¿Quién paga los impuestos en la Argentina? La pregunta
no sólo es válida cuando se considera una determinada
estructura tributaria sino también (y sobre todo) en
circunstancias como la presente, cuando se pretende reformarla.
La cuestión de cómo se reparte la carga tributaria
en la Argentina remite a dos aspectos complementarios. Por una parte,
la cuestión de los impuestos directos e indirectos y, por la
otra, el tema de la justicia distributiva. Los impuestos de tipo
indirecto son aquellos que, en principio, tienden a trasladarse a los
precios de los bienes y servicios o de los llamados factores de la
producción. En cambio, los gravámenes de tipo directo
son aquellos que, teóricamente, no son trasladables. Ejemplos
de los primeros son el IVA y el impuesto a los combustibles; de los
segundos, el impuesto a las ganancias, a los patrimonios y a los
activos.
Con respecto de la justicia en el reparto de la carga tributaria,
si a medida que se avanza en la escala de la capacidad contributiva
se paga un porcentaje mayor, se dirá que el tributo, o la
estructura impositiva, es progresivo.
El proyecto
La intensa acción de lobby que se ha desatado
después de que se difundiera el contenido esencial de la
propuesta oficial de reforma tributaria pone en duda que el proyecto
sea finalmente aprobado. Son sugestivos, por otra parte, los cambios
que se observan entre la versión original y la finalmente
difundida por las autoridades económicas. Mientras la primera
suponía una traslación de ingresos desde el sector
privado hacia el público de US$ 1.460 millones anuales, la
versión difundida no muestra ninguna ganancia de
recaudación para las arcas estatales.
El punto no sería relevante si las cuentas públicas
estuvieran en equilibrio. Pero, en la actualidad, los resultados
fiscales exhiben un déficit que, a juicio de la mayoría
de los analistas, será incluso superior al acordado con el
FMI. Además, la situación de creciente déficit
comercial externo &emdash;que ya superó los US$ 5.000 millones
en el acumulado de los últimos 12 meses&emdash; pone en marcha
un mecanismo de consulta con las autoridades del Fondo para tomar
medidas que enfríen la economía. Y la reducción
del déficit público o su eliminación es una de
las recetas más recomendadas por el FMI para tratar de
alcanzar una posición viable en la balanza de pagos externos
del país.
El impacto neto &emdash;entre ganancias y pérdidas de
recaudación&emdash; dentro de los impuestos que se pueden
trasladar es de una caída en los ingresos de $ 1.100 millones
anuales. Esa reducción es totalmente compensada con los
mayores ingresos provenientes de la recaudación de tributos de
tipo directo. Cabe destacar que en el proyecto original la
progresividad global era aun mayor: la recaudación de los
impuestos indirectos disminuía en 1.747 millones y la
correspondiente a los directos se incrementaba en 3.208 millones.
En cuanto a los efectos de la reforma en el sector privado, si se
enfoca en primer lugar lo que sucedería entre las empresas y
las familias, en principio las firmas recibirían una
traslación neta de ingresos de $ 1.900 millones. Claro que, si
las empresas trasladan a los precios el resultado neto, y no aumentan
su nivel de ganancia, de las transferencias a favor y en contra
derivadas de la reforma, el impacto final tendería a ser
neutro. Que esto se verifique en la práctica dependerá
de la presión de la competencia interna y, principalmente, de
la externa.
En el caso de las familias el efecto neto sería negativo en
$ 1.900 millones: $ 700 millones originados en la eliminación
de sectores exentos en el IVA, $ 700 millones derivados de los
mayores impuestos internos, $ 600 millones que provendrían del
impuesto a los intereses, que sería un gravamen totalmente
trasladable, menos los $ 100 millones de la reducción de la
tasa del IVA para algunos consumos populares. Resulta evidente que
sólo una acción clara de las autoridades orientada a
amortiguar el impacto negativo sobre las familias podría
aliviar la transferencia de recursos hacia las empresas.
En el caso de las empresas la cuestión se ha revelado
más compleja. Las firmas que producen bienes transables
internacionalmente reclaman que la mayor reducción de los
aportes patronales se destine hacia ellas. Argumentan que son las que
tienen que enfrentar la competencia externa tanto en el mercado local
como en el internacional. Señalan que, de no ser así,
los mayores beneficiarios de la disminución de los aportes
serán los sectores que no compiten con el exterior y,
principalmente, el sector servicios, que vería aumentada de
manera significativa su tasa de ganancia. En realidad, las quejas
empresarias se extienden también sobre el nuevo tratamiento
impositivo que se daría a los intereses de los
préstamos y sobre el gravamen a los activos.
En suma, parece evidente que el tema de la equidad vertical en
materia tributaria no constituye un aspecto que integre un lugar
destacado en la agenda impositiva actual. No obstante, se reconoce la
necesidad de hacer más progresivas las políticas
fiscales. En ese marco, se sostiene que una prioridad es maximizar la
recaudación tributaria, y la otra es alcanzar la menor
interferencia posible en el proceso de asignación de los
recursos. Por lo tanto, para hacer más progresiva la
política fiscal se debe concentrar la acción en la
reorientación del gasto público.
Para muchos analistas esta prescripción no es del todo
convincente. Argumentan, por un lado, que la realidad de los sistemas
tributarios de países como la Argentina está
todavía muy lejos de los diseños vigentes en los
países más desarrollados y, por el otro, que no
sólo existen enormes desigualdades en cuanto a la
distribución del ingreso y de la riqueza sino que,
además, las disparidades se han ido acrecentando en los
últimos años.
Comparaciones
En la década pasada, 80% de los ingresos tributarios
correspondían a impuestos indirectos. Ese porcentaje fue
creciendo hasta alcanzar su pico en 1991 con 88% de los recursos
totales. A partir de allí, y junto con los mayores esfuerzos
puestos en mejorar la recaudación del impuesto a las
ganancias, la gravitación de los impuestos indirectos se
redujo a 77%. Este sigue siendo, sin embargo, un índice muy
elevado en términos internacionales.
Un trabajo publicado por el Ministerio de Economía de la
Provincia de Buenos Aires compara la presión tributaria
existente en la Argentina con la de países como Australia,
Estados Unidos, Francia, España, Italia, Brasil y Chile.
La presión tributaria indirecta de la Argentina en
relación con su PBI es similar a la de países como
Francia, España e Italia. Pero en los gravámenes de
tipo directo se advierten grandes diferencias: un promedio de 70%
para esos tres países, frente a poco menos de 40% en el caso
de la Argentina.