La situación de las economías regionales está marcada por una profunda heterogeneidad. Mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita similar al de Italia o el Reino Unido, provincias como Santiago del Estero y Formosa se ubican en un nivel comparable al de países como Túnez o Namibia.
En la última década esa brecha tendió a acentuarse, a raíz de los profundos cambios que se produjeron en la estructura económica, cuyas consecuencias no tuvieron un efecto neutro en términos regionales. Al contrario, se verifica que a partir de esas transformaciones hubo regiones que consolidaron su dinamismo, mientras el resto (en general, las economías extrapampeanas, aunque con excepciones) vivió un proceso que desnudó las enormes dificultades para reconvertir su producción frente a la apertura y la competencia del mercado mundial.
En los últimos dos años, en un contexto de recesión interna y caída de los precios de los principales productos de las regiones, se acentuaron los principales problemas competitivos de la economía argentina y, en particular, de algunas provincias cuya producción está limitada a unos pocos productos primarios.
A la vez, a partir del cambio estructural, y en especial de la apertura, algunas actividades que tradicionalmente habían sido la principal fuente de ingreso de varias provincias, dejaron de ser viables en el contexto del nuevo modelo competitivo. Sin embargo, y a diferencia de las predicciones del modelo, la reconversión productiva no generó en todas las regiones un dinamismo del sector privado que compensara la destrucción del aparato productivo tradicional.
En algunas provincias, esa situación derivó en una profunda crisis económica, política y social. El caso más reciente es el de Corrientes, intervenida en diciembre pasado y cuyos indicadores sociales reflejan un panorama alarmante: según un informe reciente del Indec, 27% de la población depende del estado provincial; 35% no tiene ningún beneficio social; 10,3% del total de la población es analfabeto; 71,4% de los chicos de la provincia son pobres, y 27% de los alumnos primarios repite el grado.
De esa forma, y en ausencia de políticas específicas para evitar los efectos más destructivos del programa de reconversión, los estados provinciales (en muchos casos, en un marco de acentuada cultura feudalista) fueron los encargados de mantener, aunque sea parcialmente, un delicado equilibrio social, a través del incremento del empleo público.
Esa situación derivó en una marcada crisis fiscal de muchas provincias, que tuvieron que apelar a su relación con la Nación para financiar esos desequilibrios. En ese contexto, la preocupación fiscal del gobierno central se reflejó en un acuerdo con el FMI, en el que se incluyen pautas específicas para eliminar en 2003 el déficit fiscal de los estados federados y la puesta en marcha de un plan de salvataje para refinanciar deudas provinciales a cambio de ajustes en sus cuentas públicas.
En una primera instancia, las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán firmaron el convenio con el gobierno nacional. La metodología del instrumento es muy similar a la de los acuerdos de la Nación con el FMI: ayuda financiera a cambio de condicionalidad en las políticas que implementen los gobiernos regionales, con fuerte énfasis en el ajuste fiscal y monitoreo trimestral de las cuentas públicas para evaluar si cumplen con los compromisos pactados. Los próximos distritos que podrían firmar el convenio serían Jujuy, Formosa, Neuquén, Chubut y Chaco.
En tanto, las tres provincias más importantes del país Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe ya empezaron a aplicar, por iniciativa propia, políticas de austeridad del sector público, en el marco de una estrategia para negociar con la Nación un acuerdo más amplio, en el que no sólo se incluyan las cuentas fiscales sino también algunos instrumentos que ayuden a reactivar esas economías.
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