La dirigencia rural no se contenta con medidas aisladas y sólo una política consensuada frenará el conflicto

Ya el área ocupada con trigo, al iniciarse con fuerza la protesta por las retenciones, bajó 20 % en relación con la campaña anterior y no parece una señal contundente para los chacareros que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) haya liberado 900.000 toneladas del rubio cereal para su exportación, cuando habían sido prohibidas por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en los tiempos en que pujaba con los molinos, fabricantes de pastas y panaderos por el precio de la harina, los fideos y el pan. 
El acuerdo que el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, tanto ponderó haber alcanzado con Moreno para aflojar las trabas a la exportación de lácteos, carnes rojas para la cuota Hilton y trigo pretendió ser una señal contundente para la Mesa de Enlace y los productores, en el sentido de que su actuación serviría para modificar el crítico cuadro de situación entre gobierno y campo.
Lo mismo que la reapertura de las conversaciones entre las partes que integran la lechería por el valor del fluido en el tambo apuntó en la misma dirección: dotar al nuevo funcionario, de amplia trayectoria técnica, de potestad sectorial para participar de las decisiones presidenciales en el rubro.
Pero ni el cuarteto que representa a las entidades del agro ni las asambleas de productores que se constituyen en los distintos foros que se organizan aceptan que estas medidas sean una política definida y, peor aún, que los dejen fuera del debate de su concepción.
Cheppi interpreta el desencuentro como una consecuencia directa de que los miembros más conspicuos de la Mesa de Enlace estén haciendo política y, encima, desde la oposición. Aunque en un reciente reportaje publicado por Página 12, el ex interventor en el INTA también implícitamente reconoció un error conceptual de sus superiores, al pretender diferenciar a grandes de pequeños productores para dividirlos y poder así derrotarlos.
“A mí no me llama tanto la atención que, a veces, un supuesto pequeño o mediano productor de los que representa la Federación Agraria –estamos hablando de productores que facturan 1 millón o 500 mil dólares y que además, si son propietarios de tierra, tienen un capital muy importante–, hoy comparta los mismos intereses con un gran pool de siembra. Son gente que mueve mucho dinero, que gana mucho dinero, ya no son pobres. Y no lo digo como si fuera malo, al contrario. Son un sector que dinamiza la economía, que reinvierte, que ha mandado a sus hijos a estudiar y esos hijos hoy han puesto a nuestro campo a la cabeza de la competitividad agraria internacional. Lo que pasa es que quizá ya no se los pueda calificar como pequeños productores”, dijo al matutino.
Es la mejor explicación al fracaso oficial de desgastar a los productores categorizándolos.
Cheppi hubiera querido que lo aceptaran como un fiel intérprete de las necesidades del sector por quienes fijan las políticas y quienes las reciben. En los primeros escarceos, podría inferirse que los productores, sea dirigencia o bases, no confían en el peso específico del espacio que intenta ocupar.
Eduardo Buzzi, de Federación Agraria, fue muy ilustrativo al expresar lo que piensa la dirigencia: el gobierno emite títulos pero sin contenido.
Se va la segunda
¿Y qué sucederá si, como todo parece indicar, se va la segunda del conflicto agropecuario y se concreta el amague de subir las retenciones a la soja del 35 al 40 %, que aunque proporcionalmente se acompañe con una baja para el maíz y el trigo, volverá a introducir la discrecionalidad oficial para aplicarle políticas coyunturales al sector?
“Por ahora, el gobierno no va a presentar un nuevo proyecto de retenciones, porque no están dadas las condiciones políticas. Pero la idea sería diferenciar fuertemente a la soja y el girasol del maíz y el trigo, subiendo las retenciones de los dos primeros y bajando en la misma proporción a los segundos”, admite Cheppi.
El funcionario opina que hay que incentivar, mediante la política fiscal y de oferta de créditos públicos, a las cadenas de aves, de cerdos, de carne, de leche. Y que cada vez hay que exportar menos granos y hacer que esos granos los consuman los animales para después poder venderlos al exterior, lo cual ya viene sucediendo con las aves y se abrió un espacio de crecimiento en la cadena de cerdos.
Su idea es seguir trabajando con sistemas de créditos para que vengan inversiones. Y se muestra abocado a resolver el problema del ternero macho holando-argentino de los tambos. “Estamos perdiendo ahí casi 500 mil terneros. Es mucha carne. Y es relativamente sencillo generar un modelito para salvar esa situación. Hay mucha posibilidad de aumentar las exportaciones de estos productos”, dijo.
Pero dentro del esquema de decisiones que caracteriza al gobierno, el pensamiento de Cheppi nadie cree que pase del título personal. Tiene arriba un jefe de Gabinete, un ministro de Planificación, un ministro de Economía y hasta un ex presidente que opera a través del secretario de Comercio y el titular de la ONCCA.

Incertidumbre paralizante “Un país normal estaría también invirtiendo para convertir masivamente granos en carne y leche, en lugar de que esto lo hagan nuestros clientes del exterior con maíz y harina de soja argentinos. Aquí, no hay confianza, entonces nadie invierte en nuevos criaderos de aves o cerdos, los feedlots languidecen esperando compensaciones inciertas, y pocos se aventuran en un ambiente en el que el negocio depende de la situación de caja del gobierno o de la voluntad de los funcionarios. Que por el peso propio del sistema, resultan inexorablemente sospechosos de corrupción”, expresa el especialista Héctor Huergo en su blog que se linkea desde I-Eco de Clarín. Quizá más concretas que las palabras de Cheppi sean las medidas que tomó la ONCCA: la resolución 2.846 establece la opción de estirar los plazos para concretar los embarques, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Dice Huergo que el mercado esperaba la derogación de la resolución 543, que establecía un plazo máximo de 45 días para embarcar, a partir de la fecha de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). El plazo era incompatible con las modalidades del comercio internacional de granos, que opera con ventas a más de un año vista. Por eso, la actividad de las exportadoras estaba muy limitada, dedicándose más que nada a embarcar operaciones viejas. Más de la mitad de la cosecha está sin vender. La decisión del titular de la ONCCA, Ricardo Echegaray, fue mantener la vigencia de la cuestionada 543, pero al mismo tiempo crear un nuevo régimen "especial y optativo". Lo más relevante son los nuevos plazos de validez para las DJVE: 90 días corridos para el trigo, 120 para el maíz, y 180 para la soja y el resto de los productos. No son los plazos que requiere el negocio, pero constituyen un avance fundamental frente al corsé de la 543. El exportador que opte por el nuevo régimen tendrá que efectivizar el pago del derecho de exportación dentro de los dos días hábiles siguientes a la aprobación del Roe Verde (Registro de Operación de Venta al Exterior a partir de una Declaración Jurada de Venta al Exterior) por parte de la ONCCA. En julio se habían pedido ROE verdes por 2 millones de toneladas, la mitad de lo que muele normalmente la industria aceitera, y hay que sumar un millón más de semilla sin procesar, y otro millón de toneladas de maíz (flujo normal en julio). En síntesis, se estaba operando a un tercio de la capacidad; todos embarques de operaciones viejas, porque negocios nuevos no hay, resolución 543 mediante. La exportación de granos y derivados requiere mucho más que el arbitrario plazo de 45 para embarcar. De todos modos, avanza en la Secretaría de La reunión de las autoridades nacionales con el Grupo Lácteo será encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la ronda de diálogo para acordar políticas sectoriales. La novedad es la presencia del flamante director de Lechería de la cartera agraria, Luciano Di Tella, flamante titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), de acuerdo con un despacho de la agencia estatal de noticias Télam. El encuentro fue anticipado por Cheppi el jueves pasado, durante una reunión que mantuvo con los integrantes del Grupo Lácteo, en el cual adelantó que el precio de corte "será modificado y mejorado", debido a que los valores en el mercado interno "están muy bajos" y necesitan un "reacomodamiento". El valor actual de corte de leche en polvo, que vence el próximo domingo, fue fijado por última vez el 21 de julio pasado a través de la resolución 171/08, del Ministerio de Economía, en US$ 3.116 por tonelada. "Hay que congeniar cuál es el precio conveniente entre las combinaciones del precio de tambo y los valores interno y externos. Esto implica, seguramente, que el precio de corte de la leche en polvo será modificado y mejorado", apuntó Cheppi. De todos modos, el funcionario remarcó que "el mercado (lácteo) va a ser regulado" por el Estado, "independientemente de los precios internacionales". Las prioridades de la gestión de Di Tella “pasan por la paulatina flexibilización de las exportaciones, ya se comenzó con la apertura de las ventas al exterior de los quesos, y ahora hay que apuntar a liberar a la leche en polvo", declaró a Télam. Cheppi prometió que esa cuestión será resuelta en breve, ya que "es uno de los temas de discusión". En la reunión de la Comisión Técnica, a realizarse el jueves a las 14 en la sede de la Secretaría de Agricultura, se analizarán también los costos de producción primaria y el poder de compra de la industria. La nueva etapa de diálogo en el sector fue recibida con satisfacción por las entidades que componen la Comisión de Enlace, ya que "se trata un buen paso hacia la transparencia y del sector lácteo y agropecuario en general", explicó Guillermo Giannassi, director de la Federación Agraria Argentina (FAA). El Grupo Lácteo lo integran la Secretaría de Agricultura, FAA, SRA y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), además de las cinco provincias lecheras (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos), representantes de la industria y los productores tamberos, como la CIL y APYMEL.

Importación de carne
La Argentina deberá importar carne bovina en 2012 si el gobierno no introduce modificaciones en la actual política ganadera. Así lo advirtió hoy Belisario Álvarez de Toledo, coordinador general de la entidad técnica Aacrea, durante una exposición realizada en la Asamblea Ganadera Nacional de Olavarría.
El coordinador de Aacrea recordó que en los últimos años se viene registrando una liquidación general del rodeo –especialmente de hembras– y una disminución del peso de faena.
También señaló está ocurriendo un traslado de la ganadería de las zonas pampeanas a otras regiones, como el NOA y el NEA, donde la productividad es menor: por cada 100 vacas que se trasladan a estas zonas se producen 21 terneros menos (ver mapa).
“Una de las razones de este escenario adverso es que el precio del kilo vivo recibido por los productores se ha quedado estancado. Sin embargo, el precio de la carne pagado por el consumidor en la góndola ha aumentado considerablemente desde el año 2005”, apuntó.
“Este comportamiento es provocado en gran medida por los crecientes riesgos que enfrentan los eslabones intermedios de la cadena de la carne frente a las regulaciones y el intervencionismo oficial en la comercialización interna y externa del producto”, añadió Álvarez de Toledo.
Señaló además que el aumento en la producción se detuvo en 2005, pero la cantidad de hacienda faenada siguió aumentando, lo que llevó a una disminución del stock. “En otras palabras: muchos productores están liquidando su capital productivo”, indicó.
Afirmó que “para que la actividad retome una senda de crecimiento que permita abastecer el consumo interno y la exportación se necesitan cuatro elementos: precio, previsibilidad, tecnología y un productor que combine estos factores asegurando el éxito y la sostenibilidad de la empresa. Hoy no hay previsibilidad y el precio no es acorde a los costos, por lo que el desarrollo del negocio está en una encrucijada”. 
 
Álvarez de Toledo dijo que, a pesar de todo, siguen existiendo amplias posibilidades de crecimiento. Con la misma cantidad de vacas que existen en el país se podrían producir 2,70 millones de terneros más si se logra pasar de la tasa de destete actual del 62% a otra –muy factible con la extensión de tecnologías probadas– de 75%.
“Además, en la misma superficie que ocupa la ganadería actualmente se podrían disponer 5,70 millones de vacas adicionales, cuya producción, llevada al peso de faena, daría lugar a una oferta adicional de carne de 1,50 millones de toneladas, que significarían un aumento del 49% respecto de la situación actual”, explicó.
El directivo de Aacrea comentó que en los últimos los costos de la ganadería experimentaron un considerable aumento, impulsado por el encarecimiento de los fertilizantes y agroquímicos (necesarios para las pasturas), las semillas (maíz, sorgo y forrajeras), la suplementación, los combustibles y los sueldos.
“Actualmente, el ternero vale en promedio lo mismo que en el 2006, mientras que los costos han aumentado desde ese momento un 50%”, apuntó.
En la actualidad, el costo de producción de un ternero en las zonas de cría ronda los 3,70$/kg en pie, mientras que su precio de venta es del orden de 3,20 $/kg. “Estos números arrojan un resultado económico de quebranto para los criadores”, explicó Álvarez de Toledo.
La carne prácticamente duplicó su precio en el mostrador en los últimos dos años, a pesar de los esfuerzos oficiales. El ternero vale un 20% menos. Uno de buena raza apenas supera el dólar por kilo vivo. En Paraguay vale más de 2 dólares, y es otra calidad.
Paraguay crece, como Brasil y Uruguay. Ellos exportan sin dudarlo, y tienen cada vez más carne. Argentina está perdiendo stock. Lo mismo pasa con la lechería, donde anidan los pesimistas casi irreversibles.