PISA es una prueba internacional que se toma en 65 países cada 3 años a jóvenes de 15 años de edad con la finalidad de evaluar sus capacidades de lectura, de pensamiento matemático y análisis en ciencias.
Si bien ningún indicador puede sintetizar la multiplicidad de factores que hacen a la formación de una persona, PISA tiene la ventaja de contar con un amplio reconocimiento técnico en el mundo y permite comparar el desempeño de los sistemas educativos a lo largo del tiempo. En la última evaluación realizada en el año 2012, la Argentina ocupó las posiciones entre 58° y 60°, dependiendo de la disciplina, destaca el Instituto de Desarrollo Económico y Social (Idesa), en número 526
Tomando el nivel 2 de la evaluación en capacidades de lectura –que los responsables de la prueba consideran como el umbral mínimo de capacidades para poder desarrollar un futuro con éxito en el mercado laboral– en el 2000 el 44% de los jóvenes argentinos estaba por debajo de este nivel.
En 2009 esta proporción había aumentado al 52% y en 2012 llegó al 54%. Es decir, en los últimos doce años aumentó considerablemente la proporción de jóvenes que no entienden lo que leen.
Desagregando esta misma información por área geográfica del país y tipo de escuela aparece que:
- En la Ciudad de Buenos Aires, el 56% de los alumnos de escuelas estatales no alcanza el nivel 2 de lectura mientras que en las escuelas privadas el 15% no llega.
- En la región pampeana, Cuyo y Patagonia, el 67% de los alumnos de las escuelas estatales no alcanza el nivel 2 y en las escuelas privadas el 26% no llega.
- En el NOA y NEA, el 66% de los alumnos de las escuelas estatales no alcanza el nivel 2 mientras que en las escuelas privadas esta proporción es del 49%.
Estos datos muestran que el proceso de degradación educativa del país es intenso y heterogéneo.
En la Ciudad de Buenos Aires, las familias que pueden pagar una escuela privada –que representan aproximadamente la mitad de la matrícula– obtienen resultados similares a Australia o Dinamarca.
En la región centro, Cuyo y Patagonia, que es muy importante porque aglutina al 70% de la matricula de primaria y secundaria de todo el país, los que pueden pagar una escuela privada obtiene resultados asimilables a Israel o Eslovaquia, pero entre los alumnos que asisten a escuelas públicas dos tercios no desarrollan habilidades en lectura y representan el 69% de la matricula.
Similares bajos resultados se observa en las escuelas publicas del norte del país que representan el 84% de la oferta educativa total de la región y entre las pocas escuelas privadas que funcionan en el norte apenas la mitad de los alumnos supera el nivel 2 de lectura.
Es claro que la degradación educativa es generalizada, pero su ensañamiento es con los segmentos más débiles de la sociedad.
Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires muchas familias acceden a buenos niveles de educación, en las regiones más postergadas estas posibilidades están vedadas incluso para las familias más pudientes.
Resulta paradójico que esta degradación se produzca en un contexto de enorme aumento del gasto público, incluyendo el destinado a educación. Este proceso se viene sosteniendo con un inédito crecimiento de la presión tributaria, que pasó del 21% del PBI en 2000 al 37% en 2012, convirtiendo a la Argentina en el país donde más impuestos se paga dentro de Latinoamérica.
De estos recursos, 6% del PBI se dedican a educación pública lo que coloca a la Argentina también entre los países que más gastan en educación.
Pero los resultados están entre los más bajos de la región. Que los últimos resultados de PISA muestren el histórico retroceso educativo argentino superpuesto a las imágenes de un país disgregado por la violencia no es fruto de la casualidad. Es el resultado de una administración del Estado guiada por una desaforada puja por la apropiación de fondos públicos sin la más mínima consideración por el interés general.
Un ejemplo concreto son los aumentos de salarios públicos con los cuales se está tratando de superar el estado de caos.
Resulta extremadamente sugerente que en una instancia donde se está decidiendo un nuevo sacrificio para la población –que tendrá que pagar más impuestos para financiar el aumento de salarios– no aparezca, ni siquiera como un tema accesorio, la mejora de los servicios estatales.
