Los cambios tecnológicos se aceleran en los últimos años y sus resultados ya están a la vista. Las evidencias indican que son muchas las naciones donde rápidamente se están eliminando empleos no calificados y, al mismo tiempo, aumentando la demanda por trabajadores con mayor escolarización.
Este proceso de creación y también destrucción de empleo es una característica central del desarrollo económico en este siglo de la ciencia y la tecnología.
El avance económico de una nación hoy no depende principalmente de la existencia de recursos naturales, sino del nivel de calificación de su fuerza laboral. La educación inclusiva y de calidad ayuda a abatir la pobreza y también a potenciar el crecimiento económico. La calidad de la educación determina básicos de la productividad y del ingreso laboral; de todos los que dependen de su trabajo para subsistir.
Sin educación de calidad para todos, la justicia social es una ilusión, porque la educación es un factor importante desde el punto de vista económico y también del social. Un alto nivel educativo no asegura automáticamente un buen empleo, pero un bajo nivel garantiza un mal empleo o bien la desocupación estructural agudizada por los acelerados avances tecnológicos. El nivel educativo es esencial para determinar el ritmo de crecimiento del empleo y del futuro nivel de vida de la población; por eso los planes sociales deben fortalecer la escolarización de los beneficiados.
Son importantes las nuevas tecnologías educativas, pero no olvidemos que tenemos que cumplir las leyes vigentes. Comencemos por la Ley 25864 (2003) que estableció un calendario escolar obligatorio de 180 días, norma que hemos incumplido; por eso nuestro calendario escolar anual real no llega a los 170 días. En Israel son 219; en Japón 201; en Cuba, Colombia, Brasil, México y Costa Rica, 200.
Es hora de cumplir la Ley 26206 (2006) que estableció la obligatoriedad de la jornada escolar extendida; sin embargo gozan de los beneficios de esta jornada apenas 14 de cada 100 niños, con desigualdad entre las provincias; por ejemplo en Córdoba esta magnitud llega a la mitad de los niños en escuelas primarias estatales, mientras en el Conurbano esta cifra cae a 6,3. No es un problema de recursos provinciales, porque esta asistencia a escuelas de doble jornada no supera el 3 por ciento en Neuquén, que es la provincia argentina con los mayores recursos fiscales por habitante aportados por la coparticipación federal de impuestos y las regalías por los hidrocarburos.
También es necesario cumplir la Ley 26206 (2006) que estableció la obligatoriedad del ciclo secundario, pero que de cada 100 niños que ingresan al primer grado primario están concluyendo normalmente el ciclo secundario apenas 42. Y es grande la desigualdad entre las escuelas, ya que esta magnitud desciende a 33 en el caso de las estatales y trepa a 70 en el caso de las privadas.
Asimetrías
Es grande la desigualdad por provincias; en la CABA terminan normalmente la secundaria 60 de cada 100 ingresantes a primer grado, mientras en Santiago del Estero esta magnitud colapsa a 30.
A fines del siglo XIX, Argentina estableció las bases de un sistema educativo integrador y también igualitario, basado en la calidad de la enseñanza, particularmente de la estatal.
Pero en las últimas décadas esta asociación virtuosa se ha deteriorado, ya que existen cada vez más evidencias de que nuestro sistema educacional avanza hacia la consolidación de un modelo de carácter dual.
Las naciones que reducen la pobreza, mejorando al mismo tiempo la equidad en la distribución del ingreso, lo hacen siempre fortaleciendo el proceso de acumulación de capital. Pero en una visión integral del proceso de desarrollo, el capital humano es más importante que la mera acumulación de activos materiales como máquinas, fabricas, puertos, rutas, oleoductos, centrales eléctricas, trenes, minas, pozos petroleros y edificios.
Hay otra forma de capital en este siglo que es más importante que el capital físico: el capital humano acumulado por la población gracias a la educación. Por eso no sólo son importantes las nuevas tecnologías, sino también cumplir las leyes educativas vigentes.
(*) De la Academia Nacional de Educación.
