Las pugnas políticas, sin duda acicateadas por el horizonte
de las elecciones de octubre, impiden al gobierno y al conjunto de la
sociedad aprovechar al menos algunos de los beneficios derivados de
una situación económica que está evolucionando
positivamente.
Dejando de lado la recesión inducida por el el efecto tequila,
durante 1996 el producto creció 4,3% y este año la tasa
llegaría a 7%. En cambio, durante el cuatrienio de oro que
siguió a la instauración del plan de Convertibilidad,
el índice promedio casi alcanzó a 9%.
Claro que abundan los contrastes en el desempeño de los
diferentes agregados. Así, mientras las exportaciones de
bienes y servicios, a precios de 1986, crecieron a razón de
3,6% anual entre 1991 y 1994, en 1996 lo hicieron a 6,3% y se espera
que en 1997 lo hagan en casi 13%. En el caso de la inversión,
que en la época dorada aumentó a razón de 25,5%
por año, luego de la recuperación de 8,3% en 1996
crecería 25% durante 1997. A la vez, las importaciones
estarían creciendo a un ritmo superior a las exportaciones,
pero inferior al del período 1991/94.
En esas condiciones, el consumo global deberá aumentar a una
tasa significativamente más baja que en los años
precedentes. Mientras entre 1991 y 1994 creció a 10% por
año, durante 1996 y 1997 se estima que lo hará a
razón de 5%. Este desempeño constituye uno más
de los indicadores de que el ajuste descendente de los salarios
nominales, que se viene produciendo a partir del efecto tequila, es
un proceso que aún no se ha agotado.
Otro de los hechos auspiciosos que han acompañado a las
fuertes tasas de crecimiento del PBI es la performance reciente de la
recaudación tributaria. La percepción del fisco no
sólo viene creciendo por arriba de los niveles registrados en
igual lapso del año anterior, sino que, además,
está en línea con las metas convenidas con el FMI.
Sin embargo, esto no fue suficiente para que durante el primer
cuatrimestre la situación fiscal mejorara. Lo que queda de
manifiesto, al comparar los niveles de déficit en ambos
períodos, es que son semejantes. Sin embargo, cuando se
incorpora el resultado de las cuentas fiscales durante mayo y, en
particular, el de la recaudación, la mayoría de las
consultoras han revisado sus pronósticos de déficit
hacia abajo: ahora, casi todas creen que es posible que el quebranto
anual se ubique en valores más cercanos a los $ 5.000
millones.
Los indicadores más optimistas se encuentran por el lado
monetario y financiero. Los depósitos siguen creciendo a un
ritmo significativo, igual que el crédito al sector privado no
financiero. El respaldo a la convertibilidad se encuentra en sus
máximos niveles (99,9%), con un monto de reservas brutas
internacionales que supera los US$ 20.000 millones. El riesgo
país, medido a través del spread sobre los bonos del
Tesoro norteamericano, tanto a 30 años como a 5, se encuentra
en los valores más reducidos desde noviembre de 1995 y en una
tendencia descendente. Por último, el Indice Merval muestra
que los precios de las acciones líderes han superado el
mítico registro de junio de 1992.
Los números del conflicto social
Frente a este alentador panorama, estudios elaborados por el
Ministerio de Trabajo revelan que en todo el país existen algo
más de 2,6 millones de personas que integran la
categoría de desocupados urbanos y rurales pobres. De ese
total, 54,6% (poco más de 1.400.000) son trabajadores
desempleados que se encuentran por debajo de la línea de
pobreza.
Esa proporción, de por sí elevada, lo es aún
más en el caso de las provincias del norte: en Formosa llega a
94,3%, en Santiago del Estero a 89,4%, en Misiones a 89,3%, en Jujuy
a 88,4% y en Chaco a 87,5%, por nombrar sólo las cinco
primeras. En los casos de Salta y Neuquén, donde se suscitaron
episodios de protesta civil, los porcentajes son también
ampliamente superiores al promedio: 76,7% y 74,4%,
respectivamente.
Estos datos indican que 7,4% de la población total son
desocupados urbanos o rurales pobres, y que 4,1% se encuentra por
debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, 16 de los 24
estados federados registran cifras superiores al promedio. Los ocho
privilegiados son las provincias de La Pampa, Mendoza, Buenos Aires,
Chubut, Córdoba, Tierra del Fuego y Santa Cruz, y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la situación más
crítica se encuentran Santiago del Estero, Formosa, Chaco,
Salta y Misiones. Jujuy y Neuquén se ubican, respectivamente,
en la 8ª y 11ª posiciones.
Por lo demás, tanto Salta (50% por debajo) como Jujuy (63%)
son provincias cuyos ingresos medios por habitante se encuentran muy
alejados de la media nacional. Al contrario, Neuquén presenta
una situación mejor que la del promedio del país, lo
que refleja que, a diferencia de lo que sucede en los dos distritos
del Noroeste, el conflicto de Cutral-Co reconoce una raíz
más local.
No obstante, las fuentes de la conflictividad social no se limitan a
la pérdida del empleo y, consecuentemente, del salario.
También cuenta la desigual estructura de ingresos de los
trabajadores con relación de dependencia que perciben sus
haberes en blanco. Según datos del Ministerio de Trabajo,
aunque la remuneración promedio se ubica actualmente en torno
de $ 950 por mes, 42,6% de los asalariados percibe ingresos
inferiores a $ 500 por mes; 29,8%, entre $ 501 y $ 1.000 por mes;
12,1%, entre $ 1.001 y $ 1.500, y 15,5%, más de $ 1.500.
Si se considera que el costo de la canasta para una familia tipo es
de $ 1.600 por mes, queda claro que sólo 15% de los
trabajadores en blanco puede afrontar ese gasto con su salario. Aun
si se redujera la canasta a los consumos más básicos,
cuyo costo sería de poco más de $ 1.000 por mes,
sólo estaría al alcance de los ingresos de 28% de los
asalariados.
Esos datos, junto a otros tales como la esperanza de vida al nacer y
el nivel de alfabetización, conforman el Indice de Desarrollo
Humano elaborado por las Naciones Unidas. La última
versión de ese indicador, recientemente difundida y que en el
caso de la Argentina toma en cuenta los registros de 1994 —el
mejor año desde la convertibilidad—, señala que el
país retrocedió seis puestos (del 30º al 36º
) en el ordenamiento mundial, y se sitúa por debajo de otras
naciones del continente, como Barbados, Bahamas, Antigua, Chile y
Costa Rica.
