En la era digital, las cuestiones de la vida privada son temas comunes de discusión. Con frecuencia, se debate sobre el acceso a datos personales, obtenidos por el uso de las tarjetas de crédito, el correo electrónico, las ventas telefónicas e Internet. Hay opiniones divididas entre los que aprovechan de esta información y los que la protegen. Un tema menos conversado es el hecho de que las empresas utilicen la tecnología para controlar el comportamiento de los empleados.
La Constitución de Estados Unidos protege la vida privada de los individuos en el hogar, pero no así en el lugar de trabajo. Según un estudio realizado por la American Management Association, más de 40% de las 1.085 empresas encuestadas ejerce cierto tipo de control indebido sobre sus empleados.
Con la ayuda de software de última generación, los empleadores pueden controlar el correo electrónico y escuchar los mensajes y las conversaciones telefónicas, sin que lo sepan los empleados. Asimismo, las empresas registran las operaciones de la computadora y filman el desempeño laboral de los trabajadores. De las empresas encuestadas, 61% toma pruebas aleatorias para verificar el consumo de drogas. Incluso 1% de los empleadores toma pruebas genéticas.
¿Defensa o invasión?
Una cantidad creciente de proveedores de software ha empezado a ofrecer programas de monitoreo cada vez más complejos, que se pueden instalar y activar sin el conocimiento de los empleados. La excusa es que esos programas permiten un ahorro legítimo de costos, porque previenen las estafas y el robo de información, y castigan la pereza. Los defensores de los trabajadores insisten en que la vigilancia laboral no es más que una invasión a la vida privada.
Hasta ahora, los tribunales norteamericanos tienden a favorecer a las empresas. Como no existe una ley federal, los estados han creado su propia legislación en la materia, pero no protegen el correo electrónico, los mensajes o las comunicaciones telefónicas de los empleados. Más aún, ningún estado prohíbe las pruebas psicológicas.
Hay quienes consideran que se debería exigir a las empresas que definan, con claridad, sus políticas sobre la vida privada, que no controlen las comunicaciones personales, que no pongan cámaras de video en guardarropas y baños, y que avisen a los empleados cuando se controlen los llamados telefónicos.
La polémica no se desvanecerá. Dado que la tecnología para la vigilancia crece en sofisticación y transparencia, las empresas presentarán una fuerte oposición a las actividades encubiertas para controlar a los empleados. Además, en la próxima era económica, donde el capital intelectual es el recurso de mayor valor, es muy probable que el gobierno tome medidas si las empresas no interrumpen tales actividades voluntariamente.