<p>Las grandes empresas dedicadas a la extracción de minerales exploran nuevos territorios donde desplegar sus inversiones y avanzar en el negocio, en un contexto internacional favorable. Pero se enfrentan a distintas organizaciones y a la sociedad en general, que las miran con malos ojos y colocan la lupa en el impacto que generan sobre el medio ambiente.</p>
<p>Es por esto que para los abogados del estudio Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa, Gabriel Macchiavello, especialista en derecho ambiental, y Ricardo Barreiro Deymonnasz, especialista en derecho minero, el mayor reto del sector minero en la Argentina hoy es avanzar en los procesos de transparencia, para contrarrestar los ataques que la actividad recibe a diario.<br />
A su criterio, las empresas del sector, así como la Cámara Argentina de Empresarios Mineros que las nuclea, han mantenido hasta el momento un perfil bajo en términos de comunicación, lo cual no ha contribuido a cambiar la imagen negativa que ya es propia de esta industria. Para lograr la indispensable “licencia social” para producir, las empresas mineras y la CAEM deberán, entonces, avanzar en comunicar a la sociedad su forma de trabajar y dar a conocer otra cara de la historia.</p>
<p><strong>Qué queda, qué no</strong><br />
Una de las grandes controversias que encierra la minería tiene que ver con el delicado equilibrio costo-beneficio para la provincia en que la actividad se desarrolla. Hay quienes aseguran que, dado que se trata por lo general de multinacionales, si bien realizan inversiones importantes y grandes proyectos, no benefician a la provincia en que se instalan, en tanto que los ingresos generados se remiten al exterior. <br />
Visto de esta manera, el impacto sobre el medio ambiente, que inevitablemente se produce, no tendría una contrapartida de rédito económico-social para las provincias que las acogen. <br />
Al respecto, ambos profesionales son categóricos en su definición y aseguran que las áreas donde se instalan las empresas mineras son zonas olvidadas, incluso por el Estado. Alejadas de los centros urbanos, a 4.000 metros de altura y con condiciones de infraestructura y servicios paupérrimas o inexistentes –sostienen–, los habitantes de estas áreas ven en la minería la posibilidad de acceder a lo que nunca tuvieron, ni tendrían de otra forma. Rutas, energía eléctrica, servicios de transporte, escuelas, centros de salud y, por supuesto, fuentes de trabajo. Si bien realizar estas obras no necesariamente forma parte de un contrato formal, muchas veces, las compañías hacen acuerdos con los intendentes para llevarlas adelante.<br />
Además, enfatizan que las compañías mineras son grandes contribuyentes en cuanto a impuestos. Algo así como 52% (incluidas las retenciones) es lo que las empresas destinan a cargas tributarias, las cuales, dado que se trata de proyectos a largo plazo, se congelan por 20 años. La mayor parte de los impuestos son nacionales, que luego se redistribuyen a las provincias (en mayor o menor medida) por vía de la coparticipación. Por lo tanto, si bien reconocen que lo que queda en forma directa en la provincia es una pequeña porción de la tajada, aseguran que, para las economías provinciales, esta resulta muy significativa.<br />
“Para las provincias que tienen recursos, el hecho que lleguen empresas mineras es importantísimo. Por lo general, son provincias que no tienen otros recursos para ofrecer, como Catamarca”, sostiene Barreiro Deymonnasz. “En San Juan, se puede ver el cambio enorme que se produjo gracias a la actividad. Porque no se trata solo de la mina en sí, sino de las actividades que prestan servicios a la minería y a los empleados que, muchas veces, llegan de otras localidades. Hace unos años, había un vuelo diario a Buenos Aires. Ahora hay tres o cuatro. Además, hay hoteles cinco estrellas y se ha desarrollado mucho el turismo y otras actividades que no tienen relación directa con la minería”. <br />
Por otra parte, agrega Macchiavello, hay que tener en cuenta que una de cada 100 exploraciones no da resultado positivo. Esto implica no solo una inversión grande de dinero sino generación de empleos y obras en el lugar que repercuten positivamente en la población, aunque finalmente no se desarrolle el proyecto.</p>
<p><strong>¿Naturaleza versus desarrollo?</strong><br />
Para Macchiavello y Barreiro Deymonnasz, esta dicotomía es una falacia. “La minería es indispensable en la sociedad actual. Salvo el oro, que gran parte de su aplicación es para uso suntuario o resguardo de capital, el resto de los minerales tiene aplicaciones en múltiples actividades económicas. Y siempre que se extrae oro, se extrae también plata y cobre. El cobre, principalmente, se usa para muchísimas actividades industriales. Además, el litio es fundamental para la industria electrónica y los autos híbridos, el potasio es necesario para los fertilizantes…”, relata Barreiro Deymonnasz.<br />
Muchas voces que se alzan en contra de la actividad minera alegan la necesidad de preservar los recursos para generaciones futuras. “Pero, mientras tanto, ¿qué hacemos? –se pregunta Barreiro Deymonnasz–. Se habla de no alterar el medio ambiente, pero ¿a costa de que la gente que está en ese lugar, sentada sobre esas potenciales riquezas, no tenga acceso a los productos más básicos? Lo que está debajo del suelo no es riqueza; lo es recién cuando se lo extrae. Cuando uno saca oro, no saca un lingote sino rocas gigantes con puntitos de mineralización, que requieren luego distintos procesos e inversiones de millones. Entonces, la riqueza es tal en la medida en que una empresa desembolsó miles de millones de dólares y se puso a producir”, enfatiza.<br />
Otra de las críticas frecuentes a la minería refiere al uso de sustancias tóxicas, como el cianuro. Sin embargo, aseguran, la minería utiliza aproximadamente solo 6% del cianuro que se produce en la Argentina y otras tantas industrias usan esta sustancia en sus procesos. En cuanto al gran consumo energético que los proyectos requieren, sostienen que esto no afecta a la sociedad ya que dicha energía es producida mediante generadores propios.<br />
“Nadie puede negar que la minería genera impacto, como lo hacen todas las actividades económicas e industriales –enfatiza Macchiavello–. Pero esta en particular debe cumplir además con muchos más requisitos ambientales que el resto de las actividades. Por ejemplo, es la única industria que cuenta con una ley ambiental específica del sector”.</p>
<p><strong>De normativas y controles</strong><br />
Para ambos profesionales, la normativa que regula la actividad en la Argentina es bastante similar a la de otros países del mundo. Es exhaustiva, exigente y clara. Sin embargo, no desconocen la falla en los controles y es este el punto donde, a su criterio, debería estar el foco de la atención.<br />
Al respecto, remarcan que en otros países los Gobiernos destinan fondos para capacitar a sus funcionarios, de tal manera de poder ejercer los controles que corresponden. Mientras que en la Argentina esto no es así, a tal punto que, no pocas veces, las mismas firmas mineras son quienes proveen la tecnología y recursos necesarios para que los organismos competentes las controlen. Destacan, además, el caso de San Juan, donde las compañías del sector están orientadas a fomentar la educación, a través de un fondo de fomento educativo para este fin. <br />
“La industria minera en todo el mundo es muy sensible a los ataques de ONG y ambientalistas, y las firmas elevaron los estándares para resistir esos ataques. Si alguna de estas empresas, que tienen negocios en todo el mundo, sufre un accidente grave, va a repercutir en el valor de la acción. Y eso es lo que ninguna quiere”, refuerza Barreiro Deymonnasz.<br />
“Si una compañía no cumple las normativas y produce un daño, debe ser castigada con todo el peso de la ley. Pero no puede mostrarse a la minería como un cuco. Las firmas que operan en el sector son enormes, trabajan con tecnologías de avanzada y cumplen con pautas de buenas prácticas, que incluso superan a las normativas locales, –recalca Macchiavello y agrega– “Las empresas mineras y carboníferas son potencialmente contaminantes; manejan cianuro, compuestos químicos, se mueven en áreas vírgenes, donde nacen los ríos, pero justamente por eso toman las precauciones que toman. También existe una minoría irresponsable, pero se trata de firmas chicas, o clandestinas”.</p>
<p><strong>Los retos a futuro</strong><br />
La Argentina tiene un potencial geológico altísimo, sin embargo aún solo está explorado un estimado de 16%. Así de incipiente, los entrevistados describen la actividad como el octavo grupo económico del país, a la par del de la carne. <br />
Para que pueda crecer, ambos identifican a la comunicación como principal eje a desarrollar. El obstáculo de la oposición generalizada a la actividad es definido como aún más poderoso que el aumento en las regulaciones y la falta de infraestructura y recursos humanos capacitados. <br />
“No podemos lograr que la minería sea algo popular –dice Macchiavello– pero el dar a conocer datos como cuánta mano de obra trabaja directa e indirectamente, cómo se desarrolla la región donde se instalan las compañías, los impuestos que pagan y el cuidado en el impacto sobre el medio ambiente va a ayudar en este sentido”.<br />
Algunos ejemplos pueden verse en la apertura de Barrick, que ofrece visitas guiadas a las minas, y los comités de monitoreo comunitario de aguas y audiencias públicas, que contribuyen a generar la requerida licencia social.</p>
Minería en el candelero, en busca de la licencia social
Las grandes empresas dedicadas a la extracción de minerales exploran nuevos territorios donde desplegar sus inversiones y avanzar en el negocio, en un contexto internacional favorable. Pero se enfrentan a quienes colocan la lupa en el impacto que generan sobre el medio ambiente.
