A seis meses de que comience el ciclo electoral de 2019, CIPPEC y Poder Ciudadano piden una reforma legal del financiamiento de las campañas y los partidos políticos. La reforma debería impedir el abuso de los recursos públicos; generar incentivos para declarar todo el dinero, y comprometer a las provincias con reglas y controles consistentes con el régimen nacional. Para eso, tendría que incluir cuatro medidas prioritarias:
1. Hacer que el dinero sea trazable, es decir, debe quedar registro de los montos, el origen, trayectoria y el destino. La digitalización de los pagos permite que se realicen con plena trazabilidad. Hay que prohibir los aportes en efectivo y mediante depósito bancario para que sólo puedan realizarse por medios trazables. También hay que permitir la devolución de los aportes que los partidos y alianzas detecten como sospechosos.
2. Regular la publicidad oficial para que no pueda usarse de manera partidista y para que no pueda emitirse ni distribuirse durante el período formal de la campaña.
3. Controlar durante la campaña. Las agrupaciones deben informar sus ingresos y gastos cuando suceden y publicarlos durante la campaña.
4. Comprometer a las provincias. Las provincias que celebren sus elecciones el mismo día que las nacionales deben adherir al régimen nacional de financiamiento. Además, las provincias también tienen que regular el financiamiento: las elecciones provinciales y municipales también requieren dinero y las agrupaciones no pueden quedar al margen de la obligación de rendir cuentas.
¿Por qué estos cambios?
La forma en que se financia la política partidaria y electoral es uno de los principales desafíos que enfrenta la democracia argentina. El dinero de la política circula por canales informales porque proviene de fuentes no permitidas y porque se recauda y se gasta en efectivo.
Financiar así la política es opaco porque impide que los votantes conozcan quién apoya a los candidatos. Es inequitativo porque encubre al poder económico que busca influenciar la política pública. Es una amenaza para la integridad porque genera el riesgo de atraer dinero de la corrupción y otras actividades ilícitas. Es ineficiente porque anula el efecto nivelador que se busca con los aportes públicos y porque cuando el dinero se mueve en efectivo, no hay forma de garantizar que los fondos que se donan y se recaudan se destinen a la campaña.
