Cuando el imperio recuerda que tiene patio: Lula, Trump y la geometría rota del Sur
Hay un instante, antes de que las cámaras se enciendan en el Despacho Oval, en que dos hombres viejos —Trump tiene setenta y nueve años, Lula ochenta— se observan como si midieran la distancia entre sus respectivos abismos. No es un saludo: es un cálculo. Cada uno carga sobre los hombros la historia entera de sus repúblicas, y sin embargo lo que define el encuentro del 7 de mayo en Washington no es el peso del pasado sino la liviandad inesperada con la que ambos eligen, por una vez, no derribarse mutuamente. Tres horas duró la reunión —prevista para apenas hora y veinte— y el comunicado posterior, redactado en el idioma anodino de las cancillerías, deja una sensación que conviene examinar con calma: el imperio sonríe, pero la sonrisa, como en todo Trump, es la antesala de una factura.

Conviene volver atrás, porque la fotografía aislada engaña. En julio de 2025, Trump le había enviado a Lula una carta que cualquier lector razonable habría tomado por un acto de guerra económica: un arancel del 50% sobre todos los productos brasileños, fundamentado no en variables comerciales sino en lo que el presidente norteamericano llamó “una cacería de brujas” contra Jair Bolsonaro.
El gesto era, en términos westfalianos, una intervención abierta en la soberanía judicial brasileña. La Casa Blanca acusó al juez Alexandre de Moraes —el mismo que había bloqueado X y congelado las cuentas de Starlink en 2024— de “abusar de su autoridad judicial” y le revocó la visa a él y a sus familiares. Trump no negociaba aranceles: pedía la cabeza de un juez y la libertad de un aliado político. Como ha escrito Joseph Nye respecto del poder duro y blando, hay un momento en que el primero descarta toda mediación y se vuelve simplemente coerción.
Y sin embargo, el 25 de noviembre de 2025 el Supremo Tribunal Federal confirmó la condena: Bolsonaro debe cumplir veintisiete años y tres meses de prisión por liderar una organización criminal que conspiró contra la democracia brasileña. Inició su pena en una celda de doce metros cuadrados en la sede de la Policía Federal, hoy convertida en prisión domiciliaria por motivos de salud. La justicia brasileña, en suma, no se dejó comprar. Lo que el lector debe registrar no es solo el dato judicial: es la magnitud política del acto. Una corte sudamericana resistió la presión arancelaria del Tesoro de Estados Unidos. Hay en eso, queramos verlo o no, una forma incómoda de soberanía que ya casi no se practica en el hemisferio.
La sombra de Pekín sobre el Atlántico Sur
Pero el ajedrez no se juega en dos casillas. Mientras Trump amenazaba con aranceles, Xi Jinping levantaba el teléfono. En agosto de 2025, en plena guerra comercial, los líderes chino y brasileño conversaron casi una hora; en mayo de ese mismo año, Lula había firmado en Pekín acuerdos por veintisiete mil millones de dólares en inversiones chinas en Brasil. China es desde 2009 el principal socio comercial brasileño —desplazó a Estados Unidos en aquel año decisivo— y en 2023 el comercio bilateral alcanzó ciento cincuenta y siete mil millones de dólares, con un superávit brasileño inédito de cincuenta y un mil millones. Brasil le vende más a China, en pocas palabras, que a Estados Unidos y la Unión Europea sumados.
Aquí aparece la lógica profunda del encuentro del 7 de mayo. Trump no recibió a Lula porque hubiera cambiado de opinión sobre Bolsonaro, ni porque le importe la suerte política del PT en las elecciones de octubre —donde Lula empata con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente preso, y donde la Casa Blanca apoya públicamente al candidato derechista. Trump lo recibió porque la geografía pesa más que la ideología, y porque Brasil tiene tierras raras, minerales críticos, soja, hierro, y una clase política capaz de seguir conversando con Pekín mientras almuerza en Washington. Henry Kissinger lo había anticipado con su crudeza habitual: en el sistema internacional, los Estados que conservan opcionalidad estratégica conservan margen de maniobra. Brasil, aún en su crisis, mantiene esa opcionalidad. La ausencia de Marco Rubio en la reunión —una baja sintomática, según las fuentes diplomáticas brasileñas— terminó facilitando el clima distendido.
El telón de fondo lo aporta la sombra de Starlink y de Musk. La pelea de 2024 entre el magnate sudafricano-norteamericano y el juez de Moraes —cuando Brasil suspendió X durante semanas y congeló dieciocho millones de reales de las cuentas brasileñas de Starlink, considerándola “grupo económico de hecho” junto con la red social— prefiguró todo lo que vino después. Musk amenazó entonces con confiscar bienes brasileños en Estados Unidos. La Amazonía Legal, con Starlink instalada en el 90% de sus municipios, se había vuelto en pocos años una infraestructura crítica de conectividad. Es decir: la disputa por la soberanía digital, la judicialización del expresidente y los aranceles trumpistas son tres capítulos de la misma novela. Y la novela se llama, con perdón de la solemnidad, la disputa por el corazón geoestratégico de América del Sur.
El espejo argentino: dos modos de habitar el mundo
Conviene, ahora, mirar hacia el sur del río Uruguay. Desde que Javier Milei asumió en diciembre de 2023, la política exterior argentina ha completado un giro que el historiador Tulio Halperín Donghi —si pudiera leerlo— quizá habría descrito como la liquidación del realismo periférico. El acuerdo comercial bilateral firmado en Washington por el canciller Pablo Quirno en noviembre de 2025, las votaciones argentinas en la ONU contra el informe anual de la Corte Penal Internacional, el rechazo a sumarse en la CELAC a la condena regional contra la intervención militar estadounidense en Venezuela, la coordinación en organismos multilaterales que lidera —según el propio presidente— un “bloque de diez países” contra “el cáncer del socialismo del siglo XXI”, componen un cuadro inequívoco: la Argentina ha elegido la fusión.
Brasil, en cambio, ha elegido la fricción administrada. Lula negocia, gestiona, condena públicamente la operación contra Maduro pero acepta el almuerzo en Washington; cuestiona las presiones contra Cuba pero acuerda cooperar en el combate al narcotráfico transnacional; firma con China veintisiete mil millones pero deja que sus ministros le pidan a Estados Unidos prórrogas en disputas tan técnicas como la moratoria sobre transmisiones electrónicas en la OMC. Es la vieja escuela diplomática brasileña que va de Rio Branco a Celso Amorim: pivote, multilateralismo, autonomía relacional. Argentina abandonó esa gramática; Brasil sigue conjugándola.
Los efectos prácticos comienzan a verse. El acuerdo bilateral argentino-estadounidense abre el mercado a diez mil automóviles y autopartes a arancel cero, una concesión que el experto en comercio exterior Miguel Ponce ha señalado como un golpe directo a las exportaciones argentinas con valor agregado hacia Brasil —el 80% de las manufacturas industriales argentinas tienen ese destino. Mientras Lula consigue que sus equipos vuelvan a sentarse con Trump en treinta días para renegociar el 50%, Milei firma un acuerdo que el Congreso argentino aún debe ratificar y que tensa el Mercosur sin la contraparte de un Mercosur-EE.UU. equivalente al Mercosur-Unión Europea o al Mercosur-China que Itamaraty persigue. La paradoja queda servida: el alineamiento incondicional argentino debilita, no fortalece, la capacidad negociadora del país en los foros donde se redactan las reglas del comercio global. Como dijo Lula en su rueda de prensa de la embajada brasileña en Washington, “la buena relación es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo”. Argentina, en este esquema, ni siquiera es invitada al diálogo: es asumida.
La factura todavía no llegó
La delegación brasileña salió de Washington, según fuentes que cita La Nación, en un estado cercano a la euforia. Una fuente cercana a Lula la atemperó con una expresión bíblica: “Estén atentos y oren”. El consejo es prudente. No se firmaron acuerdos formales; los aranceles siguen vigentes; Trump no ha desistido de considerar al Comando Vermelho y al Primer Comando da Capital como organizaciones terroristas —una calificación que abriría la puerta a operaciones unilaterales en suelo brasileño semejantes a las del Caribe. Y la elección de octubre de 2026 pondrá frente a frente a Lula, si finalmente compite, y a Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente preso, en una contienda donde la Casa Blanca ya tomó partido.
Lo que la reunión del 7 de mayo dejó en claro no es un reordenamiento sino una pausa. Una pausa que permite a Lula respirar en su frente interno —el Congreso le acaba de anular un veto y allanó la reducción de la condena de Bolsonaro— y a Trump consolidar su narrativa de gran negociador frente a un líder progresista al que ha sabido domesticar sin doblegar. Pero la pregunta verdadera, la que ningún comunicado responde, es otra: ¿puede el orden interamericano sobrevivir a una doctrina —la que Trump ensaya con Venezuela, con México, con Colombia— en la que el uso de la fuerza y la diplomacia son partes indistintas de un mismo esquema ofensivo? Y, más concretamente: ¿puede Brasil seguir jugando entre dos potencias mientras Argentina elige solo una, sin que el Cono Sur termine partido en dos bloques diplomáticos irreconciliables?
Como decía Octavio Paz, los imperios no negocian: imponen condiciones que llaman acuerdos. La cuestión, entonces, es saber cuánto tiempo más Brasil podrá llamar acuerdo a lo que el resto del continente —y, sobre todo, esa Argentina que ha dejado de fingir autonomía— ya empieza a aceptar como sumisión.
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