En los últimos tiempos hemos sido testigos de la pérdida de confianza que experimentaron los consumidores, tras una serie de fracasos de empresas de criptomonedas y una mala gestión de los fondos de los clientes. Estas y otras conclusiones fueron incluidas en el “PwC Global Crypto Regulation Report 2023”, donde brinda una visión general del sector.
El informe presenta las perspectivas sobre cómo se están desarrollando los marcos regulatorios alrededor del mundo, al mismo tiempo que busca identificar cómo ello puede afectar a los participantes y a los proveedores de servicios virtuales en el sector de servicios financieros. El riesgo que implica mantener la integridad del mercado demuestra la necesidad de aplicar una política reguladora que sea de enfoque global y rápido y un marco de supervisión para garantizar una mayor protección de los consumidores.
La regulación global de los activos digitales ha crecido rápidamente y está cada vez más interconectada con el ecosistema financiero tradicional, incrementando también el impacto en la estabilidad de este sector. Los riesgos se agudizan al ritmo de la innovación y de la falta de enfoque en la gestión de riesgos.
La Unión Europea se encuentra en una etapa avanzada de regulación de este mercado. En los Emiratos Árabes Unidos, Dubái está estableciendo la primera autoridad centrada en activos virtuales. Por su parte, Suiza ha integrado uno de los marcos regulatorios más maduros que permite a los participantes del mercado obtener certeza sobre el tratamiento legal y regulatorio de sus proyectos y actividades previstas.
Varios países están investigando, definiendo, consultando, negociando y legislando para incluir los activos digitales en el marco de los servicios financieros existentes, aun así, la velocidad de la acción, los enfoques adoptados, la cobertura de productos y servicios e incluso las definiciones y terminología utilizadas, todavía permanecen fragmentados.
“Aunque no en todos los casos los plazos reglamentarios están fijados, el rumbo está claro. Las empresas que trabajan con activos digitales deben estar preparadas para normas más estrictas que las actuales. Por más que este cambio no sucederá en el corto plazo, la vara está subiendo para equiparar las obligaciones de las empresas de activos digitales con las de servicios financieros tradicionales”, comenta Juan Manuel Magadán, socio de PwC Argentina de la práctica de asesoramiento impositivo y legal.
Qué deben hacer las empresas
- El ecosistema de los activos digitales ha llegado a un punto de inflexión. Mientras que las instituciones financieras tradicionales han experimentado, de una forma u otra, con la Tecnología de Contabilidad Distribuida (DLT por sus siglas en inglés), las empresas nativas de criptomonedas son las que definen y transforman el sector a través de la innovación. A medida que crezca el uso de la tecnología en ambos casos, en algún punto se encontrarán.
- Con la entrada en vigor de los marcos regulatorios de los activos digitales, las organizaciones nativas de criptomonedas se enfrentan cada vez más a adoptar enfoques más “tradicionales” en materia de gobierno corporativo, compliance y gestión de riesgos.
- Cualquiera que sea el origen de la organización – nativa de criptomonedas o de finanzas tradicionales- con la llegada de la regulación cripto, las preguntas son las mismas: ¿Qué tipo de servicios de activos se quiere ofrecer? ¿Cuál es el derecho a participar y en qué puede diferenciarse?, y todo ello debería estar contemplado en la estrategia de riesgos.
Los organismos reguladores a nivel mundial han levantado la voz respecto de las amenazas que el mercado de activos digitales podría significar para la estabilidad financiera mundial. La escala, vulnerabilidades estructurales y la creciente interconexión con el sistema financiero tradicional son hechos imposibles de ignorar.
“El mensaje central sigue siendo el mismo: los marcos nacionales de regulación y supervisión deben basarse en el principio de “misma actividad, mismo riesgo, misma regulación”. Y aunque las recomendaciones y orientaciones pueden no tener un carácter jurídico, está claro que brindan una dirección certera a las autoridades nacionales y a los distintos stakeholders que integran el mercado del mundo crypto”, finaliza el socio de PwC Argentina.
