Por Cintia Perazo
Patricio Griffin.
Foto: Diego Fasce
La Sindicatura General de la Nación (Sigen), advirtió sobre graves deficiencias en el funcionamiento del organismo encargado de esa tarea, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en sus últimos dos informes referidos a 2004 y a 2005.
Para solucionar la crisis, el INAES lanzó un relevamiento integral del sector que costará cerca de un millón de pesos y permitirá actualizar los datos de la institución, que tienen más de 10 años.
Los críticos sostienen que dos años después de asumir la actual gestión, ya tendría que exhibir mejores resultados. Los defensores sostienen que corregir negligencias y anomalías de más de una década no es cuestión de cantar y bordar. Lo cierto es que el sistema informativo del INAES es un desquicio, a pesar de que tenerlo actualizado es casi la razón exclusiva de su existencia.
En todo caso, y aunque no con la celeridad que hubiera pretendido la Sigen, el proceso de relevamiento y transparencia de los datos se ha puesto en marcha.
Contar con información actualizada y confiable sobre el sector de mutuales y cooperativas es fundamental para la planificación y ejecución de políticas de promoción y desarrollo de la “economía social”. Y muy especialmente para asegurar el contralor de estas organizaciones. Por tal motivo el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con el apoyo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), comenzó el operativo de relevamiento y actualización del padrón de las entidades en todo el ámbito nacional.
El INAES es el organismo que se encarga de promover, registrar y fiscalizar a las cooperativas y mutuales. Es el depositario de la fe pública de estas entidades, es decir, que es el registro que controla la vida de éstas. Su presupuesto –que actualmente es de $50 millones– se alimenta de recursos que aportan las propias mutuales y cooperativas. “Son aportes previstos por leyes del Estado para ser invertidos en la actividad de registro, fiscalización, promoción y desarrollo del movimiento cooperativo y mutual”, explica Patricio Griffin, presidente del organismo.
Por la importancia que tiene este instituto para el sector es fundamental que su base de datos sea completamente veraz. “Cuando asumí este cargo, en agosto de 2004, me encontré con información poco fiable y un parque informático prehistórico. Todo estaba soportado sobre una planilla de Excel, instalada en una PC Pentium I”, recuerda Griffin. Como asegura el funcionario, este organismo, que controla a 32.000 entidades, contaba con información inadecuada y sobre un sistema informático obsoleto. “Fue necesario planificar una actualización informática y ello llevó a un chequeo de la información. Asimismo creemos que es fundamental disponer de datos estadísticos. Pensamos que existen 13 millones de usuarios de cooperativas y mutuales, por eso es necesario contar con información fidedigna para mensurar cuántos usuarios, realmente, se están beneficiando por estas entidades”, detalla el presidente del INAES.
Otro dato fundamental es que según estimaciones oficiales, las cooperativas y mutuales producen 8% del PBI, pero Griffin aclara que tampoco hay certeza en ese dato.
El origen del caos
Cuando al presidente del INAES se le pregunta cómo se llegó a esta instancia, asegura que se debió, fundamentalmente al modelo económico-social anterior. “Las cooperativas no encajaban con el modelo neoliberal del gobierno anterior. Por 20 años se destruyó el control de las mismas. Hubo una maniobra para crear falsas cooperativas y resolver ilusoriamente el conflicto social con seudo cooperativismo. Cuando llegué había sólo dos inspectores para controlar más de 30.000 entidades”, revela Griffin. Según estimaciones del instituto, aproximadamente 5% de las entidades registradas son falsas. “Aunque sean pocas, provocan un desprestigio muy grave para el sector”, sostiene el presidente del INAES.
El censo forma parte de un soporte y de un plan estratégico. Con este relevamiento, que terminará en junio, se busca recoger información y “limpiar el sector”, es decir, eliminar el fraude.
La tarea no es sencilla, actualmente en la Argentina se encuentran registradas 32.000 cooperativas y mutuales, distribuidas en 2.000 localidades y el empadronamiento demanda la visita personal a todas las entidades para solicitar la información adecuada y constatarla. En el operativo trabajan más de 200 personas que recorren todo el país, relevando los datos. Se estima que el costo de este censo tendrá un valor cercano al millón de pesos.
De acuerdo a lo establecido por la Resolución INAES 3517/05, el empadronamiento es de carácter obligatorio. “Es necesario que lo sea para poder dar fe pública con un soporte más serio que el actual –explica Griffin y agrega– “Quienes queden fuera del censo dejarán de existir en el registro. Pero no haremos una persecución policíaca. Dentro de nuestros planes para 2006-2007 tenemos pensado tener presencia territorial para considerar a las nuevas entidades y para consolidar a las tradicionales”.
Entre sus principales proyectos el presidente del INAES destaca que irán por las diferentes localidades brindando capacitación y tutoría a las entidades que estén más débiles. Para ello recurrirán a las cooperativas y mutuales con mayor experiencia, quienes recibirán un subsidio por su colaboración. M
