Aunque por distintas razones, el gobierno y el director gerente
del Fondo Monetario, Michel Camdessus, comparten la
preocupación por los episodios de agitación social que
se observan en la Argentina. En el caso del partido gobernante, la
inquietud se explica fácilmente: podría perder un
caudal importante de votos en la confrontación electoral de
octubre próximo. En cambio, para el FMI la mirada se extiende
más allá de la mera coyuntura política. La
preocupación de Camdessus reside en que, “si no se resuelven
los problemas de desigualdad… la prosperidad quedaría
fundamentalmente amenazada por las tensiones que pueden generar las
frustraciones exacerbadas, presa fácil de todos los populismos
conocidos”.
En otras palabras, el hombre del FMI advierte sobre el peligro de
que, si no se adoptan medidas para paliar las inequidades más
flagrantes, se corre el riesgo de que una coalición
política opositora intente dar marcha atrás en las
reformas encaradas a lo largo de los años 90.
Sin embargo, a juzgar por cómo se han expresado los
principales referentes de los partidos políticos opositores,
ninguno está planteando un retorno al pasado de los
años 80. A lo sumo, buscan imaginar la existencia de
paliativos que permitan evitar situaciones que lleven a un estado de
creciente indisciplina social.
Pero cuando se entra en el terreno de las propuestas, no queda
claro, según el planteo del FMI, qué es peor: el
remedio o la enfermedad. Camdessus reconoce que son “los pobres y los
trabajadores no calificados los que con más probabilidad
pierden sus medios de subsistencia en épocas de
aceleración económica”. Por lo tanto, así como
sostiene que el Estado debe disponer de una red de protección
social para ayudar a los sectores más necesitados, advierte
que a través de ella no debería hacerse asistencialismo
sino capacitar a la gente para que “vuelva a ponerse de pie”.
Pero, al mismo tiempo, Camdessus argumenta que todavía
queda mucho por hacer en el mercado laboral: descentralizar y
reformar el proceso de negociación colectiva, lograr que las
obras sociales operen con mayor eficiencia y menores costos y reducir
las indemnizaciones. Medidas, todas ellas, que al menos en una
primera etapa acentúan los problemas de desempleo y
desigualdad sin que nadie pueda asegurar que, más adelante,
esos desequilibrios puedan corregirse.
Contradicciones
La oposición a las posiciones de Camdessus provino de
diferentes fuentes. Por lo pronto, mientras el gobernador bonaerense
Eduardo Duhalde salió a reconocer que los conflictos sociales
que sacudieron a la Argentina en las últimas semanas reconocen
una base cierta, el presidente Menem prefirió adjudicar ese
clima de agitación a la necesidad del periodismo de aumentar
su rating o su circulación. Duhalde fue más allá
y, quizá para preocupación de la franja más
ortodoxa del empresariado, afirmó que “para los ricos siempre
está el mercado, pero para los pobres, si no es el Estado el
que está alcanzándoles soluciones, el problema es muy
serio”.
El ministro de Economía de la provincia, Jorge Remes
Lenicov, levantó la apuesta. Afirmó que “hay que hacer
asistencialismo para conservar la paz social” (el gobierno parece
seguir su recomendación con la decisión de lanzar un
programa de empleo mínimo y de becas), pero coincidió
con Camdessus en que hay que preservar los logros alcanzados: “Si no
se hace nada, puede aumentar la conflictividad social y amenazar al
modelo económico en la transición”. Sin embargo, no
dudó en calificar a la flexibilización laboral como un
mito: “No hay que verla como la panacea para generar empleo”.
Por supuesto, Camdessus no pudo sustraerse a la tentación
de reiterar cuál era, a su juicio (y, por tanto, al de la
comunidad financiera internacional) el mejor destino que podía
darse a los recursos que se obtengan por la privatización del
Banco Hipotecario. Como se recordará, el FMI aspiraba a que
con esos fondos se cancelara deuda externa, para contribuir a la
reducción del riesgo país.
Preocupaciones de los banqueros
Este tema, junto con el de la evolución futura del sistema
financiero local -aspecto sobre el cual Camdessus también
recomendó una reforma-, se constituyó en uno de los
ejes centrales de las discusiones de la reciente convención de
Adeba. En el primer caso, la controversia se entabló respecto
de una de las calificadoras contratadas por el gobierno (Moodys) que
no modificó su última evaluación. Las
críticas llovieron desde todos los ángulos y sectores,
en particular desde el gobierno, que deslizó la idea de
cancelar el contrato de la firma (si así lo hiciera
sentaría un pésimo precedente a nivel internacional).
El otro aspecto debatido en la convención fue la tendencia
del sistema financiero a la concentración y
extranjerización. Diversos analistas coincidieron en que ello
parece un proceso inevitable, en particular porque las regulaciones
vigentes en la Argentina sobre capitales mínimos son
más exigentes que las recomendadas por el Banco de Pagos
Internacionales de Basilea. En ese marco, si los depósitos se
duplicaran en los próximos cinco años -una
hipótesis no descabellada-, los bancos se verían
obligados a duplicar también sus capitales en el mismo
período, exigencia que no parece tan fácil de cumplir
sin el auxilio de una entidad extranjera o mediante una fusión
de bancos.