Los Quince contra blanqueo de dinero
Los ministros de Finanzas, Justicia e Interior de la Unión Europea pusieron a punto fórmulas para luchar de forma más eficaz contra la delincuencia financiera.
Los ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea aprobaron una “decisión-marco” para mejorar el dispositivo de cooperación en la lucha contra la criminalidad organizada y combatir el blanqueo de dinero.
Esta decisión, según explicó el ministro español de Justicia, Angel Acebes, armoniza las sanciones por este delito, al fijar que la pena mínima “no puede ser inferior a cuatro años”.
Además, impone el compromiso de introducir en las distintas legislaciones “el principio de la confiscación del dinero producto del crimen u otras ganancias de valor equivalente”.
Los ministros acordaron, también, poner en marcha el Convenio de asistencia judicial y penal en materia de lucha contra la delincuencia financiera “con el compromiso de no invocar la excepción fiscal o el secreto bancario” para paralizar investigaciones de la justicia de otro país europeo, y se comprometieron a crear estructuras nacionales “pluridisciplinares” para combatir el blanqueo de capitales y prestar atención particular a las operaciones que se realizan a través de las nuevas tecnologías de la información.
Los titulares de Finanzas aprobaron la nueva directiva contra el blanqueo de dinero que amplía a otras profesiones, como los abogados, los agentes inmobiliarios, los asesores fiscales, los notarios, los joyeros o los marchantes de arte y artículos de gran valor, las obligaciones que imponía la de 1991 a entidades financieras.
Estos profesionales deberán informar a las autoridades de todas las transacciones superiores a 15.000 euros y de todas aquellas, independientemente de su valor, que sean sospechosas de blanqueo de capitales.
Las operaciones sobre las que deberían informar son la compra o venta de propiedades o empresas, gestión de dinero, fondos o acciones del cliente, apertura o gestión de cuentas bancarias de seguridad, y asesoramiento en la creación o gestión de compañías u otras estructuras similares.
La directiva recibió el respaldo también de los ministros de Interior y Justicia a pesar de que algunos países se mostraron reticentes hasta última hora por su aplicación sobre los abogados, ya que consideraban que viola su secreto profesional en el ejercicio del derecho a la defensa.
No obstante, la directiva señala que los abogados sólo deberán informar de actividades sospechosas cuando asesoren en la planificación o ejecución de transacciones para su cliente o cuando actúen como representante suyo en distintos tipos de operaciones.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el blanqueo de dinero ha establecido una “lista negra” de países o territorios que no colaboran en la lucha contra el lavado de capitales, entre los que se encuentran Rusia, Panamá, Liechtenstein, Líbano, Israel, Filipinas, Bahamas, Dominica, Caimán, Nauru, Niue, las Islas Marshall, Cook, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.
Los Quince intentarán negociar con estos países acuerdos de cooperación judicial para evitar que sirvan de plataforma a operaciones de blanqueo y, en caso de que no se consiga ningún compromiso, adoptarán las medidas de sanción oportunas contra ellos.
Los ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea aprobaron una “decisión-marco” para mejorar el dispositivo de cooperación en la lucha contra la criminalidad organizada y combatir el blanqueo de dinero.
Esta decisión, según explicó el ministro español de Justicia, Angel Acebes, armoniza las sanciones por este delito, al fijar que la pena mínima “no puede ser inferior a cuatro años”.
Además, impone el compromiso de introducir en las distintas legislaciones “el principio de la confiscación del dinero producto del crimen u otras ganancias de valor equivalente”.
Los ministros acordaron, también, poner en marcha el Convenio de asistencia judicial y penal en materia de lucha contra la delincuencia financiera “con el compromiso de no invocar la excepción fiscal o el secreto bancario” para paralizar investigaciones de la justicia de otro país europeo, y se comprometieron a crear estructuras nacionales “pluridisciplinares” para combatir el blanqueo de capitales y prestar atención particular a las operaciones que se realizan a través de las nuevas tecnologías de la información.
Los titulares de Finanzas aprobaron la nueva directiva contra el blanqueo de dinero que amplía a otras profesiones, como los abogados, los agentes inmobiliarios, los asesores fiscales, los notarios, los joyeros o los marchantes de arte y artículos de gran valor, las obligaciones que imponía la de 1991 a entidades financieras.
Estos profesionales deberán informar a las autoridades de todas las transacciones superiores a 15.000 euros y de todas aquellas, independientemente de su valor, que sean sospechosas de blanqueo de capitales.
Las operaciones sobre las que deberían informar son la compra o venta de propiedades o empresas, gestión de dinero, fondos o acciones del cliente, apertura o gestión de cuentas bancarias de seguridad, y asesoramiento en la creación o gestión de compañías u otras estructuras similares.
La directiva recibió el respaldo también de los ministros de Interior y Justicia a pesar de que algunos países se mostraron reticentes hasta última hora por su aplicación sobre los abogados, ya que consideraban que viola su secreto profesional en el ejercicio del derecho a la defensa.
No obstante, la directiva señala que los abogados sólo deberán informar de actividades sospechosas cuando asesoren en la planificación o ejecución de transacciones para su cliente o cuando actúen como representante suyo en distintos tipos de operaciones.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el blanqueo de dinero ha establecido una “lista negra” de países o territorios que no colaboran en la lucha contra el lavado de capitales, entre los que se encuentran Rusia, Panamá, Liechtenstein, Líbano, Israel, Filipinas, Bahamas, Dominica, Caimán, Nauru, Niue, las Islas Marshall, Cook, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.
Los Quince intentarán negociar con estos países acuerdos de cooperación judicial para evitar que sirvan de plataforma a operaciones de blanqueo y, en caso de que no se consiga ningún compromiso, adoptarán las medidas de sanción oportunas contra ellos.
