Luego de diez años de aplicación de una política de transformación estructural de la economía, los principales indicadores de la situación social argentina reflejan un panorama preocupante, en cuanto una proporción creciente de la población quedó excluida de los efectos más benéficos de ese cambio.
En ese contexto, el gasto público social (GPS), como instrumento de la política social, adquiere un valor estratégico como herramienta de integración social. La situación actual del GPS está marcada por las tendencias que en esa materia se registraron a lo largo de la década pasada.
Por un lado, se produjo una privatización de hecho de muchos de los servicios que tradicionalmente el Estado prestaba. Tanto en salud, educación, seguridad o previsión social, entre otros rubros, se produjo un fuerte incremento de la participación del sector privado en la prestación de los servicios. Ello generó un esquema en el que el Estado asegura una prestación mínima y el sector privado ofrece opciones de mayor calidad para quienes estén en condiciones de pagarlo.
Por otra parte, a mediados de la década pasada se produjo un proceso de descentralización de funciones y recursos del GPS en áreas como educación, salud y vivienda, lo que generó resultados dispares: una mayor cercanía entre la prestación y la demanda, lo que permite una asignación de los recursos más acorde con las especificidades locales y regionales, a la vez que desnudó la crisis de las economías regionales y determinó nuevas dificultades en materia de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
En este sentido, los principales obstáculos a superar son: definir mejor el esquema de responsabilidades, tanto al nivel central como en la relación con las provincias y los municipios, para evitar la dispersión de los programas y la duplicación de esfuerzos, y avanzar hacia una mayor articulación de las funciones de la política social.
Evolución del GPS
En los últimos años, el gasto público social consolidado, que incluye los tres niveles de gobierno, se mantuvo estable en un nivel cercano a 20% del PBI. Sin embargo, no todos los componentes evolucionaron de la misma forma.
El área más dinámica de los últimos seis años fue Educación, Cultura, y Ciencia y Tecnología, con un incremento de 10%.
Los otros sectores que aumentaron su participación relativa en el total del GPS fueron Agua Potable y Alcantarillado, Vivienda y Urbanismo, y Promoción y Asistencia Social.
En cambio, la evolución para esos años revela que el rubro Previsión Social fue el menos dinámico, mientras Salud y Trabajo tuvieron una leve retracción de su participación en el total del GPS.
En cuanto al GPS por nivel de gobierno, a partir de la descentralización el gasto total se mantuvo establemente repartido entre la Nación (53%), las provincias (40%) y los municipios (7%).
El gasto del gobierno central, que representa algo más de 10% del PBI, está mayoritariamente destinado al pago de jubilaciones y pensiones, mientras una pequeña parte (1% del PBI) está dirigida a la asistencia de los sectores más vulnerables.
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Programación Económica y Regional, del Ministerio de Economía de la Nación, el nivel del GPS per cápita se encuentra por encima del promedio de los países de América latina. Sin embargo, explica el informe, “es conveniente aclarar que los niveles de gasto no siempre guardan relación con los resultados obtenidos ni con la calidad de los servicios. Cuando ello ocurre, podría deberse a falencias institucionales, fragmentación y/o falta de programación, seguimiento y control en la ejecución de los programas”.
En cuanto a la situación del GPS, el informe concluye que “los problemas de la ejecución de los gastos sociales no pasarían tanto por la disponibilidad de recursos, sino por su distribución y utilización”.
Sin embargo, según un estudio del Banco Mundial, el nivel del GPS está lejos de los coeficientes de inversión de los países de mayor desarrollo. En educación, por ejemplo, el gasto público (como porcentaje del PBI) representa menos de la mitad del de países como Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Ucrania y Canadá, y está en un nivel inferior al de México, Marruecos y Paraguay.
Algo similar ocurre con el gasto público en salud. En este caso, la inversión es superior a la de educación, aunque sin reducir significativamente la distancia con los países de mayor desarrollo.
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