Por Florencia Pulla
La puerta de la Ciudadela divide Montevideo: a un lado, el Teatro Solís y la ciudad vieja; al otro, el Palacio Salvo y la plaza Independencia representan una versión más actualizada de la capital charrúa. Muy cerca de ahí, en el Hotel Radisson de Montevideo, también se libró una batalla entre viejos conceptos y nuevos paradigmas. Es que en el encuentro Genexus 23, una cumbre que reúne al who-is-who de la tecnología de América latina y que este año convocó 3.500 participantes de 25 países, no se habla solamente del impacto que tienen las aplicaciones en el modelo de negocios online de las empresas –el core business de Genexus y su foco lógico– sino también del poder transformador de la innovación.
Esta cuestión, estrechamente vinculada con la tecnología, hoy es un hecho no solo en productos de consumo masivo –como el Google Glass que presentó Cecilia Abadie, de 33 Labs, que realiza aplicaciones jugadas para el dispositivo– sino también en áreas fundamentales para el desarrollo social de países emergentes, como Gobierno o educación.
Aunque no se dice en voz alta, entre los especialistas en tecnología de América latina se trata de responder a una pregunta, esencial: ¿Dónde –y cómo– pone el Estado sus recursos cuando se habla de tecnología y cómo pueden los privados ayudar a cumplir el sueño del “gobierno inteligente”? ¿Se viene, como muchos auguran, la gran modernización de los Gobiernos de la región o recién se están poniendo las piedras fundacionales de una estrategia que está lejos de hacer una diferencia en la relación entre el ciudadano y los organismos del Estado? Las preguntas son cargadas: están en juego nada más que la relación entre el ciudadano y las instituciones y la posibilidad de eficientizar procesos, ahorrando costos y tiempos. Poca cosa.
José María Louzao Andrade
Foto: Gabriel Reig
Gobierno inteligente, hora de definiciones
A la hora de hablar de gobierno inteligente, bien valen un par de definiciones. Más allá de quienes se empeñan en demostrar que la expresión es una contradicción en sus propios términos, hablar de la inteligencia del Estado siempre es controversial. Pero ya el sociólogo Max Weber supo explicar, en su ensayo sobre tipos de Gobierno, que la burocracia puede llegar a tener connotaciones positivas: es, después de todo, una forma de organización y administración más racional que sus alternativas que prioriza la precisión, la regularidad y la eficiencia a través de la división prefijada de tareas, la supervisión jerárquica y un libro gordo de reglas y normas internas.
Pero cualquiera que haya tenido que hacer una recategorización en la AFIP o tramitar el título de un auto sabe bien que la burocracia no siempre es eficiente: el problema del papeleo, el sellado por triplicado, la repetición de tareas tediosas y la prepotencia de los funcionarios del Estado –que bien supo inmortalizar Antonio Gasalla en su famoso sketch de la empleada pública– predispone mal al ciudadano que busca en el Estado soluciones a sus problemas.
Quizás reducir el concepto de “gobierno inteligente” a mejorar problemas de mesa de entrada sea erróneo. Es, después de todo, utilizar la tecnología para dar eficiencia a los procesos de gobierno y eso incluye desde el alumbrado de los barrios porteños hasta poder tramitar una constancia de CUIL por Internet. El problema es que esas cosas le corresponden a diferentes áreas de gobierno, con presupuestos diferentes y visiones distintas de cómo debería darse la modernización a escala local. No siempre es fácil encontrar ahí coherencia: aunque en la Argentina hay varios ejemplos de buenas prácticas no siguen una política de Estado, el famoso “proyecto de país”.
Sin embargo, para los políticos que se animen a incorporar a la tecnología a sus decisiones de gobierno o que favorezcan la innovación por sobre prácticas vetustas, hay recompensas. Después de todo, como en retail se animan a hablar de un consumidor verde que prioriza otras variables por sobre el precio y la calidad, en materia de gobierno es también el ciudadano, deseoso de mejores procesos y mayor transparencia, el que empuja estas iniciativas.
“Es evidente que hoy los líderes de Gobierno tienen que afrontar un proceso de transformación en sus ciudades y entonces la tecnología se convierte en un factor clave si se pretende seguir creciendo. Los gobiernos inteligentes usan la información que generan las ciudades para prestar mejores servicios a sus ciudadanos, involucrar a sus comunidades y volverlas más competitivas. Toman mejores decisiones analizando lo que sucede y se vuelven más efectivos al coordinar los recursos a su cargo. Hoy se pueden obtener datos de cualquier parte de una ciudad, que pueden ser usados para tomar mejores decisiones y mejorar la prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, se pueden analizar los patrones de comportamiento del tránsito y entender e incluso predecir accidentes. A los líderes de Gobierno, eso les permite ser muy activos en la forma en que lideran y llevan adelante sus organizaciones, y en consecuencia los ciudadanos tienen una mejor experiencia”, explica Alejandro Morello, especialista en Ciudades Inteligentes de IBM Argentina.
José María Louzao Andrade, presidente de la Cámara Empresarial de Software y Servicios Informáticos (Cessi), lo resume en una oración: “Es adaptar los procesos de gobierno a la sociedad de la información para que sean transparentes, públicos y eficientes”.
Pero los cambios que implica este nuevo paradigma son muchos y no todos los políticos lo leen a tiempo. Quizás el crecimiento anárquico de la administración pública y de las ciudades, producto del desarrollo económico que ha experimentado la región en los últimos años, haya acelerado los tiempos. Lo cierto es que la rápida urbanización, los efectos nocivos a la arquitectura de las ciudades y al medio ambiente y los enormes gastos en materia energética han llevado a las autoridades a replantearse cómo viven sus ciudadanos y cómo pueden eficientizar procesos.
“Los ciudadanos esperan cada día más de sus ciudades y de sus gobernantes. Ellos quieren una buena calidad de vida y óptimas condiciones de desarrollo personal y profesional. Eso significa que esperan transportes eficientes, mercados de trabajo saludables, mayor participación en el discurso público y sistemas de energía amigables con el medio ambiente pero que no desalienten el desarrollo de la economía. Muchas veces se da en contextos económicos y fiscales desfavorables y parece contrario a la intuición pedir a los líderes que inviertan en gobierno inteligente. Pero ese es el camino correcto: en el siglo 21 las ciudades compiten por atraer a ciudadanos e inversiones y su atractivo depende de su capacidad para ofrecer servicios básicos eficientes, oportunidades de desarrollo y diferenciales de competitividad. En síntesis, buscan ciudades más inteligentes”, explica Morello.
Cristina Zubillaga
Foto: AESIC
Una oportunidad histórica
En pocos lugares estos procesos se están dando más aceleradamente que en América latina. Quizás el crecimiento de la región, un indiscutido bloque emergente que lidera Brasil pero que tiene como segundo en armas a nuestro país, haya sido la semilla de un proyecto más grande que implica la modernización de los Estados. El paso de una república bananera –como se solía llamar a los países cuyas economías dependían de la exportación de un único producto o servicio– a un país en serio requiere inversiones grandes, una visión estratégica y una infraestructura acorde a los tiempos que corren.
“Latinoamérica es una de las regiones donde más se vende software. De hecho es nuestro mercado más dinámico. Toda la región está creciendo, incluso Haití, lo que significa una revalorización de nuestras economías. Los commodities tienen cada vez precios más altos y eso ayuda a que los Gobiernos tengan recursos para trabajar en cuestiones como educación o gobierno inteligente. Y nosotros lideramos como país en este sentido: la Argentina tiene proyectos como la autopista de servicios de Anses que es un ejemplo a seguir. Nos hemos preparado muy bien para todo lo que es procesos y distribución de información federalizada”, dice el presidente de la Cessi.
Cristina Zubillaga, directora adjunta de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) en Uruguay, coincide: en Latinoamérica estas cuestiones se están tomando más en serio. “Cuando empezamos a trabajar lo primero que hicimos fue empezar a escala regional porque existe una red de gobierno electrónico que integran nuestros países que se llama GEALC (Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe). Porque, de alguna forma, tenemos una vocación de integrarnos y desarrollar gobierno electrónico a escala latinoamericana. Somos un país chico y la idea no es empezar de cero sino crecer de otras experiencias”.
La agencia, que está abierta desde 2007, trabaja en cuatro dimensiones: ciudadanía, organismos, tecnología y regulación. “Son indisolubles para trabajar en gobierno electrónico. Porque necesitamos la tecnología para cambiar la infraestructura del Estado y regulación para acceder a la información de datos personales con seguridad. Pero hacia fuera también: trabajar con organismos y con ciudadanos para ir mejorando diferentes partes del Estado”, reconoce Zubillaga.
La creación de la agencia en el Gobierno de Tabaré Vázquez puso en agenda las problemáticas de gobierno inteligente pero Uruguay, que supo ser durante mucho tiempo el mayor exportador de software de la región, siempre tuvo un fuerte desarrollo de Tecnología de la Información, las llamadas TIC. “Tener un aval histórico ayuda a que las empresas tengan mayor conciencia. Y ellas contribuyen a nuestro desarrollo, claro, especialmente porque en muchas instancias los ayuda a probar sus productos o salir a otros mercados. La creación de la agencia, en este sentido, ha sido un hito”.
Su foco, sin embargo, tiene que ver con gobierno abierto: para Zubillaga el empoderamiento que le da al ciudadano poder disponer de datos públicos es enorme. En Estados Unidos también existe una ley de acceso a la información pública y en Uruguay la homenajearon.
Es una de las pocas que existen en el continente y que funciona con plazos estrictos. “Se pone a disposición del ciudadano una cantidad de datos que el Estado maneja y que son de interés público. Son datos crudos, que pueden ser usados también por las empresas y por las organizaciones. Tenemos plazos legales muy fuertes, 20 días para expedir”, explica. En la Argentina, aunque existe el proyecto –y Cristina Fernández de Kirchner, en su época de senadora, supo respaldarlo– nunca encontró apoyos suficientes en las cámaras y quedó en la nada.
Aunque floja en lo que respecta a datos públicos y transparencia, la Argentina sí lleva la delantera en aplicaciones y arquitectura de las ciudades. Aunque los trenes siguen sin llegar a tiempo, la aplicación del Ministerio del Interior y Transportes es una herramienta digital para que el usuario pueda cerciorarse de la salida de los ferrocarriles interurbanos.
Pero fue la Ciudad de Buenos Aires la que dio en el clavo en octubre de este año cuando emprendió la decisión de hacer un recambio en el alumbrado de las 91.000 lámparas de sodio existentes con tecnología LED. Phillips los ayudó con eso creando una solución a medida basada en su plataforma Telegestión CityTouch. Lo explica mejor el Country Manager de la compañía para Cono Sur, Gustavo Verna.
“Básicamente permite monitorear cada punto de luz de la red de manera individual, permitiendo un mejor funcionamiento de cada luminaria y programando reemplazos o mantenimientos. El sistema puede también programar el encendido, apagado o atenuación de los niveles de luz según corresponda, lo que redunda en una disminución del consumo de energía”. En la conferencia de prensa, el ministro de Ambiente y Espacio Público Diego Santilli reconoció que el ahorro podría ser cercano a 50% cuando el recambio termine, en tres años.
A no cantar victoria
Aunque la oleada de cambio es buena –y por el mismo crecimiento de las ciudades y la innovación tecnológica se vuelve inevitable– no hay todavía una política de Estado y una inversión coherente en la modernización del gobierno. Ni en la Argentina ni en ningún lugar de América latina. Se da por focos de innovación, lo cual no está nada mal para empezar, pero pasada la segunda fase se vuelve fundamental coordinar una política más madura.
Louzao Andrade lo explica mejor. “La administración pública creció de forma anárquica y, por lo tanto, no hay unificación estratégica. Esto esta descontextualizado de la política y tiene que ver con cómo funciona el Estado. Para cambiar algo se involucran, muchas veces, tres ministerios, 40 secretarías. Si es cierto que se hizo mucho por la agenda social en los últimos años, todavía falta que coincida con la agenda digital”.
¿Qué significa esto? Que aunque la modernización llega al alumbrado público y las mesas de entrada funcionan mejor, todavía la modernización tecnológica no llegó del todo a los grandes temas del Estado. “Lo que tiene que ver con el transporte público, la industria energética… todavía está muy ausente del debate público. Se habla del Estado ya no como un administrador sino como gestionador de servicios públicos y para eso se necesita una apuesta más fuerte de tecnología para que los ferrocarriles, los aviones, las rutas, sean más seguras, por ejemplo. Esto es lo que pasa hoy en los países desarrollados: el desafío de la Argentina es dejar de ser un país en crecimiento para ser un país desarrollado”, dice el presidente de la Cessi.
Un ejemplo claro tiene ver con la transparencia de las provincias. Según el estudio “Una leve mejoría en la visibilidad de los Gobiernos provinciales hacia los ciudadanos” del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) la realidad fiscal de las provincias es desconocida por sus ciudadanos. En promedio solo 53% de los datos son accesibles por los ciudadanos –nada mal– pero es bastante desparejo por provincias. En Santa Cruz, por ejemplo, es de 14% y en Córdoba de 90%.
“Para que los cambios en políticas de gestión pública supongan una mejora deben generar un beneficio social y no podemos mejorar lo que no se puede medir. Los nuevos medios de comunicación ayudan en este sentido a medir el impacto social de acciones de gobierno, al menos en términos de opinión pública. Pero hoy se puede entender perfectamente cómo reacciona un ciudadano e incluso anticiparse. Eso ayuda a que la percepción sea muy positiva sobre las inversiones en gobiernos inteligentes, lo que permite a los gobernantes mostrar en acciones concretas, con impactos tangibles, los efectos positivos de sus gestiones. Por ejemplo, cada vez son más populares los anuncios de centros de monitoreo para frustrar delitos o situaciones de violencia –apunta Morello y agrega que– este tipo de acciones son apenas la punta del iceberg. Las tecnologías están disponibles, los ciudadanos están preparados. El momento es hora y no durará siempre.”.
Aplicaciones para todos
Genexus –ex Artech, porque están migrando el nombre de la compañía a su producto principal– está metido de lleno en el mundo de las aplicaciones. La del evento, Genexus 23, es una muestra precisa de las potencialidades de las aplicaciones offline con sincronización. Nicolás Jodal, CEO y co-fundador de la empresa made in Uruguay, apuesta fuerte a su comunidad de desarrolladores para hacerlo posible. “Desde el punto del uso queremos hacerlo lo más indoloro posible”, dijo a Mercado. Su aplicación sobre el fútbol uruguayo es la más bajada del país y sirve, de alguna manera, para probar tecnología que después puede ayudar a pulir procesos en otras empresas: desde un supermercado en Brasil hasta una cadena de televisión en México.
A un año de haberse convertido en CEO, Jodal –que antes había ejercido como vicepresidente bajo el comando de Breogán Gonda, actual chairman– admite que, especialmente en empresas de tecnología, hay que dirigir por influencia. “Yo no podría dirigir una fábrica de galletitas, ser un CEO profesional. Solo podría ser el CEO de una compañía de tecnología como Genexus, en donde la clave, y mi función esencial, es inspirar a los demás a ser creativos”
