación canalizar sus inversiones a las acciones y a los títulos públicos, se fueron
agregando en los últimos meses los denominados FCI de renta fija, destinados a captar clientes que prefieren una inversión
menos expuesta a las oscilaciones de los mercados.
Los fondos de renta fija invierten exclusivamente en títulos públicos y operaciones a plazo fijo. Pueden estar denominados en
pesos o en dólares. Los mixtos operan en forma indistinta con una u otra moneda.
Existen, además, los que se caracterizan por realizar operaciones de distinto grado de riesgo, dependiendo de las
características de los títulos que incorporan a su cartera.
El Peso de las AFJPs
La denominación de renta fija no significa que un fondo garantice a los inversores un rendimiento determinado. De
los cuadros que acompañan esta nota surge que durante los primeros siete meses del año muchos de estos FCI
registraron quebrantos en su cuota parte. Ello se explica por la fuerte caída de los títulos públicos derivada del
fenómeno México.
Precisamente para evitar esas mermas, algunos FCI de renta fija canalizan sus inversiones únicamente a operaciones de
depósito a plazo fijo. Son los preferidos por las AFJPs, que de esta forma aumentan indirectamente sus colocaciones a plazo
fijo sin transgredir las limitaciones impuestas por las normas en vigencia a ese tipo de colocaciones.
Esto contribuye a explicar la proliferación de fondos comunes a partir de la segunda mitad del año pasado, una tendencia que
coincidió con la puesta en vigencia del nuevo régimen de jubilaciones y pensiones. Las entidades financieras no podían dejar
pasar la oportunidad de captar la mayor porción posible de las carteras de las AFJPs, que canalizan sus fondos hacia ellos pero
con limitaciones. Lo que vuelcan hacia los FCI no puede superar 14% del Fondo de Jubilaciones y Pensiones ni 1% de la
cartera de la AFJP. Tampoco 10% del patrimonio del FCI. Estas restricciones son por cada sociedad gerente, lo que aun limita
mucho más la participación de las AFJPs en los FCI, dado que hay sociedades gerentes (Fund Manager) que administran
hasta 5 FCI.
Hasta diciembre del año pasado las AFJPs habían canalizado sólo $ 26 millones hacia los fondos comunes. Seis meses
después la cifra subió a $ 57,4 millones (un promedio de $ 10 millones mensuales). Sobre una cartera total de $ 1.333
millones que exhibían las AFJPs al 30 de junio, sus inversiones en fondos comunes representaban 4,3%. De ello surge
que todavía disponen de mucho margen, si lo desean, para seguir canalizando fondos hacia estas entidades.
Los principales fondos comunes favorecidos (ver cuadro) fueron 1784 Ahorro Pesos con $ 11,4 millones, Columbia Global ($
10,2 millones), Cardinal Renta ($ 9,6 millones) y SuperFondo Ahorro Pesos, con 7,7 millones. Todos corresponden a fondos de
renta fija (money markets), que operan exclusivamente con plazos fijos en entidades de primera línea y, por lo tanto, de muy
bajo riesgo.
A fines de julio alcanzaban a 93 los fondos comunes nucleados en la cámara que los representa, liderada por Oscar J.
Falleroni (de Cifeba, administradora de los Fondos Fima del Banco de Galicia). Falleroni sostiene que actualmente hay
una gran cantidad de solicitudes presentadas ante la Comisión Nacional de Valores para constituir nuevos fondos
comunes. Sobre esa base, afirma, es probable que antes de finalizar el año se encuentren operando entre 110 y 120, lo
que determinaría la incorporación de un promedio de cuatro o cinco entidades por mes.
Lugar para Crecer
Esto confirma que el mercado continúa en franca expansión. El margen para el crecimiento es, por cierto, muy amplio,
como lo demuestra el hecho de que el patrimonio conjunto de las entidades al 31 de julio ($ 467,1 millones) equivalía a
1,2% del total de los depósitos bancarios. Una relación normal oscilaría entre 2,5 y 3%.
Falleroni pronostica que la actividad registrará nuevo impulso cuando se concrete la reglamentación de la Ley 24.441,
que reformó la norma jurídica con la que surgieron estas entidades. La reglamentación daría vía libre a la constitución
de una nueva clase de fondos comunes: los cerrados de crédito, destinados a implementar el régimen de securitización.
Además podrían incorporarse los FCI inmobiliarios, que en Chile ya funcionan desde 1990 y actualmente suman siete
entidades.
Existen dos versiones de FCI inmobiliarios. Los que compran propiedades para después venderlas y los que las compran
o construyen con la finalidad de darlas en locación o en leasing. De todos modos, una vez reglamentada la ley los FCI
inmobiliarios demorarán un tiempo en constituirse y su incursión en el mercado será probablemente lenta, hasta que los
distintos sectores tomen conocimiento de su forma de operar.
Fernando Correa Arce, responsable comercial de los Fondos de renta fija que administra Santander Investment (Superfondos),
también se manifiesta optimista con respecto al futuro. Todavía hay mucho margen para crecer, asegura, teniendo en cuenta
que en algunos FCI la participación de inversores individuales no supera el 15%. Por eso, antes de pensar en crear nuevos
fondos comunes con distintas alternativas de inversión, hay que tratar de incentivar la actividad de los existentes, lo que exigirá
una importante tarea de divulgación por parte de los distintos sectores interesados.
Los Líderes
En este aspecto, la actividad desplegada por Santander Investment (del grupo Santander de España) ha sido muy
importante. Los Superfondos de renta fija constituidos hace pocos meses ya ocupan el segundo puesto en el patrimonio
conjunto de los FCI.
Hasta fines de julio, el banco que más esfuerzos había realizado para lograr una posición de privilegio en el mercado de
los FCI era el Boston, que a traves de las distintas versiones de los 1784, acumulaba un patrimonio de $ 100 millones.
Para Gregorio Goity, responsable de la administración de esos fondos, esta supremacía en el mercado obedece a la
fuerte inversión realizada, que alcanzó a más de US$ 1 millón.
Goity estima que a fin de año el patrimonio de sus FCI se elevará a $ 150 millones. Cubriría, así, alrededor de la quinta
parte del mercado, que para esa época estará mucho más competitivo por la incorporación masiva de los bancos
líderes.
Según las estimaciones de Goity y de otros expertos, la expansión en esta primera etapa seguirá liderada por los money
markets, que brindan al inversor la ventaja de mantener la liquidez permanente de la inversión, asegurándole al mismo
tiempo una rentabilidad superior a la que puede obtenerse en otras operaciones que brindan disponibilidad constante de
los fondos.
En el caso de los Fondos 1784, sostiene Goity, el inversor no necesita acercarse al banco para concretar una operación.
Si es cliente, la puede hacer telefónicamente.
Martín Scarpati, responsable de los cinco fondos comunes que administra el Banco Quilmes, sostiene que, en la
práctica, estas entidades se asemejan a las AFJPs en lo que concierne al manejo de la cartera de inversiones,
pero con la diferencia de que los objetivos de estas últimas son de muy largo plazo.
Basándose en esta similitud, muchos analistas se inclinan a comparar los rendimientos de los fondos de inversiones con los de
las AFJPs en un determinado período, lo que desde el punto de vista técnico no es correcto, señala Scarpati. Las cuotas de
las AFJPs no tienen incluidos los gastos operativos, que son descontados previamente a los afiliados.
Scarpati apuesta también a un futuro de expansión para los FCI, aunque advierte que, a pesar de la gran versatilidad
que ofrece hoy el mercado de los fondos comunes, las entidades todavía deben vencer la imagen adversa que dejaron en
inversores que probaron suerte en el pasado y no les fue bien. Ello se debe, afirma, al hecho de que en la Argentina, por
las limitaciones de la ley que los rige, primero se constituyeron los de alto riesgo (acciones), mientras que lo lógico
habría sido comenzar por los de menor riesgo (renta fija) y después avanzar con los de renta variable.
Para Scarpati los elevados gastos de administración de algunos fondos comunes no constituyen un aspecto relevante,
siempre que esas entidades ofrezcan una alta rentabilidad. ¿Qué ventajas tiene para el inversor que un fondo tenga
gastos administrativos muy bajos si la rentabilidad es también escasa?, argumenta.
El problema se presenta cuando a la baja rentabilidad se suman elevados gastos administrativos. En esos casos, las
consecuencias son catastróficas para los inversores, como lo reflejan las diferencias expuestas en los cuadros incluidos
en este informe, donde se compara el valor de las cuotas partes entre el 31 de diciembre de 1992 y el 31 de julio de este
año. Pedro Zorgno, responsable de los tres fondos comunes Columbia del Banco Crédito Argentino, se muestra también
confiado en el desarrollo futuro del mercado de los FCI. El optimismo se justifica por la posibilidad que brindan al
inversor de diversificar sus activos en la forma que más lo desee, señala. Por ejemplo, una persona puede tener
certificados de plazo fijo por su cuenta y, en lugar de mantener dinero disponible en una caja de ahorro, colocarlo en un
money market que le asegura una renta superior. En muchos casos, los fondos comunes cumplen, incluso, la función de
complementar el retiro jubilatorio.
A partir de ahora, según Zorgno, los directivos de los fondos comunes van a tener que redoblar sus esfuerzos. Los
inversores evaluarán la rentabilidad de los FCI comparándola con una tasa testigo (benchmark). Esto exigirá también
un cambio de política por parte de la Comisión Nacional de Valores, para flexibilizar las normas existentes,
especialmente la relacionada con la exigencia de mantener permanentemente invertido 90% del patrimonio.
Esta exigencia, apunta Zorgno, resta eficiencia a los fondos comunes, puesto que no pueden anticiparse a la evolución
de los mercados. Lo aconsejable, según Zorgno, sería que en determinadas circunstancias, y por un tiempo máximo a
determinar, los fondos comunes puedan mantener líquida la totalidad de su cartera, y poder así invertir en el momento
que consideren más oportuno.
La Comisión Nacional de Valores también debería ser más flexible en cuanto al tiempo que demora en aprobar un
FCI. Los trámites demandan entre cuatro y cinco meses, cuando, con un reglamento estándar, no tendrían que durar
más de 30 días, argumenta Zorgno.
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