Celulares: el Gobierno oficializó la suspensión
Las cinco operadoras de telefonía celular del país discuten la forma de recurrir a la Justicia por las medidas del Ejecutivo de suspender el sistema pague por llamar (CPP).
El gobierno nacional oficializó hoy (lunes 7) la suspensión de las modificaciones en los planes que establecieron las empresas de telefonía móvil, a partir de la aplicación del régimen “el que llama paga” entre teléfonos celulares, hasta tanto no se realice una revisión a fondo de los cambios previstos.
La medida de la Secretaría de Comunicaciones fue publicada hoy en el Boletín Oficial, por medio de la resolución 122, la cual según las autoridades de Infraestructura tiene en cuenta la necesidad de cumplir con la normativa legal vigente que plantean la defensa de los intereses de los consumidores.
Sin embargo, la decisión de suspender la implementación del CPP (Calling Party Pays) incomodó a las empresas del sector, que luego de manifestar su desacuerdo con la decisión gubernamental, no descartan la posibilidad de realizar una presentación administrativa y ante la Justicia.
Aguiar afirmó que espera “madurez” y “autorregulación” por parte de las empresas de telefonía celular, luego de que el organismo oficial debió intervenir en el sector para evitar que los usuarios fueran, de acuerdo al Gobierno, engañados por las operadoras.
En declaraciones publicadas hoy (lunes 7) por La Nación, el funcionario expresó que espera que “el mercado avance con responsabilidad y madurez hacia la autorregulación, porque las intervenciones de la autoridad regulatoria no pueden ser discriminatorias”.
Con la Resolución, Aguiar dejó sin efecto la suba de precios a la mitad, en algunos casos, e instruyó a la Comisión Nacional de Comunicaciones a que imponga las sanciones económicas correspondientes.
La Secretaría de Comunicaciones (SeCom) le ordenó a Telecom Personal, Nextel, CTI Móvil, Unifón (Telefónica) y a Movicom Bell South que le envíen sus planes comerciales hasta el 1 de mayo y los cambios que hizo cada una de las firmas.
Aguiar recordó que en lo que va de la desregulación del mercado de telecomunicaciones es la tercera ocasión que la autoridad regulatoria del sector debe intervenir para corregir, aclarar o profundizar la norma vigente.
Cabe recordar que la modalidad CPP fijaba una tarifa a pagar por los usuarios de, sin contar con el tiempo en el aire, $ 28 centavos por minuto en hora pico y $ 20 centavos en los demás horarios; además de establecer una cifra que iría de los 20 a los 31 centavos para las llamadas desde un teléfono fijo a uno móvil.
La primera intervención del Ejecutivo se produjo cuando se modificaron las condiciones para la presuscripción de operadores de larga distancia, que incluyó la obligatoriedad de ser el titular de la línea telefónica para decidir el cambio de un prestador a otro.
La segunda intervención fue cuando se denunciaron las acciones inmediatas de marketing sobre los clientes que no aceptaban el cambio de prestador, en un caso conocido como “escuchas telefónicas”.
“Necesitamos implementar las normas cada vez más cerca”, reconoció el funcionario según La Nación, para luego expresar que “pensamos que las recomendaciones iban a ser escuchadas…, pero no ocurrió así”.
La poca transparencia en la información de las empresas hacia los clientes hacia que, para Aguiar, se acusara al Gobierno de una medida unilateral que en realidad provenía de las operadoras.
Esto motivó a que “la secretaría, por primera vez y a título excepcional, va a revisar los planes antes de que sean propuestos a los cliente, en un mercado que ha sido y deberá seguir siendo libre y competitivo”.
No obstante, Aguiar se preocupó de resaltar que “no se trata de la inviabilidad del sistema, que ya está probado en otros países, lo que falló aquí fue la utilización de la herramienta por parte de los actores”.
El funcionario dijo que cabría la posibilidad de girar el expediente a la Secretaría de Defensa al Consumidor.
Aguiar señaló que en las reuniones previas a la aplicación de la nueva modalidad “quedó en claro con las operadoras que la modificación no debía tener impacto para la gran mayoría de los clientes”.
“No iba a haber aumentos, sino un reequilibrio de los valores de la facturación. Sólo algunos casos excepcionales iban a tener un impacto mínimo del CPP y los propios planes de las empresas iban a tratar de bonificarlo”, agregó el funcionario.
Pese a que, para Aguiar, no todas las telcos tienen igual responsabilidad, el Ejecutivo no podía resolver medidas discriminatorias.
Los clientes, por su parte, deberán continuar pagando sus tarifas de acuerdo con los contratos y facturas vigentes al 30 de abril, aunque para llamar desde un teléfono móvil a otro tendrán que marcar antes el prefijo 15.
El gobierno nacional oficializó hoy (lunes 7) la suspensión de las modificaciones en los planes que establecieron las empresas de telefonía móvil, a partir de la aplicación del régimen “el que llama paga” entre teléfonos celulares, hasta tanto no se realice una revisión a fondo de los cambios previstos.
La medida de la Secretaría de Comunicaciones fue publicada hoy en el Boletín Oficial, por medio de la resolución 122, la cual según las autoridades de Infraestructura tiene en cuenta la necesidad de cumplir con la normativa legal vigente que plantean la defensa de los intereses de los consumidores.
Sin embargo, la decisión de suspender la implementación del CPP (Calling Party Pays) incomodó a las empresas del sector, que luego de manifestar su desacuerdo con la decisión gubernamental, no descartan la posibilidad de realizar una presentación administrativa y ante la Justicia.
Aguiar afirmó que espera “madurez” y “autorregulación” por parte de las empresas de telefonía celular, luego de que el organismo oficial debió intervenir en el sector para evitar que los usuarios fueran, de acuerdo al Gobierno, engañados por las operadoras.
En declaraciones publicadas hoy (lunes 7) por La Nación, el funcionario expresó que espera que “el mercado avance con responsabilidad y madurez hacia la autorregulación, porque las intervenciones de la autoridad regulatoria no pueden ser discriminatorias”.
Con la Resolución, Aguiar dejó sin efecto la suba de precios a la mitad, en algunos casos, e instruyó a la Comisión Nacional de Comunicaciones a que imponga las sanciones económicas correspondientes.
La Secretaría de Comunicaciones (SeCom) le ordenó a Telecom Personal, Nextel, CTI Móvil, Unifón (Telefónica) y a Movicom Bell South que le envíen sus planes comerciales hasta el 1 de mayo y los cambios que hizo cada una de las firmas.
Aguiar recordó que en lo que va de la desregulación del mercado de telecomunicaciones es la tercera ocasión que la autoridad regulatoria del sector debe intervenir para corregir, aclarar o profundizar la norma vigente.
Cabe recordar que la modalidad CPP fijaba una tarifa a pagar por los usuarios de, sin contar con el tiempo en el aire, $ 28 centavos por minuto en hora pico y $ 20 centavos en los demás horarios; además de establecer una cifra que iría de los 20 a los 31 centavos para las llamadas desde un teléfono fijo a uno móvil.
La primera intervención del Ejecutivo se produjo cuando se modificaron las condiciones para la presuscripción de operadores de larga distancia, que incluyó la obligatoriedad de ser el titular de la línea telefónica para decidir el cambio de un prestador a otro.
La segunda intervención fue cuando se denunciaron las acciones inmediatas de marketing sobre los clientes que no aceptaban el cambio de prestador, en un caso conocido como “escuchas telefónicas”.
“Necesitamos implementar las normas cada vez más cerca”, reconoció el funcionario según La Nación, para luego expresar que “pensamos que las recomendaciones iban a ser escuchadas…, pero no ocurrió así”.
La poca transparencia en la información de las empresas hacia los clientes hacia que, para Aguiar, se acusara al Gobierno de una medida unilateral que en realidad provenía de las operadoras.
Esto motivó a que “la secretaría, por primera vez y a título excepcional, va a revisar los planes antes de que sean propuestos a los cliente, en un mercado que ha sido y deberá seguir siendo libre y competitivo”.
No obstante, Aguiar se preocupó de resaltar que “no se trata de la inviabilidad del sistema, que ya está probado en otros países, lo que falló aquí fue la utilización de la herramienta por parte de los actores”.
El funcionario dijo que cabría la posibilidad de girar el expediente a la Secretaría de Defensa al Consumidor.
Aguiar señaló que en las reuniones previas a la aplicación de la nueva modalidad “quedó en claro con las operadoras que la modificación no debía tener impacto para la gran mayoría de los clientes”.
“No iba a haber aumentos, sino un reequilibrio de los valores de la facturación. Sólo algunos casos excepcionales iban a tener un impacto mínimo del CPP y los propios planes de las empresas iban a tratar de bonificarlo”, agregó el funcionario.
Pese a que, para Aguiar, no todas las telcos tienen igual responsabilidad, el Ejecutivo no podía resolver medidas discriminatorias.
Los clientes, por su parte, deberán continuar pagando sus tarifas de acuerdo con los contratos y facturas vigentes al 30 de abril, aunque para llamar desde un teléfono móvil a otro tendrán que marcar antes el prefijo 15.
