El Senado de EE.UU. acerca a las criptomonedas al sistema financiero
La comisión bancaria aprobó el proyecto Clarity Act, que busca definir qué activos digitales quedan bajo la órbita de la SEC y cuáles bajo la CFTC. La norma puede acelerar la institucionalización del mercado cripto, pero abre tensiones con bancos, reguladores y organismos antilavado.

El mercado de activos digitales dio un paso relevante en Washington. El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos aprobó el 14 de mayo, por 15 votos contra 9, el proyecto Digital Asset Market Clarity Act of 2025, conocido como Clarity Act, y lo envió al pleno del Senado. La iniciativa busca establecer reglas federales para las criptomonedas, después de años de disputas regulatorias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), los bancos y la industria cripto.
Una ley para ordenar el mercado
El eje del proyecto es definir cuándo un activo digital debe ser tratado como valor negociable, cuándo como materia prima digital y cuándo como un activo auxiliar asociado a una red descentralizada. Esa distinción es clave: determina qué regulador interviene, qué información deben publicar los emisores y qué obligaciones tienen las plataformas de negociación.
Según el resumen oficial del comité, el texto crea una “Regulation Crypto” que permitiría a empresas del sector levantar hasta US$ 50 millones por año, durante un máximo de cuatro años, bajo un régimen de divulgación menos exigente que el de una oferta pública tradicional. También impone límites a la venta de activos por parte de personas vinculadas al emisor, con el objetivo de reducir riesgos de manipulación o uso de información privilegiada.
Para el sistema financiero internacional, la señal es significativa. Estados Unidos intenta pasar de una etapa de regulación por litigio a un marco legislativo explícito. Si avanza, el proyecto podría convertirse en una referencia para otros mercados, del mismo modo en que las normas estadounidenses sobre valores, lavado de dinero y protección al inversor suelen influir en estándares globales.
El punto sensible: bancos y monedas estables
Uno de los puntos más debatidos es el tratamiento de las monedas estables, activos digitales diseñados para mantener paridad con una moneda fiduciaria, en general el dólar. Reuters informó que los bancos cuestionan una cláusula que permitiría a compañías cripto ofrecer recompensas vinculadas a ciertas operaciones con monedas estables, por considerar que puede erosionar depósitos del sistema bancario tradicional.
La tensión es estructural. Si las monedas estables se consolidan como instrumentos de pago y reserva de liquidez, podrían competir con cuentas bancarias transaccionales, fondos monetarios y productos de corto plazo. Para las entidades financieras, el riesgo no es sólo comercial: una migración de saldos hacia plataformas cripto modificaría la base de fondeo de bancos pequeños y medianos.
El proyecto también incorpora obligaciones antilavado. El resumen oficial indica que corredores, operadores y bolsas de materias primas digitales serían tratados como instituciones financieras bajo la Bank Secrecy Act, con programas de prevención de lavado, identificación de clientes y debida diligencia.
La disputa política y regulatoria
La aprobación no implica que la ley esté sancionada. El texto todavía debe pasar por el pleno del Senado y coordinarse con otras iniciativas legislativas. Además, el apoyo bipartidista fue parcial. Según Reuters, todos los republicanos del comité votaron a favor, junto con los demócratas Ruben Gallego y Angela Alsobrooks, aunque ambos podrían revisar su posición en el recinto si no prosperan cambios durante la negociación.
La senadora Elizabeth Warren, principal demócrata del comité, sostuvo que el proyecto no está “listo” y advirtió que podría debilitar normas de protección al inversor, facilitar la evasión de controles sobre finanzas ilícitas y aumentar los riesgos para el sistema financiero. También cuestionó que no se aceptaran varias enmiendas vinculadas a lavado de dinero y protección de bancos comunitarios.
La industria cripto, en cambio, interpreta el avance como un cambio de escala. La claridad jurídica reduciría la incertidumbre para emisores, plataformas de intercambio, custodios, fondos de inversión y bancos con negocios vinculados a activos digitales. También podría acelerar la tokenización de activos financieros tradicionales, aunque el texto aclara que un valor tokenizado no deja de estar sujeto a las leyes de valores por el solo hecho de circular en una cadena de bloques.
Un mercado más institucional, pero más vigilado
Para el mercado cripto, la consecuencia probable sería una mayor institucionalización. Las plataformas con capacidad de cumplir requisitos de capital, custodia, ciberseguridad, divulgación y prevención de lavado quedarían mejor posicionadas. En cambio, proyectos pequeños, protocolos de finanzas descentralizadas y emisores con estructuras opacas podrían enfrentar costos más altos o restricciones de acceso al mercado estadounidense.
El proyecto también prevé estudios y estándares sobre ciberseguridad, contratos inteligentes, custodia, administración de claves y preparación frente a la criptografía poscuántica, de acuerdo con el resumen oficial. Esa agenda muestra que la regulación no se limita a clasificar tokens: busca integrar la infraestructura cripto dentro del perímetro de estabilidad financiera, seguridad nacional y supervisión tecnológica.
El impacto internacional dependerá de la versión final. Si la norma se aprueba, Estados Unidos podría atraer más actividad cripto regulada y reforzar el papel del dólar en los mercados digitales mediante monedas estables. Pero también podría aumentar la presión sobre otras jurisdicciones para armonizar estándares antilavado, custodia y supervisión de plataformas.
La próxima instancia será el debate en el Senado. Allí se definirá si el Clarity Act se convierte en el primer marco integral estadounidense para activos digitales o si queda como otro intento legislativo en un sector donde la innovación avanzó más rápido que la arquitectura regulatoria.
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