Por Rachel Kyte (*)
Tanto para aumentar la financiación climática con el fin de ayudar a los países de bajos ingresos a adaptarse al cambio climático y a la transición a la energía limpia.
Dediqué gran parte de mi carrera a las finanzas internacionales en el Banco Mundial y las Naciones Unidas y ahora asesoro a fondos de desarrollo públicos y privados y enseño diplomacia climática centrada en las finanzas. La financiación del clima ha sido uno de los temas más espinosos de las negociaciones climáticas mundiales durante décadas, pero veo cuatro signos prometedores de progreso en la COP27.
Hacia el cero neto, sin greenwashing
En primer lugar, el objetivo –conseguir cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 para detener el calentamiento global– está más claro.
La anterior conferencia sobre el clima, la COP26 de Glasgow (Escocia), estuvo a punto de fracasar por la frustración de que la financiación internacional no llegara a los países en desarrollo y de que las empresas y las instituciones financieras hicieran greenwashing, es decir, hicieran anuncios que no podían respaldar. Un año después, algo parece estar cambiando.
En 2021, el sector financiero llegó por primera vez a la COP26 con toda su fuerza. Los bancos privados, las aseguradoras y los inversores institucionales, que representan 130 billones de dólares, aseguraron que alinearían sus inversiones con el objetivo de mantener el calentamiento global en 1,5 ℃, una promesa de cero neto.
Esto aumentaría la financiación para el crecimiento verde y la transición a energías limpias, y reduciría las inversiones en combustibles fósiles. Fue un avance aparente. Pero muchos observadores pusieron el grito en el cielo y acusaron a las instituciones financieras de greenwashing.
En el año transcurrido desde entonces, una comisión de la ONU ha puesto una línea roja en torno al greenwashing, delimitando lo que debe hacer una empresa o institución para hacer una afirmación creíble sobre sus objetivos de cero emisiones netas. Su lista de comprobación no es obligatoria, pero establece un listón muy alto basado en la ciencia y ayudará a que las empresas y los inversores rindan cuentas.
Reformas en las instituciones financieras
En segundo lugar, el funcionamiento de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está recibiendo una atención muy necesaria.
En los últimos 12 meses, ha crecido la frustración con el sistema financiero internacional, especialmente con la dirección del Grupo del Banco Mundial. Los países de bajos ingresos se quejan desde hace tiempo de tener que pedir préstamos para financiar la resiliencia a los impactos climáticos que no han causado, y han pedido que los bancos de desarrollo asuman más riesgos y aprovechen más la inversión privada para proyectos muy necesarios, incluida la expansión de las energías renovables.
Esa frustración ha culminado en la presión para que el presidente del Banco Mundial, David Malpass, dimita. Malpass, nominado por la Administración Trump en 2019, se ha aferrado al puesto por ahora, pero Estados Unidos, Europa y otros le exigen presentar una nueva hoja de ruta para la respuesta del Banco Mundial al cambio climático este año.
La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, una de las principales voces a favor de la reforma, y otros han pedido que el billón de dólares que ya está en el sistema financiero internacional se reoriente a proyectos de resiliencia climática para ayudar a los países vulnerables a protegerse de futuros desastres climáticos.
En la COP27, el presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó el llamamiento de Mottley para que se reorganice el funcionamiento de las finanzas internacionales y juntos han acordado crear un grupo para sugerir cambios en la próxima reunión de los gobernadores del FMI y del Banco Mundial en la primavera de 2023.
Mientras tanto, los bancos regionales de desarrollo se han reinventado para atender mejor las necesidades de sus países. El Banco Interamericano de Desarrollo, centrado en América Latina y el Caribe, está considerando la posibilidad de cambiar su modelo de negocio para asumir más riesgos y atraer más inversiones del sector privado. El Banco Asiático de Desarrollo ha puesto en marcha un nuevo modelo operativo diseñado para lograr mayores resultados en materia de clima y aprovechar la financiación privada de forma más eficaz.
La financiación privada comienza a fluir
En tercer lugar, se están desarrollando más asociaciones público-privadas para acelerar la descarbonización e impulsar la transición energética.
La primera de estas asociaciones para la transición energética justa, anunciada en 2021, se diseñó para apoyar la transición de Sudáfrica hacia el abandono del carbón. Se basa en una combinación de subvenciones, préstamos e inversiones, así como en el reparto de riesgos para ayudar a atraer más financiación del sector privado.
Indonesia espera anunciar una asociación similar en la cumbre del G-20. Vietnam está trabajando en otra, y Egipto anunció una nueva e importante asociación en la COP27.
Sin embargo, la financiación pública ha sido difícil de conseguir. Las arcas de los países desarrollados están disminuyendo y los gobiernos no pueden o no quieren mantener sus compromisos. Ahora, la presión de la guerra en Ucrania y las crisis económicas se suman a sus problemas.
La falta de fondos públicos fue el impulso de la propuesta del enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, de utilizar una nueva forma de compensación de carbono para pagar las inversiones en energía verde en los países que están abandonando el carbón.
La idea, en síntesis, consiste en que los países dependientes del carbón puedan vender créditos de carbono a las empresas, y los ingresos se destinarían a financiar proyectos de energía limpia. Los países acelerarían su salida del carbón y reducirían sus emisiones, y las empresas privadas podrían entonces reclamar esa reducción en su propia contabilidad hacia las emisiones netas cero.
A nivel mundial, los mercados voluntarios de carbono para estas compensaciones han crecido de 300 millones de dólares a 2 000 millones de dólares desde 2019, pero siguen siendo relativamente pequeños y frágiles y necesitan normas más sólidas.
La propuesta de Kerry suscitó críticas, a la espera de la letra pequeña, por el temor a inundar el mercado con créditos industriales, colapsar los precios y permitir potencialmente que las empresas del mundo desarrollado maquillen de verde sus propias promesas retirando carbón en el mundo en desarrollo.
Nuevas normas
En cuarto lugar, están surgiendo nuevas normas para reforzar esos mercados voluntarios de carbono.
Se espera un nuevo conjunto de “principios de créditos de carbono de alta integridad” para 2023. Ya se ha publicado un código de conducta sobre cómo las empresas pueden utilizar los mercados voluntarios de carbono para cumplir sus pretensiones de cero neto, y las normas para garantizar que los planes de una empresa cumplen los objetivos del Acuerdo de París están evolucionando.
Increíblemente, todos estos avances quedan al margen del Acuerdo de París, que se limita a pedir a los gobiernos que “los flujos de financiación sean coherentes con el camino hacia las bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima”.
Los negociadores parecen reacios a mencionar este movimiento de reforma generalizado en el texto formal que se está negociando en la COP27, pero no pueden ignorarlo en los pasillos de la cumbre en Egipto. Ha tardado en llegar, pero el cambio en el sistema financiero está en camino.
(*) Dean of the Fletcher School, Tufts University,
