La provincia más grande del país, Buenos Aires, no cambia de ministro de Economía desde hace cuatro años, aunque hace apenas dos el gobernador Eduardo Duhalde ganó la segunda elección consecutiva del justicialismo en el distrito y reemplazó a Antonio Cafiero.
El hombre del récord en el cenagoso terreno de las cuentas públicas es Jorge Remes Lenicov, quien en 1987 entró al Palacio de Hacienda platense como asesor y, en una borrascosa jornada hiperinflacionaria de junio de 1989, juró como ministro.
La confirmación en el cargo empezó en el mismo momento en que los cuadros políticos presionaban al entonces gobernador Antonio Cafiero para que le facilitara el camino electoral al candidato Duhalde otorgando un aumento de salarios en la provincia. “Si lo hacemos, el presupuesto del ´92 será inmanejable”, los atajó Remes. Lejos de ser ejecutado, el “mensajero de las malas noticias” fue mantenido en su puesto, y así el nuevo gobernador pudo firmar la mejora salarial al año de asumir sin resentir las cuentas.
“Más allá del agradecimiento que siento por la confianza, le encuentro varias ventajas a la continuidad: no poder acusar al pasado exige mucho más. Al gobernador Duhalde nunca pude decirle: “Esto es culpa de Cafiero, porque yo venía de estar con él”, explica Remes.
-¿En qué se hace notar la continuidad?
-El ejercicio de la función me habilita, con derecho, a hablar en gabinete de lo que va a pasar en el ´94. No es lo mismo que cuando uno se apresta a ocupar el ministerio por dos o seis meses como un escalón más dentro de la carrera política. Estamos pensando en programas para el ´95, el ´96 y somos
creíbles. La provincia de Buenos Aires es un país dentro del país. Maneja un presupuesto de $ 6.500 millones. Hay 13 millones de habitantes y 300 mil empleados.
-¿Qué escenario prevé para los próximos tres años?
-Los cambios estructurales de la economía recién empiezan a sentirse a fines del ´91 y en el ´92. En el caso de las provincias, llegó la hora del ajuste o la reestructuración. Pudimos reconstruir los ingresos por campañas que hicimos junto con la DGI para mejorar la recaudación y por el mayor nivel de
actividad. El escenario para el ´93-´94 y ´95, en una economía normal, de un país normal, donde la inflación sea de 5% y el crecimiento del producto 4/5%, requiere un control del gasto público para que no supere el nivel de 6 a 8%. Se seguirá cambiando la política tributaria y entraremos en la etapa de la microeconomía.
– ¿Quién se hace cargo del costo social del ajuste?
– Nosotros aumentamos el gasto social. Este presupuesto es de $ 6.500 millones; el año pasado había sido de $ 5.300, y el anteaño, $ 4.000. A partir de ahora, para el ´94, vamos a estar en estos valores.
-¿La creación de empleos no está incluida dentro de los soportes al ajuste?
– ¿Qué puede hacer la provincia por los empleos? ¿De qué dependen las decisiones del empresario para invertir? Del grado de apertura o de protección de la economía, de la tasa de interés, del tipo de cambio y de los impuestos. En todo esto no tenemos instrumentos, excepto en los tributos, pero a su vez los nuestros tienen una potencia muy inferior a los nacionales, porque dentro de un régimen de producción, el industrial o el productor dicen cuánto es el IVA, cuánto es ganancias, cuánto es capital, cuánto es ingresos brutos. Pero este último apenas representa entre 10% y 15% de la masa impositiva nacional. Entonces, uno sí puede hacer las tareas de gestión, pensar en cambios de
actividades productivas, apoyos tecnológicos, apoyos en organización, pero cuesta, desde las provincias, llevar adelante una clara política de empleos. Esto está determinado por la macroeconomía, que es nacional. Si hay desocupación, el problema social crece, pero sólo podemos poner énfasis en las cuestiones micro, por ejemplo, cómo hacer más eficientes los servicios con la misma cantidad de plata, porque más no va a haber.
-¿Esta división entre micro y macro los inhibe de responsabilidades en la definición del proyecto de país?
-Desde las provincias aún se plantea su participación en las políticas sectoriales. Si tenemos una gran plataforma submarina, cómo participamos de la discusión de la política de pesca. Si tenemos una buena parte de la Pampa Húmeda, cómo lo hacemos con el agro.
-¿Y las inducciones provinciales a bajar el costo argentino o abaratar los créditos?
-Se agotaron en algunos aspectos las inducciones al proceso productivo, porque en el caso de la energía se eliminó el impuesto en el interior y se rebajó en el conurbano. Estos estímulos significaron que dejáramos de percibir $ 70 millones. El año pasado se suprimió el impuesto a los sellos, de las actividades bursátiles y de las operaciones negociables. En el caso del inmobiliario, hemos congelado y reducido para este año en términos nominales el impuesto para el agro. Desde abril del ´91, lo tenemos congelado. En términos de producto, bajó a la mitad. Y ahora trabajamos con la propuesta nacional de sustituir ingresos brutos por ventas. Pero esto llega a un límite.
Paralelamente, el Banco de la Provincia tiene sus líneas de crédito a una tasa activa para las nuevas operaciones de hasta 2%. Hemos incluido en el presupuesto un subsidio para la tasa de interés.
-¿Por qué se oponen a la privatización de Eseba y del Banco de la Provincia de Buenos Aires?
-Hay todavía un tema en discusión con respecto a las privatizaciones. Ya se terminó sobre el gasto social, que se sabe que es provincial. Así como se plantea el tema sectorial, se hace lo mismo con las empresas, porque a nivel de las PyMEs y las microunidades, el Estado nacional no puede hacer políticas agregadas. Esto exige políticas desagregadas y las provincias reclaman una participación, ya que pueden hacer mucho en la tarea de gestión, ayudando a las microempresas y a las PyMEs a salir al exterior para encontrar los mercados, cambiar su forma de organización, etc. Esto no se puede realizar en forma global, donde hay 500 mil unidades, sino a nivel provincial y municipal. El tema de Eseba y del banco están ligados a esto porque no está cerrada la discusión. Caso contrario, en el arbitraje entre la macroeconomía y la microeconomía nos quedamos muy desamparados, porque tenemos el arreglo de los efectos de la reestructuración productiva, pero sin los argumentos para
participar en ella.
-¿Cómo los afecta el actual régimen de coparticipación?
-En 1973 se acordó la primera ley de coparticipación basada en indicadores objetivos, donde Buenos Aires tenía 28% porque vive en su territorio 40% de la población. Perdía 10 puntos para redistribuir.
Vencía a los 10 años, en 1983. Por distintas negociaciones de los gobiernos y por las presiones políticas se distorsionó totalmente esa ley: Buenos Aires pasó a 19%. Con un par de puntos que le sacan se arregla a 15 provincias. Cuando llega Cafiero logra levantarlo a 22%. Con Duhalde se logra el Fondo del Conurbano, que es otro paso más para ir recomponiendo. Pero cuando se pierden 10 puntos y los ganan las otras provincias, en un esquema de estática comparada, para recuperarlos hay que extraérselos a los otros, lo cual cuesta una pelea con 21 provincias. En un sistema de votación, sin la discusión metodológica y de concientización, la votación siempre se pierde.
– ¿Cuáles son las prioridades internas?
-Hay que costear cada servicio que prestamos. Queremos saber cuánto nos cuesta mandar un chico a la escuela, cuánto nos cuesta un enfermo, cuánto un preso, cuánto la seguridad. De lo contrario, nunca podremos calcular la relación costo-beneficio. Ahora entramos en la etapa más importante de las reestructuraciones del Estado a nivel provincial. La que se hizo a nivel nacional fue relativamente fácil porque se transfirieron gastos o problemas a las provincias y se eliminaron cosas. El drama que tenemos en las provincias es que no podemos eliminar así porque sí. Educación, salud, justicia, seguridad, que nos lleva 80%, no pueden dejarse de prestar. Lo que se entra a discutir ahora es el costo de cada uno de esos servicios. Y ahí sí necesitamos la microeconomía y ahí sí tenemos que repotenciarnos con mano de obra calificada.
En los últimos 20 años cada cambio de gobierno barría con las conducciones y todo retrocedía. Había que pensar en el corto plazo cuando lo que debe hacerse es proyectar a largo plazo. Los cuadros intermedios de la administración pública deben ser permanentes, con buena formación.
-¿Por qué en el caso de los ferrocarriles o la educación diferencian su política del resto?
-El caso de Buenos Aires es particular por la dimensión. Con los ferrocarriles, tenemos que una buena parte de la producción sale por esa vía, que transporta pasajeros a través de una red grande. El déficit con que nos vamos a quedar para concesionarlos luego no nos impacta presupuestariamente.
Hablamos de $ 20 millones para este año, contra un presupuesto de $ 6.500 millones. En otras provincias, quizá la participación es mayor. Con las escuelas, el drama es que su transferencia implica 65 mil personas, con regímenes laborales distintos, diseminados en mil y pico de escuelas. Tenemos 200 mil educadores y 8.500 escuelas. Sumarle un tercio a una masa semejante cuando todavía tenemos problemas organizativos nos obliga a diferenciar la política respecto de otras provincias.