Involuntariamente el juez Griesa está beneficiando a los ciudadanos argentinos al ponerle límites al aumento del gasto público. El fallo adverso con los fondos “buitres” es fácil de resolver, pero mucho más difícil es mejorar la calidad del Estado, advierte en Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) en su informe número 559.
La situación ante la comunidad financiera internacional se sigue deteriorando. Esto motiva intensas polémicas. Desde exaltar el nacionalismo a señalar la impericia del gobierno para manejar un problema relativamente simple de resolver.
Cualquiera sea el posicionamiento, el resultado es que una gran cantidad de energías están abocadas en el tema de los fondos “buitres” y en pronosticar sus consecuencias, analiza el economista jefe de Idesa, Jorge Colina.
La contracara de esta situación es la poca atención a los problemas internos. Uno extremadamente importante es la dinámica que viene mostrando el gasto público.
Diferentes factores explican que el tamaño del Estado aumente en prácticamente todo el mundo.
En los países desarrollados, en general, prevalece el impacto del envejecimiento poblacional en la seguridad social, mientras que en los de desarrollo medio (donde se ubican los países latinoamericanos) hay que dar respuesta a necesidades sociales postergadas.
Pero el comportamiento de la Argentina no encuadra en ninguna de estas tendencias.
Prueba de ello es que según el Monitor Fiscal 2014 del Fondo Monetario Internacional (FMI) se observa que entre 2006 y 2013:
- El gasto público total en los países avanzados pasó de 39% a 42% del PBI, o sea se incrementó en 3 puntos porcentuales del PBI.
- El gasto público total de los países de Latinoamérica pasó de 30% a 35% del PBI, o sea se incrementó en 5 puntos porcentuales del PBI.
- El gasto público total (nación, provincias y municipios) de Argentina pasó de 31% a 46% del PBI, o sea se incrementó en 15 puntos porcentuales del PBI.
Estos datos, basados en fuentes oficiales, muestran el extraordinario crecimiento del gasto público en la Argentina.
Entre los 60 países avanzados y emergentes cubiertos por el análisis del FMI ninguno registra un crecimiento del gasto público tan exorbitante como el observado en la Argentina.
Se ha llegado a un punto en el que el Estado absorbe prácticamente la mitad del ingreso nacional, situación solo observada en un reducido grupo de países de muy alto desarrollo como Finlandia (58%), Dinamarca (55%), Francia (53%), Bélgica (52%), Austria (51%), Suecia (50%) y Holanda (48%).
La gran diferencia es que en estos países el Estado brinda servicios de excelencia. Las escuelas públicas, el sistema de salud, el transporte público, la policía, la justicia trabajan con altos estándares de profesionalismo y calidad.
Así, los ciudadanos pagan altos impuestos (especialmente, el impuesto a las ganancias) pero son recompensados con buenos servicios estatales. En la Argentina, se pagan altos impuestos pero las familias deben apelar a escuelas privadas, medicina prepaga, automóvil propio y seguridad privada.
Frente a la pobre calidad de servicios que brinda el Estado en Argentina la presión tributaria resulta exagerada. Los asalariados, cada vez más afectados por el impuesto a las ganancias, constituyen la manifestación más visible pero no la más importante de este fenómeno. Como la recaudación récord de impuestos no alcanza para financiar el impresionante crecimiento del gasto público, se cae entonces en la emisión monetaria, la inflación, la inestabilidad cambiaria y el creciente endeudamiento.
Sin querer, el juez Griesa hace una contribución importante a la calidad de vida de los argentinos al dificultar el acceso de la Nación y las provincias a nuevos créditos.Por esa vía, le pone límites a la voracidad del gasto público.
El problema central y más difícil de resolver ahora no son los “buitres” sino transformar la organización del sector público para que los impuestos tengan como contrapartida servicios de calidad. Esto requiere más profesionalismo y menos demagogia para replantear decisiones equivocadas que se han tomado en los últimos años, abordar las enormes hipotecas que se han generado en el sistema previsional y modernizar los estilos de gestión en el sector público incorporando reglas y medición de resultados a docentes, trabajadores de la salud, policías, jueces y empleados públicos en general.
