Las dificultades fiscales que atraviesa la provincia de Río Negro ocupan las páginas de los diarios con asiduidad. Sin embargo, su
origen es un hecho generalmente ignorado. Para introducir la cuestión, existen dos indicadores que sirven para poner en perspectiva
las causas y magnitud de los problemas. El déficit estimado para 1995 sería de $ 137 millones, a los que hay que sumarle, para
llegar a las necesidades de caja, los vencimientos por amortizaciones de $ 52 millones. De esta forma, el déficit de Río Negro
representaría 22,9% de sus recursos totales.
Este índice sólo sería superado en 1995 por tres provincias, dos de ellas de menor tamaño, un hecho de relevancia a la hora
de evaluar la capacidad de la administración nacional de facilitar auxilio financiero.
El otro indicador que explica parte de la crisis provincial es la proporción de gasto en personal con respecto al gasto total:
61,3% en 1995. Sólo cuatro provincias, de menor tamaño que Río Negro, destinarán una proporción mayor en este rubro del
gasto.
Menos Crédito, Menos Inversiones
Los números fiscales de la provincia no muestran una gran variación entre 1994 y 1995 en lo que hace a la magnitud de los
ingresos y de los gastos. Lo que cambia, básicamente, entre estos dos períodos es la capacidad de la provincia de financiar
su déficit, ya que mientras en 1994 logró endeudarse con el sistema financiero privado y liquidó parte de los bonos por
regalías de hidrocarburos y de compensación de deudas, en 1995 debe cancelar los préstamos sin poder obtener
financiamiento nuevo, a la vez que utiliza el último remanente de los bonos recibidos en 1993.
Al mismo tiempo, la provincia ha debido ajustar sus erogaciones de inversión en aproximadamente $ 40 millones con
respecto a 1994, de modo que los gastos de capital representan ahora sólo 15% del total, cuando el índice correspondiente a
1994 era 19%.
La imposibilidad de refinanciar los pasivos de corto plazo ha llevado a que entre enero y julio la provincia vea retenido 48% de sus
recursos por coparticipación para saldar sus compromisos financieros, un porcentaje que se ha elevado entre julio y octubre. Debido
a que la coparticipación representa 40% de los recursos provinciales, la administración provincial comenzó un fuerte proceso de
acumulación de deuda por salarios con los empleados públicos, y por transferencias con los municipios.
De esta forma, Río Negro continúa su proceso de acumulación de deudas de corto plazo, que ya llegaba a $ 365 millones en
diciembre del año anterior. Este fenómeno será difícil de revertir mientras la provincia mantenga su déficit operativo de
aproximadamente $ 10 millones mensuales.
Sin embargo, el proceso de transición política por el cambio de gobierno ha generado una situación en la que las decisiones que
puedan torcer el esquema actual se han visto demoradas. En el corto plazo, una alternativa viable para la provincia pasa por la
privatización de sus activos públicos (banco, empresa de energía y paquetes accionarios de empresas hidroeléctricas) y la obtención
de recursos que le permitan mejorar el perfil de vencimientos de sus obligaciones y cancelar la deuda por salarios, transferencias y
jubilaciones. A mediano plazo, Río Negro deberá equilibrar sus cuentas, y para ello exhibe una ventaja: sus finanzas públicas están
en crisis, pero cuenta con un sector privado que se encuentra en una coyuntura más favorable que la mayoría de las restantes
provincias. Como dato ilustrativo basta recordar que en mayo de este año la tasa de desempleo registrada en el Alto Valle de Río
Negro era de 6,9%, comparada con el elevado índice de 18,6% a nivel nacional.