Por Alieto Aldo Guadagni (*)
La igualdad de oportunidades educacionales es indispensable para fortalecer esta movilidad intergeneracional. Hoy el capital humano acumulado por la educación se comporta como un activo heredable, porque el nivel educativo de los padres es el determinante principal del nivel educativo de los hijos. Si tenemos en cuenta la historia de nuestra escuela desde la ley 1420, es evidente que ahora vivimos un retroceso en la igualdad de oportunidades para los niños y adolescentes.
La política educacional debe apuntar a una nueva escuela que asegure calidad en el aprendizaje para todos. Sin una buena escuela pública no habrá movilidad social y consolidaremos la exclusión social como una característica negativa de nuestra sociedad.
El principio básico de la justicia social, como sostiene Norberto Bobbio, es la vigencia de la igualdad de oportunidades, más allá de las circunstancias de origen económico, étnico, social o de género. Desigualdad y pobreza impulsan que sean muchos los marginados de los procesos educativos aptos para incorporarlos el nuevo mundo tecnológico, que es la característica de esta época.
Esos muchos son los más pobres, hijos de pobres y que a su vez tendrán también hijos pobres condenados así a la reproducción intergeneracional de la pobreza. Será difícil el crecimiento económico de nuestro país cuando desde el inicio, con esta gran desigualdad se derrocha el principal activo en la era de las nuevas tecnologías: el capital humano.
En esta fase histórica de la globalización es crucial la capacidad de las personas para adquirir, procesar y aplicar conocimientos en un mundo laboral con acelerada transformación de las destrezas. El escenario del trabajo se replantea de manera permanente, ya que para mantener la competitividad no alcanza con la especialización en los saberes presentes, sino que es imprescindible la capacidad de adaptación a una frontera tecnológica en rápida transformación.
Es grave el peligro de una segmentación social, entre quienes se incorporan capacitados a la nueva sociedad tecnológicamente avanzada y quienes quedan excluidos, y por lo tanto marginados de los beneficios del incremento global de la productividad. Esta segmentación laboral amplía la brecha de remuneraciones entre personal calificado y no calificado.
Sin igualdad de oportunidades
Desde hace 20 años el Ministerio de Educación realiza Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), para determinar el nivel de conocimientos de los alumnos primarios y secundarios. Año a año estos relevamientos ponen en evidencia la ausencia de igualdad de oportunidades. Los resultados siempre indican valores superiores para las escuelas privadas urbanas, que superan a los puntajes de las escuelas estatales urbanas, mientras que ambas superan siempre a las escuelas rurales.
Por ejemplo, los resultados del ONE de 2007 exhiben grandes desigualdades en el nivel de conocimientos de matemática de los alumnos del último año secundario. El promedio nacional indica que 44,7% de estos alumnos exhibía un nivel “bajo” de conocimientos. Pero mientras apenas 16,9% de los alumnos de escuelas privadas de La Pampa estaban en este nivel “bajo”, 80,7% de los alumnos de escuelas estatales de Catamarca se ubicaban en ese preocupante nivel.
Las desigualdades regionales son altas, ya que en el NOA y el NEA más de 70% de los alumnos secundarios de escuelas estatales exhiben un nivel “bajo”. El Área Metropolitana de Buenos Aires también nos muestra lo lejos que estamos de la igualdad de oportunidades. Mientras 22,5% de los alumnos de escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires registra un nivel “bajo”, a pocos kilómetros, más del doble de los alumnos de escuelas estatales del conurbano se ubican en ese escalón que abarca a 54,7% del total.
Durante 2010 tuvo lugar el Censo de Finalización de la Escuela Secundaria. No se registran diferencias entre escuelas privadas y estatales, no porque hayan desaparecido, sino porque ahora no las informa este censo. Sería importante que el Ministerio de Educación no presente en el futuro esta información tan agregada, como ha hecho con los datos de 2010. Se está impidiendo tener una visión precisa del mapa no solo provincial, sino también por tipo de gestión escolar, del nivel de conocimientos de los niños y adolescentes que acuden a las escuelas primarias y secundarias.
La información sobre la educación es un bien “público” y por lo tanto debe ser puesta a disposición de la sociedad de la manera más transparente. Las restricciones impuestas al acceso a la información sobre educación son extrañas en el resto del mundo, ya que nuestra Ley de Educación Nacional no permite difundir los resultados por escuela. Esta prohibición no contribuye al mejoramiento de la calidad educativa.
Tan poco razonable es nuestra prohibición que la mayoría de las naciones transita por el sendero opuesto, utilizando esta información por escuela para identificar sus deficiencias y poder así superarlas. La información sobre la situación de cada establecimiento escolar no es un instrumento de “estigmatización” como supone infundadamente nuestra ley, sino que todo lo contrario, permite diseñar iniciativas concretas y eficaces para mejorar la situación de las escuelas con problemas.
La evaluación por escuela es un instrumento para implementar medidas efectivas para mejorarlas, no para tener un simple ranking de los primeros y los últimos. Nuestros niños sin acceso a una educación de calidad no están estigmatizados porque se reconozca esta preocupante realidad, sino porque les estamos cerrando las puertas hacia un futuro mejor.
Las naciones que avanzan y reducen la pobreza, mejorando al mismo tiempo la equidad en la distribución del ingreso, lo hacen siempre fortaleciendo el proceso de acumulación de capital. Pero en esta visión integral del proceso de desarrollo, el capital es algo mucho más importante que la mera acumulación de bienes materiales como máquinas, fabricas, puertos, rutas, oleoductos, centrales eléctricas, trenes, minas, pozos petroleros y edificios. Hay otra forma de capital en este siglo 21 que es más importante que este capital físico: el capital humano acumulado por la población gracias a la educación.
Según un reciente estudio del Banco Mundial (Hamilton y Liu), “el valor del capital humano equivale a cuatro veces el valor del capital físico”. Esto no debería sorprender, ya que hace ya varias décadas que aumenta la escolarización en las naciones que lideran no solo el crecimiento económico, sino también el abatimiento de la pobreza y el avance tecnológico. Esto es notorio en lo que se refiere al ciclo secundario ya que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en las naciones industrializadas 75 % de los mayores de 25 años concluyó la escuela secundaria, mientras que entre nosotros apenas lo hizo 42 de cada 100. Según la OCDE, 83 de cada 100 de los actuales adolescentes en los países industrializados terminarán regularmente la escuela secundaria, mientras que lo harán 83 en Chile y 65 en Brasil, pero apenas 43 en nuestro país.
Obligatoriedad de la secundaria
Un paso positivo se dio en diciembre del 2006, cuando se dictó la ley 26206 que estableció la obligatoriedad de la escuela secundaria; recordemos que la ley 1420 (1884) había dispuesto únicamente la obligatoriedad de la escuela primaria. Ya han transcurrido seis años desde la sanción de esta ley, por eso es útil considerar la evolución de nuestra escuela secundaria en los últimos años. No es alentador observar las cifras sobre la cantidad de egresados anuales de la escuela secundaria, ya que según los anuarios estadísticos del Ministerio de Educación, en el año 2011 concluyeron el ciclo secundario 33.500 alumnos menos que en el año 2003. Esta disminución en la graduación secundaria es importante, ya que llega a 12% y está liderada por la reducción en la graduación correspondiente a las escuelas secundarias estatales, ya que estas gradúan 27.000 alumnos secundarios menos en 2011 que en 2003.
El otro hecho que debe ser destacado es la existencia de una gran desigualdad en el proceso de graduación secundaria, que está vinculada a las diferencias socioeconómicas de las familias de los alumnos. Si bien en las escuelas secundarias privadas hay también alumnos de familias humildes, es evidente que la mayoría de este alumnado corresponde a los estamentos medios y altos de nuestra sociedad.
Lo contrario ocurre con las escuelas secundarias estatales, donde hay un predominio de alumnos de familias más humildes. La desigualdad es muy grande ya que en 2011 por cada 100 alumnos en primer año secundario había 52 egresados en las escuelas privadas, pero esta relación lamentablemente caía a menos de la mitad en el caso de las escuelas estatales, donde por cada 100 ingresantes había apenas 25 graduados. Es decir la deserción en las escuelas estatales es muy superior a la que se registra en las escuelas privadas.
La Ley de Educación fue promulgada en 2006, por lo tanto ya pasaron seis años, lapso para haber concretado una mejora en la graduación secundaria. Si bien existe preocupación en las autoridades educativas por cumplir con esta ley, debemos reconocer que no se llegó aún cerca de la meta de escolarización completa.
Se requieren nuevas acciones efectivas para avanzar hacia la universalización efectiva de la escuela secundaria (es decir con graduación), más allá de las diferencias entre los niveles socioeconómicos de las familias de los alumnos. No hay igualdad de oportunidades en la sociedad del siglo 21 si la mayor parte de los adolescentes, especialmente los más pobres, no concluyen la escuela secundaria, requisito básico para acrecentar el capital humano que, como hemos visto, es cuatro veces más importante que el capital físico.
Cuando Sarmiento dispuso la realización del primer censo en 1869, nada menos que 77% de la población era analfabeta. Pero desde esos años el joven Estado nacional impulsó la educación primaria, declarándola por la ley 1420 en 1884 no solo gratuita sino también obligatoria. Es así como en la tercera década del siglo 20 el analfabetismo en nuestro país ya se había reducido a apenas 15%. En esos años el analfabetismo argentino era el más bajo de América latina, incluso inferior al de países europeos.
En el pasado fue imperioso universalizar la escuela primaria a fin de asegurar la movilidad social en las primeras etapas de nuestra industrialización, pero hoy el mundo del trabajo y la producción es mucho más complejo que el del siglo 20. Por eso a la gente hoy no le alcanza con la escolaridad primaria, ahora es imperioso impulsar el acceso a la graduación en la escuela secundaria de la totalidad de los adolescentes. Esto está siendo entendido en el mundo, por eso se registra un acelerado avance en la escolarización secundaria.
El caso más notable de avance en la escolarización secundaria corresponde a Corea, ya que mientras apenas 45 de cada 100 adultos entre 55 y 64 años han concluido la escuela secundaria, cuando se consideran los más jóvenes (entre 25 y 34 años de edad), esta proporción trepa fuertemente a nada menos que 98. Con una población cada vez mejor preparada por un universalizado sistema educativo, no puede ser una sorpresa constatar como este país viene desde hace décadas registrando un sostenido proceso de desarrollo económico, sustentado en un incremento en la productividad del trabajo.
Según Unesco, hay ya 10 países latinoamericanos que están logrando niveles de graduación secundaria superiores a los nuestros. Aún tenemos mucho que avanzar para cumplir lo que dispuso la Ley Nacional de Educación, cuando estableció la obligatoriedad de la escuela secundaria, pero no estamos avanzando con la rapidez requerida por la velocidad de las transformaciones tecnológicas del mundo globalizado.
Sin educación secundaria universal, la justicia social es una ilusión en el siglo 21, por eso sigue vigente el mensaje de Sarmiento: “Por un convencimiento tácito en unos países, por una declaración explicita y terminante en otros, la educación pública ha quedado constituida en derecho de los gobernados, obligación del Gobierno y necesidad absoluta de la sociedad”.
(*) Alieto Aldo Guadagni es miembro de la Academia Nacional de Educación.
