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El retorno
a la normalidad también implica ascenso en el nivel de inflación.
El país nunca ha sido barato, cuando se lo mide en valor dólar,
y tampoco lo será ahora. Retorna a sus niveles habituales. Tras
esquivar el abismo, y a pesar de la sustancial devaluación, los
precios apenas se movieron. El temor fue inmenso. Gracias a eso, no ingresamos
en una espiral inflacionaria ni recordamos la ominosa indexación.
Con dos años de notable crecimiento y resuelto –al menos en
lo esencial– el default de la deuda externa, todos los sectores rezagados
intentan recuperar posiciones. Tiene que haber aumento salarial real.
Todo esto era y es previsible. Pero sea porque no avizoran otros temas
relevantes en la agenda nacional, sea porque prefieren agitar visiones
apocalípticas, muchos analistas se concentran en debatir diariamente
sobre la preocupante inflación, su evolución, y los modos
de contenerla.
Hay multitud de vaticinios. Después que el primer trimestre terminó
con un aumento de 4% en el índice inflacionario (8% era la meta
para todo el año) se desató el pandemonium.
Es un tema importante, pero no hay que exagerar. De una parte sabemos
que normalización también significa apreciación cambiaria
–sin llegar a lo que fue la convertibilidad– a pesar de los
esfuerzos oficiales en mantener la tasa de cambio en torno a tres pesos
por dólar.
Lo más probable es que el año termine con un aumento de
9 a 12% en el ritmo de la inflación, superior a la meta oficial,
pero tampoco angustiante. Tradicionalmente el arsenal anti-inflacionario
se nutre de política fiscal, política monetaria y esfuerzos
por controlar el nivel de precios.
La clave parece estar en mecanismos de política fiscal, que deberá
ser muy dura y en lo posible apuntar a obtener un superávit más
alto que el del año pasado. El próximo trimestre será
pródigo en cobranza de impuestos y el consumo será desalentado.
En materia de política monetaria, es poco lo que puede hacerse.
En verdad, quien ayuda es Alan Greenspan, titular de la Reserva Federal
de Estados Unidos. Cada vez que asciende la tasa de referencia en ese
país, logra que ingresen menos capitales financieros y permite
que el proceso de apreciación cambiaria en la Argentina vaya más
lento.
En cuanto a los controles de precios, no es para hacerse ilusiones. Nunca
fue un arma muy efectiva. Lo que no quiere decir que el gobierno deba
intentarlo; algunos resultados pueden lograrse. Pero lo malo no es que
Néstor Kirchner pruebe con el método del garrote y la zanahoria;
lo que sería grave es que pensara que es lo único que puede
hacerse.
¿No hay otro tema que discutir, aparte de la inflación cuyo
debate parece sobredimensionado?
Sin duda, además del tema central del patrón de crecimiento
futuro de la economía nacional, está la relación
con el FMI y la advertencia del ministro de Economía.
Roberto Lavagna ha dicho con claridad meridiana que el país privilegiará
a quienes confiaron en la Argentina. Sin estridencia, anunció que
se cumplirá a rajatabla con los compromisos post-default. Es decir
se honrará la deuda posterior a diciembre de 2001, entre la que
se incluya la que se acaba de renegociar exitosamente.
Curiosamente nadie pareció reparar en las implicancias de este
enunciado. La consecuencia es clara: si el FMI presiona indebidamente
por los US$ 20 mil millones que quedaron fuera del canje –o por aumentar
el superávit destinado a pagar deuda externa, por ejemplo–
no habrá otro camino que ingresar en default con los organismos
multilaterales de crédito y honrar la deuda con los demás
acreedores. Al revés de lo sucedido en 2001.
A nadie conviene que se llegue a este punto y lo sensato es que ambas
partes hagan lo imposible para evitarlo. Pero el anuncio está hecho:
si hay que elegir, se privilegiará a los acreedores post-default.
Y ese no es el caso del FMI.
¿Qué ocurriría en este escenario? Algo sorprendente:
que al día siguiente que el país cesara sus pagos a organismos
internacionales, los títulos de la deuda pública argentina
subirían de valor. ¿Qué podría decir entonces
el vapuleado Fondo?
Es cierto que la situación de los bonistas que quedaron fuera del
canje no podrá mantenerse así indefinidamente. Pero no es
éste el momento de avanzar en esa dirección.
Por dos razones centrales. La primera es que si se reabriera el canje,
tendría que tener una multa, un castigo para los que no aceptaron
la propuesta en primera instancia. No pueden ser tratados de idéntico
modo que los que sí confiaron.
La segunda, es que el país prometió a los que ingresaron
que los recursos que hipotéticamente estaban destinados a los que
no aceptaron la propuesta se utilizarían para recomprar bonos y
así elevar más el valor de los títulos. Si ahora
se reabriera el canje para el restante 24% de bonistas se estaría
rompiendo, simultáneamente, el contrato con 76% que sí aceptó la oferta.
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