Radiografía del AMBA: desigualdades, desafíos y oportunidades para 24 municipios
En un país donde la centralidad de Buenos Aires ha condicionado históricamente el diseño de las políticas públicas, un estudio reciente del Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires propone repensar el Área Metropolitana como una unidad funcional y no apenas como una suma de jurisdicciones. El informe analiza la gestión estratégica de 24 municipios que rodean a la Ciudad Autónoma, relevando datos hasta febrero de 2025. La metodología empleada no busca establecer un ranking, sino identificar fortalezas, carencias y potencialidades de cada distrito, mediante un índice compuesto por 159 indicadores distribuidos en cinco dimensiones.
La importancia del estudio excede lo académico. Se trata de una herramienta técnica para afrontar una verdad incómoda: el AMBA es responsable de la mitad del Producto Bruto Interno del país y alberga a un tercio de su población. Sin embargo, no cuenta con mecanismos de articulación que le permitan operar como metrópoli integrada. La fragmentación institucional —entre Nación, provincia, Ciudad Autónoma y municipios— genera efectos negativos no sólo sobre la eficiencia administrativa, sino también sobre la equidad territorial.
Una región sin coordinación sistémica
“La buena gestión del Área Metropolitana Buenos Aires es aún más determinante por el peso específico que esta tiene en la vida del país”, advierte el documento. El argumento central no es nuevo, pero sí urgente. Cada vez más habitantes viven en un municipio, trabajan en otro y transitan por un tercero. Las externalidades de una decisión local —por ejemplo, la falta de control ambiental, el desborde hídrico o la ausencia de alumbrado público— afectan a múltiples jurisdicciones. Y, sin embargo, no existe una instancia que garantice la cooperación entre ellas.
Los autores sostienen que “diseñar acuerdos de buena gobernanza para las áreas metropolitanas es un primer paso fundamental para transformar la calidad de vida de muchos argentinos”. No proponen una superestructura burocrática, sino una estrategia técnica compartida: programas interjurisdiccionales, coordinación presupuestaria, sistemas de datos comunes y políticas conjuntas de desarrollo urbano.
Cinco dimensiones, un diagnóstico complejo
El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) se compone de cinco dimensiones: política-institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Cada dimensión se desagrega en variables e indicadores específicos, y se puntúa entre 0 y 5. A mayor puntaje, mayor alineación con estándares internacionales en la gestión pública.
Los resultados generales muestran un promedio de 2,71 puntos entre los municipios evaluados. Solo cinco lograron superar los 3 puntos: Vicente López (3,39), Tres de Febrero (3,34), San Isidro (3,32), San Miguel (3,20) y Quilmes (3,03). En el otro extremo se encuentran Moreno (2,00) y Ezeiza (1,96). La dispersión no es anecdótica: implica diferencias reales en la capacidad de planificación, la provisión de servicios y el acceso a derechos básicos.
Instituciones locales: entre la innovación y la fragilidad
La dimensión política-institucional registró una de las mayores dispersiones. Vicente López alcanzó 3,76 puntos, mientras que Ezeiza apenas 1,48. Se evaluaron factores como participación ciudadana, planificación urbana, transparencia y alianzas estratégicas. El promedio fue de 2,71. Según el informe, “el ciudadano es el eje central de los esfuerzos del gobierno local”. Sin embargo, el tratamiento desigual de las variables indica que muchos municipios carecen de herramientas de gestión modernas y de canales efectivos de comunicación con sus habitantes.
Economía urbana: capacidad fiscal y atracción de inversiones
En la dimensión económica, el promedio fue de 2,78. Tres de Febrero (3,57), Lanús (3,48) y Tigre (3,42) lideraron el grupo. La brecha entre el primero y el último (Ezeiza, con 1,98) fue la menor entre todas las dimensiones, lo que sugiere una mayor homogeneidad relativa. Se midieron siete variables, entre ellas solvencia fiscal, ecosistemas emprendedores y radicación de industrias de punta. El informe destaca que “el desarrollo económico muestra los resultados más homogéneos del estudio”, aunque persisten zonas con déficit de infraestructura productiva.
Capital humano: la dimensión más sólida
La dimensión social, que incluye salud, educación, empleo y cohesión urbana, obtuvo el promedio más alto: 2,80. San Miguel (3,59), Tres de Febrero (3,27) y San Isidro (3,22) encabezan esta dimensión. La cohesión social, como lo recuerda el documento, es “un elemento esencial para integrar a la diversidad de la población y afianzar la identidad de la ciudad”. Pero también es una dimensión vulnerable: los datos agregados ocultan profundas desigualdades entre barrios e indicadores preocupantes en términos de vivienda, acceso al espacio público y mortalidad infantil.
Medio ambiente: una deuda estructural
El área más relegada del índice fue la dimensión ambiental, con un promedio de 2,46. Solo tres municipios —Tres de Febrero, Vicente López y San Isidro— superaron los 3 puntos. La mayoría se mantuvo por debajo de los 2,7. Moreno (1,66) y Ezeiza (1,97) cerraron la tabla. Se evaluaron políticas de movilidad, eficiencia energética, gestión de residuos y cultura ecológica. “Las políticas implementadas no han logrado aún el impacto esperado”, concluyen los autores. La falta de planificación ambiental no solo agrava los problemas actuales, sino que compromete la sostenibilidad futura del AMBA.
Tecnología e infraestructura: polos de desarrollo y zonas rezagadas
Con un promedio de 2,79, la dimensión tecnológica ocupó el segundo lugar. Vicente López alcanzó un puntaje de 3,87 —el más alto de todo el informe en cualquier dimensión—, seguido por San Isidro (3,60) y Tres de Febrero (3,48). En contraposición, Moreno (1,63) quedó al final de la lista. El acceso a servicios básicos, la conectividad digital y la capacidad de innovación explican estas diferencias. La infraestructura urbana, sostiene el estudio, es clave no solo para garantizar derechos sino también para generar oportunidades.
Una herramienta para repensar lo metropolitano
El informe fue elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de Omar Quiroga. Participaron también René Escobar, Valeria Rossi, Carolina Vrizz, Rolando Matkovic, Mariana Allevato, Claudio Lagar, Pablo Casna, Sofía Bara, Fanny Vera, Mariela Cragno y Gustavo Flores. Todos ellos integran un equipo académico que combina formación técnica con compromiso público.
A modo de cierre, el documento plantea una línea de continuidad: la edición 2026 del IGEC permitirá realizar un análisis intertemporal y medir el progreso —o retroceso— de cada municipio. No se trata de una fotografía estática, sino de una guía dinámica para la toma de decisiones. El objetivo no es competir, sino aprender, cooperar y mejorar.
El AMBA, concluyen los autores, no puede seguir funcionando como una suma de partes inconexas. La magnitud de sus desafíos exige una mirada sistémica y una voluntad política que trascienda las jurisdicciones. Si, como se sostiene, el 50% del PBI argentino se produce en este territorio, entonces repensar su gobernanza ya no es una opción: es una necesidad estratégica.