La situación previsional presenta un panorama alarmante. Un solo dato, como ejemplo, justifica semejante afirmación: hay más evasores que gente que paga sus aportes.
En un contexto de estabilidad de la tasa de desempleo en un nivel superior a 10% y de creciente informalidad del trabajo, la delicada situación previsional presenta dos aspectos preocupantes. Por un lado, un problema de corto plazo vinculado con las restricciones fiscales por el desfinanciamiento de las cajas jubilatorias. Por el otro, un horizonte de largo plazo en el que más de la mitad de la población podría quedar sin cobertura previsional, lo que representa la amenaza de una situación social explosiva.
Las estadísticas oficiales dan cuenta de esta realidad:
- La evasión previsional estimada alcanza a US$ 12.500 millones por
año. En los últimos cinco años, empleadores y autónomos
dejaron de pagar US$ 60.000 millones, una cifra equivalente a la mitad de
la deuda externa. - Hay más evasores (6,2 millones) que aportantes (5,6 millones).
- Del total de patrones y autónomos (3.338.000) y asalariados (8.567.000),
la evasión alcanza a 74,9% y 44%, respectivamente. - Las cajas jubilatorias tienen serios problemas de financiamiento por la
reducción de los aportes patronales (entre 1994 y 1999 bajaron de 33%
a 17,8%) y el incremento del empleo en negro (se estima un promedio
de 38% entre los asalariados, aunque en algunos sectores, como la construcción,
asciende a 65%). - Si se suman los evasores (42,18%) a los desocupados (13,8%), actualmente
más de 55% de la población económicamente activa está
fuera del sistema previsional.
En el corto plazo, esa situación implica una seria restricción en términos fiscales. Cada vez es mayor el rojo jubilatorio, que se cubre con impuestos y aportes del Tesoro.
En ese contexto, el gobierno firmó una carta de intención con el FMI, que registra las metas fiscales para los próximos dos años y el compromiso de alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas al concluir el año 2003.
Además, en el acuerdo se incluyen algunas recomendaciones vinculadas con el sistema previsional, como la reducción del déficit a través de un aumento de los años de aportes y la reducción de los beneficios de los jubilados futuros. En esta línea se inscribe el polémico proyecto de aumento de la edad jubilatoria de las mujeres o la eliminación o rebaja de la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los pocos instrumentos redistributivos que aún sobrevive en el sistema.
A la vez, la herencia que dejó el gobierno de Carlos Menem en materia previsional incluye no sólo la situación de 200.000 jubilados que esperan cobrar sus sentencias o sus reclamos reconocidos o en trámite (una deuda que supera los US$ 4.000 millones), sino también otra, tal vez más urgente: la de aquellos que completaron los requisitos para jubilarse pero no logran cobrar sus primeros haberes en su nueva condición. De esas 36.000 personas que dejaron de trabajar y no cobran hace más de un año y medio, 25.000 están en el sistema estatal y 11.000 en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
La reforma del sistema previsional de 1994, tampoco condujo a los resultados esperados. En los últimos seis años, al tiempo que se duplicaba la cantidad de afiliados, la relación aportantes/afiliados cayó en picada, de 59,1% en 1994 a 45,7% en 1999. A la vez, tampoco se produjo un proceso competitivo que redundara en una rebaja de las comisiones que cobran las AFJP, que se mantuvieron estables en torno de 30% del total de los aportes.
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