Resurgió, por primera vez en décadas, el debate en serio sobre cuál es el papel que deben cumplir las fuerzas armadas en nuestro país y qué recursos necesitan para cumplirlo.
Desde hace más de tres décadas, desde la nueva etapa democrática que comenzó en 1983, la pregunta –eludida siempre que fue posible – sobre cuál es el papel que deben desempeñar los militares en la Argentina obtiene siempre la misma respuesta: según la Ley de Defensa Nacional –promulgada en abril de 1988 por el Gobierno de Raúl Alfonsín y reglamentada por Néstor Kirchner en junio de 2006–, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros estados.
Las heridas dejadas por la dictadura militar de los años 70 y su sangrienta historia de desaparecidos, también dejó huella permanente en la memoria colectiva. A punto que el abordaje del tema “¿Qué hacemos con los militares?”, fue cuidadosamente evitado desde entonces por los ciudadanos, pero también por políticos, intelectuales y académicos.
Los militares solamente podían actuar en caso de agresión externa. Pero apenas una década después, la hipótesis parecía ridícula, con el Mercosur y otras organizaciones del sur del continente, funcionando a pleno. A nadie se le ocurrió sugerir seriamente que lo mejor era la desaparición lisa y llana de las Fuerzas Armadas (“no somos Costa Rica”). Pero a los que sugerían nuevas amenazas como el narcotráfico o el terrorismo internacional, se les recordaba con firmeza que nunca más podrían actuar internamente. Excepto en caso de amenaza externa, que cada vez parecía más remota, como agresión de otro país al nuestro.
Así, sin hipótesis de conflicto, y con vocación de ahorro para el presupuesto nacional en el rubro de defensa, las tres ramas armadas se quedaron sin recursos para actualizar su armamento o tan siquiera –como ha quedado demostrado- mantenerlo operativo.
Tal vez ahora venga en serio el debate, en un país cuya extensión es inmensa a escala mundial, con un mar territorial tan vasto, tan poco poblado, y con enorme riqueza de recursos naturales de donde surgen los potenciales conflictos.
26 años después
Como decía Mercado tan temprano como en julio de 1991 –edición 885-, “la reconversión de las Fuerzas Armadas tiene que ver, además de la escasez de recursos financieros, con renunciar a una industria bélica propia, con la cancelación de proyectos de desarrollo misilístico y con una activa participación en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos comienza a revelar su estrategia”.
Todas esas condiciones se cumplieron. Como decía esta publicación hace 26 años, “si se avecina una reconversión integral de nuestro sistema militar será como resultado directo de la política de ajuste, por una parte, y de lo que ha dado en llamarse “el realismo pragmático”, por la otra. Es decir, el reconocimiento de que nuestra política exterior debe aceptar el hecho evidente de que existe un “nuevo orden internacional” donde una megapotencia, Estados Unidos, tiene absoluta hegemonía militar y capacidad de intervención mundial; donde el antiguo conflicto Este Oeste ha desaparecido; y en el que la fortaleza económica de la Europa comunitaria y de Japón se ve condicionada por la única superpotencia que, aun con una economía debilitada, sigue teniendo la voluntad política y el poder fáctico para imponer su visión”.
Había consenso en que “las Fuerzas Armadas no debían intervenir en cuestiones de seguridad interior. Así quedó establecido en la Ley de Defensa sancionada en ese período. Es decir que el único acuerdo logrado fue sobre lo que no debían hacer. Pero el debate de fondo puesto que quedaba en pie la obligación de preservar al país de agresiones externas, que era en definitiva sobre las posibles hipótesis de conflicto que podían derivar del ejercicio de una definida política interna y externa, no fue nunca abordado”.
También en ese momento -los años 90- fue política aceptada la liquidación o privatización de “todas las industrias hasta hoy bajo jurisdicción militar, que arrojan pérdidas de significación. El conglomerado industrial abarca 30 empresas que emplean a 30.000 agentes, en los campos siderúrgico, petroquímico, astilleros y reparaciones, material ferroviario, además de las dedicadas específicamente a producción de equipos bélicos, como TAMSE tanques de guerra, sin mercado interno o externo, y EDESA (Empresa de Desarrollos Espaciales Sociedad Anónima). La liquidación del proyecto Cóndor – agregaba entonces Mercado- se debe sin duda a una exigencia explícita de Estados Unidos, empeñado en impedir la difusión de tecnología misilística en países en desarrollo”.
Cambios en el contexto global
Todo el escenario había cambiado cuando volvimos a incursionar en el tema. Fue en abril de 2013, hace cuatro años (edición 1141). Ya no había más un mundo unipolar, como ocurrió luego del final de la Guerra Fría. Ahora era un mundo multipolar, donde el surgimiento de China tanto en lo económico como en el plano militar, era la gran novedad.
El debate seguía inexistente. En el mundo académico, el único que se animaba a visitar el tema, se seguía insistiendo –lo que es absolutamente correcto- en los inconvenientes de involucrar a las fuerzas militares en tareas de seguridad interior.
Tras los cimientos puestos por el gobierno de Raúl Alfonsín, la segunda etapa, que se extendió a lo largo de la década de los 90, se caracterizó por los profundos ajustes inspirados en políticas llamadas neoliberales –entonces en boga– del Gobierno de Carlos Menem, dando lugar a un agudo deterioro del funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, sumado a la severa reducción del presupuesto militar, el Gobierno “dictó una serie de medidas que disminuyeron el protagonismo de las Fuerzas Armadas en el sistema político y la economía argentina, y devolvió al estamento armado la esencia de su existencia: la defensa de la Argentina como nación”, en palabras de Juan Carlos Garzón Vergara, politólogo de la Universidad Javeriana, Colombia, en un texto publicado en 2012 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), sobre el papel de las fuerzas armadas en América latina. Tras la prolongada crisis económica que se extendió entre 1998 y 2003, tuvo inicio la tercera etapa del proceso de transformaciones.
El proyecto de Modernización del Sistema de Defensa, puesto en marcha en 2006, mediante el cual los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner abordaron la reconstrucción de la relación entre la población civil y los militares a partir de la definición de un nuevo rol de las Fuerzas Armadas, que les permitiera ser reconocidas como asociadas a un proyecto de nación en el que cumplen una función de protección externa y asistencia interna.
Cabe destacar que en el marco de la transformación volvió a tener lugar la consideración de la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra las nuevas amenazas. Se trata, sin embargo, de una misión “en cierta forma restringida”, según Garzón Vergara, “dado que explícitamente se limita el uso de las Fuerzas Armadas a operaciones logísticas, de ingenieros y de comunicaciones, de manera subsidiaria ante la autoridad policial encargada de la situación”.
Esa autorización limitada, añade el académico, solo podría evolucionar hacia una acción integral como resultado de la emergencia de una situación que signifique una amenaza para la existencia del Estado y que el sistema de seguridad interior no esté capacitado para resolver. Amparada en esa medida, por ejemplo, la presidenta Cristina Kirchner dispuso en julio de 2011 que los militares colaborasen en la lucha contra el narcotráfico en el norte del país –en el marco del operativo Escudo Norte, un sistema de radares del Ejército para detectar vuelos ilegales–, como apoyo logístico a las fuerzas policiales.
Militares poco ocupados
Decía entonces Mercado en 2013: “Hay, sin embargo, quienes se preguntan en que deberían ocupar su tiempo y potencial los militares latinoamericanos en la actualidad, habida cuenta de la ausencia de hipótesis de conflicto bélico y la estrechez de los lazos con los países vecinos en casi toda la región. “Uno de los problemas que tenemos en algunos países es que las Fuerzas Armadas están en busca de una misión, ya que la vieja idea de defender las fronteras de ataques externos no tiene mucho sentido. Eso es algo muy positivo, pero al mismo tiempo tienen lugar nuevos desafíos, los desafíos transnacionales”, opina Wolf Grabendorff, experto alemán en asuntos de seguridad en América latina, que reside en Ecuador.
A lo que añade: “El enemigo ya no está al otro lado de la frontera, pero está en la esquina, porque son los que negocian las drogas, los tipos que manejan el tráfico de personas y armas, la trata de blancas. Todo eso representa nuevos desafíos y depende de la constitución de cada país”.
“La gran discusión que tenemos hoy en la región es, frente a los nuevos desafíos transnacionales, cuál sería la división del trabajo entre policías y militares”, sostiene”. La ausencia de hipótesis de conflictos bélicos y la imposibilidad legal de las Fuerzas Armadas en involucrarse en asuntos de seguridad interior, en opinión de numerosos especialistas, no significa que los militares de esta parte del mundo deban quedarse de brazos cruzados a esperar la aparición de nuevas amenazas de origen externo.
“Hay en la actualidad una revalorización del espacio territorial sudamericano, a partir de un cambio de signo de la economía global, donde los recursos naturales y los espacios abiertos adquieren una gran significación”. “Así se destaca la relevancia de la Amazonia y la Patagonia, al norte y al sur del subcontinente, respectivamente, “espacios vacíos y ricos en recursos naturales que podrían convertirse en atractivo de ambiciones internacionales, no necesariamente pensando en términos de intervención u ocupación militar, pero sí en términos de presión y distintas formas de apropiación de esos recursos”. Así, la integración de las fuerzas militares en la región debe concentrarse en el cuidado de esos espacios, en las vulnerabilidades que esos territorios presentan”.
“Se estima que si un país destina más de 60% del gasto militar al pago de salarios –incluyendo a los retirados y civiles que trabajan en el sector–, tiene escasa o nula capacidad operativa”. “La Argentina, sin embargo, con una nómina que asciende a unos 104.000 miembros, destina alrededor de 80% del total de sus gastos militares al pago de salarios. En comparación, los países de la OTAN ubican ese apartado del presupuesto en la franja ubicada entre 40 y 60%. España y Canadá, por ejemplo, se encuentran dentro de esos niveles. Estados Unidos, en cambio, destina apenas menos de 35% de sus gastos militares a los costos laborales. es muy elevado y aumenta cada año”, añade.
“La edad promedio de la flota de guerra argentina, en 2013, es de 40 años, bastante lejos de los 15 años en promedio que se recomiendan”.
En definitiva, tras tantas décadas esquivando la pregunta de fondo, la nueva y dramática circunstancia podría ser el detonador para que la sociedad civil resuelva este interrogante pendiente: ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas?
