Los resultados de la primera ronda eleccionaria –ya que por primera vez
el país irá al ballotage– confirmaron algunas suposiciones
de la campaña.
- Carlos Menem ganó y también perdió ya que la coalición
en su contra el próximo 18 de mayo supera las posibilidades de cualquier
alianza que pueda armar el riojano. - Los buenos resultados obtenidos por Néstor Kirchner se deben –en
inmensa medida– al peso del aparato duhaldista en la provincia de Buenos
Aires. El hombre de Santa Cruz parece tener el camino despejado, pero una
vez en el poder tendrá que convivir con un líder como Eduardo
Duhalde que cumplió el sueño de postergar a su archienemigo. - Ricardo López Murphy y Elisa Carrió hicieron una buena elección,
aunque es probable que –en ambos casos– no sean capaces de articular
el soporte recibido para mantener una presencia política de largo plazo.
Como era previsible, el papel del radicalismo fue desastroso y ahora llegará
el turno del ajuste de cuentas interno y la búsqueda de una identidad
para reconstruir al centenario partido.
En lo esencial, quedan en carrera dos modelos económicos en pugna. El
neoliberalismo que tan bien conocimos durante la década pasada, con el
mismo camafeo de entonces; y lo que pinta como otro ensayo populista de los
que hemos vivido durante medio siglo.
Lo interesante es cómo llegamos a este punto. El peronismo obligó
al país a nacionalizar su interna, y así acudió con tres
candidatos. Una versión claramente neoliberal, otra claramente populista,
y una tercera en la que todos parecen ver el germen populista aunque cuando
gane –como todo parece indicar– se sabrá su verdadero signo.
Del mismo modo, la oposición tuvo su variante neoliberal con López
Murphy y la populista con Elisa Carrió. Afortunadamente –dicen algunos
analistas– los finalistas no son de la misma tendencia. En verdad, tanto
entusiasmo no es explicable si se trata de optar entre dos propuestas desacreditadas.
A menos que la inclusión del ministro de Economía, Roberto Lavagna,
en el equipo de Kirchner ilusione con la posibilidad de rescatar al futuro gobierno
del destino populista y encauzarlo en una dirección más seria.
En ese contexto, muchos votantes tuvieron la sensación de que las elecciones
se habían convertido en una especie de concurso para elegir Miss Argentina
o Mr. Simpatía. Forzados a optar por razones psicológicas o “de
piel”.
Hace cuatro años nos debatíamos entre De la Rúa y Duhalde.
En poco más de tres años hubo oportunidad de probar a los dos.
¿Y qué pasó? Es evidente que para encontrar un rumbo adecuado
a las aspiraciones de la gente, además de elegir a quien será
Presidente hay que reparar en qué se vota.
Se puede argumentar que la gente se ve obligada a elegir entre un menú
impuesto por la dirigencia. Puede ser cierto en algún caso. Pero no hay
que subestimar el poder de los electores. Tan es así que hace mucho tiempo
que los aparatos hacen lo que dicen las encuestas. La maquinaria radical no
quería a De la Rúa y tuvo que aceptarlo porque punteaba en todas
las encuestas. Duhalde quería imponer a De la Sota y hubo que bajarlo
porque no daba en las encuestas. La gente tiene mucha más participación
y responsabilidad de la que reconoce.
El rumbo de la economía
Partidarios o adversarios de los dos candidatos de la segunda vuelta, no están
demasiado inquietos por la marcha económica. Excepto cuando se trata
de demoler al enemigo y, entonces sí, le dedican los pronósticos
más apocalípticos.
Es otra versión del clásico “vaso medio lleno o medio vacío”.
Los partidarios de la primera visión sostienen que las bases del proceso
originado en el campo económico tiene buenas raíces, efectos reactivadores
y de largo plazo. En síntesis, si el que llega al poder exhibe moderación,
prudencia y no comete locuras, todo marchará sobre rieles y habrá
cuatro años tranquilos.
Los que abrazan la versión catastrófica tienen un punto a favor:
los políticos siempre encuentran un atajo para que un buen escenario
se transforme en catástrofe.
Algo se puede decir sobre el futuro post-electoral y sobre los riesgos que habría
que neutralizar para que el país avance hacia su normalización.
El problema central es el siguiente: en términos de gobernabilidad, cada
uno de los dos candidatos de la segunda vuelta, conlleva su propio potencial
de crisis.
Néstor Kirchner, gobernador de la segunda provincia más pequeña
en términos de población, con unos 200.000 habitantes y un padrón
electoral de apenas 120.000 personas, no tiene fuerza política propia
en el resto del país. Así como su candidatura surgió de
la decisión arbitraria del presidente Duhalde una vez que fracasaron
otras alternativas, también ocurrió que la mayor parte de los
votos obtenidos el 27 de abril le fueron prestados por la maquinaria político-electoral
del actual presidente.
Es que Duhalde está en el ángulo opuesto al de Kirchner: a pesar
de que pronto abandonará la presidencia, difícilmente pueda calificárselo
como un “pato rengo”. En tanto su candidato termine victorioso, él
mantendrá el liderazgo que hoy ostenta dentro del justicialismo de la
provincia de Buenos Aires, la más grande del país, con un padrón
de nueve millones de personas.
Si Kirchner ganara las elecciones, se vería legítimamente tentado
a ejercer un poder que en los hechos no tiene ni tendrá. Sin gobernadores
que acepten su liderazgo, sin legisladores propios, con una relación
fría con los sindicatos justicialistas, Kirchner sería –en
un país con una tradición de presidencialismo fuerte– una
autoridad débil y desafiable.
Carlos Menem parece lo contrario de Kirchner. Ha ejercido la presidencia durante
diez años con mano firme, es una figura política fuerte y lleva
adelante su campaña presentándose a sí mismo como el garante
de la gobernabilidad. Sin embargo, en caso de ganar las elecciones corre el
peligro de dividir al país en dos. Algunos intelectuales italianos han
dicho de Silvio Berlusconi que su gobierno tiene legalidad pero no legitimidad.
Es probable que algo parecido se diga de Menem en la Argentina.
Sectores de izquierda y de centroizquierda, dirigentes piqueteros, sindicatos
combativos, líderes sociales que han encabezado la rebeldía en
las calles y franjas de la clase media empobrecida durante los años ’90
perciben un eventual triunfo de Menem no como una derrota en el ejercicio de
la rutina democrática sino como la comprobación de los límites
e insuficiencias de la propia democracia. Más de una figura pública
proveniente de ese arco heterogéneo ha manifestado que peleará
contra Menem desde el primer día si éste accede a la presidencia.
Recuperación económica
Sea quien sea el triunfador en el comicio, las consecuencias económicas
de las próximas elecciones son relevantes sólo en algunos aspectos.
Después del caos de 2001 y mitad de 2002, la economía argentina
ha recuperado cierta estabilidad y un mínimo de organización.
Desde mediados de 2002, el nivel de actividad se ha estado expandiendo, primero
lentamente y ahora a una tasa no menor a 4% anual. Desde el fondo de pozo en
que se encuentra, esa tasa de crecimiento probablemente se convierta en la más
alta de América latina para el año que corre.
Por otra parte, contra muchos pronósticos oscuros, no se desató
una hiperinflación de origen cambiario. La moneda argentina se ha estado
apreciando contra el dólar aun en términos nominales; y no lo
ha hecho más aceleradamente porque el Banco Central compra sistemáticamente
reservas internacionales. En cierta forma, la situación inicial será
cómoda para el presidente entrante, cualquiera sea su signo.
Dos factores son centrales. Por un lado, gracias a la duplicación de
las exportaciones durante la década del ’90, al derrumbe de las
importaciones por la recesión profunda que está quedando atrás
y a la cesación de pagos internacionales, existe hoy un exceso de oferta
de divisas en el mercado cambiario. No se trata de una coyuntura efímera:
en cualquier escenario razonable, aun reanudando los pagos después de
una reestructuración de la deuda, el superávit de la cuenta corriente
del sector externo se mantendrá al menos por un mandato presidencial.
El segundo factor tranquilizante para las nuevas autoridades es que no hay un
imperativo inmediato para que se aceleren las deprimidas inversiones. El stock
de capital creció a buen ritmo antes de la crisis y en algunos sectores
hubo definitivamente sobreinversión. Sin embargo, sería un error
confiar en el desempeño de una economía que no acumula capital.
Si bien no hay urgencia, hay que preparar el terreno ya.
Sobrante de dólares y sobrante de capacidad instalada es el sueño
de cualquier gobernante, y es por ello que el aspirante que finalmente acceda
a la presidencia no modificará la política cambiaria, respetará
la continuidad de las actuales autoridades del Banco Central, que están
manejando la flotación sucia de la tasa de cambio con solvencia, y procurará
infundir confianza para que se desempolven proyectos de inversión.
Esto último será más fácil para un candidato decididamente
procapitalista –como Menem– pero, más tarde o más temprano,
todos terminarán en un lugar parecido. Si de inversiones futuras se trata,
el aspecto más complicado es la renegociación de contratos con
las empresas privatizadas para que no se registre en los años que vienen
un deterioro de los servicios públicos que le ponga límites al
crecimiento y reavive el malestar social.
Otros sectores presentan menos dificultades. Las inversiones en bienes sustitutivos
de importaciones, por ejemplo, no necesitan otra cosa que el mantenimiento de
un tipo de cambio real alto (aunque no necesariamente tan alto como el actual)
y la recuperación gradual del mercado interno. Las inversiones en bienes
que se exportan necesitan algo más: una política comercial que
abra mercados para que en este caso también se puedan capturar los beneficios
de un tipo de cambio real alto.
Naturalmente, la inevitable renegociación contractual con las empresas
privatizadas será una molestia para las autoridades entrantes porque
los precios aumentarán y la sociedad protestará. Pero el reclamo
de una mayor apertura de los mercados internacionales para los bienes nacionales
es el tipo de cosas que a un presidente le gusta hacer.
¿Cuáles son, entonces, los verdaderos problemas, aquellos que
pueden dividir a los candidatos? Existen dos: el fiscal y el distributivo, y
en ambos no está dicho cuál es el mejor camino a seguir. En el
terreno fiscal, la cuestión de fondo es que el Estado está quebrado
y no paga sus deudas, pero la normalización definitiva de la economía
y la reanimación de las inversiones requieren salir de la cesación
de pagos.
Menem insiste en ello; el otro candidato es más parsimonioso y daría
largas al asunto. Pero la apertura de las negociaciones con los acreedores no
es la única decisión a tomar. Aun cuando se convenga en ello,
falta definir cuánto está en condiciones de pagar la Argentina
y, consecuentemente, cuál es el superávit fiscal primario requerido.
En este aspecto, algunos economistas cercanos a Menem (y a López Murphy)
se han puesto demasiado concesivos con los acreedores y están estimando
un superávit fiscal de algo así como 5% del PBI. Como es un clásico
de la economía argentina, quien promete demasiado termina incumpliendo.
Tomando en cuenta que el superávit fiscal actual no llega a 2% del PBI,
es probable que los candidatos más duros sean a la vez más realistas.
Reservadamente, ellos están hablando de un superávit fiscal de
3% del PBI.
El otro problema que divide aguas es el de la distribución del ingreso.
El candidato más ortodoxo cree que en este caso el mejor camino es el
camino largo: no se puede conceder un incremento salarial en el sector público
porque el Estado está en quiebra; tampoco se lo puede hacer en el sector
privado porque muchas empresas –en particular las que trabajan para el
mercado interno– no están en condiciones de pagarlo y, en consecuencia,
pasarían a sus empleados a la informalidad.
Hay que esperar, entonces, que la gradual recuperación del nivel de actividad
expanda el empleo y, con ello, la masa salarial. Un candidato más heterodoxo,
por su parte, quiere apurar la reactivación con un aumento de suma fija
en las remuneraciones del sector privado.
El argumento es que un incremento coordinado y simultáneo del consumo
mejora el estado financiero de las empresas y, por lo tanto, vuelve tolerable
la medida. Sin embargo, para un candidato heterodoxo la pregunta es: ¿se
harán efectivos los aumentos salariales por decreto cuando la tasa de
desempleo ronda 18%?
En síntesis, la economía sigue desenvolviéndose con una
importante autonomía con respecto a la política y ganando salud
gradualmente. Si la calma de los mercados financiero y cambiario está
indicando algo, es que no se espera de ningún candidato un cambio en
las reglas de juego y un salto al vacío. M
Propuesta
Globalización y desarrollo regional
Por Horacio Escofet
Frente a la necesidad de imprimir un ritmo acelerado a la recuperación
de la economía para sacarla de la fenomenal caída de los últimos
tres años, surge la también imperiosa exigencia de encontrar los
instrumentos adecuados para generar condiciones de crecimiento igualmente acelerado
en las distintas regiones y sectores, apelando a las herramientas del mercado,
conforme las señales y perspectivas que el propio mercado emite y utilizando
las oportunidades globales como palanca para el desarrollo regional.
Sin crecimiento económico regional no habrá desarrollo regional.
La inversión pública, que puede elevar su baja productividad apelando
a la generación de sinergias entre nación-provincias-municipios
y utilizando mecanismos de administración fiduciaria aplicados como las
reglas del arte mandan, tiene que ser un complemento de la inversión
productiva con el mercado internacional como su referencia. Cómo generar
una corriente de inversiones hacia las áreas y sectores más competitivos
del país es el desafío. Esto requiere de un bagaje instrumental
apropiado, con la óptica de la descentralización y el fortalecimiento
del interior.
Las estructuras administrativas del gobierno nacional son profundamente centralizadas,
centralistas y estancas. Las provincias, a su vez, no resultan muy voluntariosas
en transformar estas condiciones y modos de administrar, sino que más
bien se concentran en una negociación de “cupos” y no en una
transferencia de responsabilidades. Ésta ha sido la historia de las descentralizaciones
administrativas, que han “territorializado” funciones pero multiplicado
las estructuras burocráticas nacional y provinciales (el caso del Ministerio
de Educación es paradigmático).
Si la descentralización y el fortalecimiento del interior es una política
nacional, no se la puede dejar a disposición de las estructuras burocráticas
del gobierno nacional, las que rápidamente consolidarán un nuevo
“arbitraje” con sus pares provinciales, de alto efecto en el intercambio
de los favores políticos pero de escasísimo impacto en el crecimiento
de la productividad global, regional y sectorial, ya que se crearán nuevas
normas y nuevos institutos, que se superpondrán con los existentes, lo
que demandará nuevas coordinaciones a través de nuevas normas
e institutos, y así siguiendo.
La propuesta es saltar directamente de lo que el mundo propone como posibilidades,
hacia las provincias, los municipios, las organizaciones productivas y las macro
y microrregiones; esto es, generar una política altamente operativa,
apoyada en la información y en la gestión directa. Un camino sería
estructurar “racimos de proyectos” coherentes, multijurisdiccionales,
a efectos de generar sinergias institucionales, que combinen lo público
y lo privado y que permitan su seguimiento, monitoreo y ajuste. Los beneficios
máximos provendrán de la complementariedad, simultaneidad y ritmo
de ejecución. Para lograrlo, basta una pequeña estructura con
la competencia y autoridad adecuadas. M