Aunque el impuesto a las ganancias es récord y el gasto asistencial enorme, quienes más sufren la pérdida de poder adquisitivo son las familias de más bajos ingresos. Para revertir esta regresividad es fundamental replantear prioridades en la asignación del gasto público y mejorar sustancialmente su gestión, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) en su informe número 581.
La información oficial difundida recientemente por el INDEC correspondiente al 3° trimestre del 2014 alertan sobre el estancamiento en la producción y en los empleos privados registrados.
También que el proceso de mejora en la distribución del ingreso se detuvo, con tendencia a la reversión.
El coeficiente de Gini (que asume valores cercanos a 0 cuando hay mayor igualdad y próximos a 1 cuando la distribución es más regresiva) según la estimación del INDEC –considerando los ingresos per capita de los hogares– fue de 0,434.
Se trata de un valor superior al de igual período del 2013 que se ubicaba en 0,429 y similar al del 2012. Así, el pequeño progreso obtenido en el 2013 se desvaneció y se retornó a valores de hace dos años atrás.
La distribución personal del ingreso mejoró mucho desde comienzo de la década pasada. Pero este aletargamiento se da en una instancia en que las desigualdades siguen siendo muy grandes.
Como referencia, en los países europeos de mayores progresos sociales se estiman coeficientes de Gini en valores entre 0,22 y 0,32.
La incipiente tendencia a la reversión en las mejoras de la distribución del ingreso está asociada a las diferentes capacidades de los hogares para defenderse frente a la aceleración de los precios.
En efecto, según el INDEC entre el 3° trimestre del año 2013 y el mismo período del 2014 se observa que:
- El ingreso per capita del 25% de los hogares de menores ingresos creció 23%.
- El ingreso per capita del 50% de los hogares de menores ingresos creció 25%.
- El ingreso per capita del 10% de los hogares de mayores ingresos creció 29%.
Estos datos señalan que, frente al crecimiento de los precios que se ubicarían entre el 30% y 40% anual, todos los estratos sociales sufren un deterioro en los ingresos reales durante el año 2014.
Pero los hogares de menores ingresos son los que más perdieron. Este proceso regresivo resulta llamativo teniendo en cuenta que la incidencia del impuesto a las ganancias, un tributo claramente progresivo que impacta en las familias de altos ingresos, es récord y que desde el sector público se administra una enorme masa de recursos, incluyendo una gran cantidad de programas asistenciales.
Evidentemente estas políticas no alcanzan a compensar los impactos regresivos que se derivan de un contexto caracterizado por la aceleración de la inflación y el estancamiento productivo.
Los hogares cuyos ingresos dependen de un empleo formal logran compensar al menos parte del aumento de precios con la actualización de sus salarios a través de la negociación colectiva. Pero en los segmentos más bajos de la distribución del ingreso, donde prevalecen la informalidad, el desempleo y la inactividad laboral, los ingresos se rezagan. Bajo estas condiciones, la distribución del ingreso se deteriora junto al estancamiento y la inflación.
La reversión del inéditamente favorable contexto externo que disfrutó la Argentina en la última década explica parte de los problemas.
Pero la mayor responsabilidad recae en la acumulación de errores de política interna. Un punto central es el irresponsable crecimiento del gasto público en áreas no prioritarias.
A esto se agrega el enmarañado y cada vez más complejo enredo de regulaciones, controles, prohibiciones y aumentos indiscriminados de impuestos que sofocan las fuerzas productivas y alientan el aumento de precios.
También contribuye a la regresión social que en la parte de gasto público asignado a áreas prioritarias (como educación, Asignación Universal por Hijo, seguridad, justicia, etc.) prevalezca una pésima gestión.
Para entablar un proceso de mejora sostenida de la situación social es imprescindible lograr crecimiento productivo con estabilidad de precios.
Esto requiere una revisión profunda del nivel y la forma en que se ejecuta el gasto público. Se deben eliminar, al menos, los nichos más groseros de derroche de fondos públicos. También es clave una administración menos rudimentaria del gasto público social y revisar las regulaciones laborales que cercenan la capacidad de generación de empleos formales.
