En 1994, el déficit de Tucumán fue de alrededor de $ 129 millones, lo que equivale a una décima parte del total de las
necesidades de financiamiento que tuvieron los 24 estados provinciales. Para cubrir esta brecha la provincia se endeudó con
el sistema financiero privado en $ 76 millones y recibió de la Nación préstamos en Bonos del Tesoro por $ 107,8 millones.
Esto le permitió hacer frente a su déficit corriente y a pagos por amortizaciones de la deuda de $ 32 millones.
Las cifras del año pasado revelaron, en rigor, un deterioro con respecto a 1993, cuando la provincia había obtenido un superávit de
$ 14 millones. En términos generales, la crisis se explica a partir del estancamiento del total de recursos con un nivel de gasto
creciente (19% de aumento). En 1994, los egresos en personal resultaron 13% superiores a los de 1993, mientras que los gastos de
capital aumentaron en un porcentaje mayor.
El porcentaje del gasto corriente dentro del total se situó claramente por debajo del promedio del total nacional, lo cual
representa un rasgo claramente positivo. Mientras que para Tucumán este valor es de 81,1%, para el promedio de las 24
administraciones provinciales es de 87,2%. Sólo Formosa, Santa Cruz, San Luis y La Pampa se sitúan por encima de
Tucumán.
Al mismo tiempo, es importante destacar que entre 1991 y 1994 los egresos corrientes de la provincia crecieron en 52%,
contra 64% del promedio nacional. La diferencia se explica por el importante incremento de los gastos de capital de
Tucumán, que crecieron 300% en ese mismo peródo, mientras que el total nacional aumentaba en 81%.
Es cierto que el punto de partida para el crecimiento de los gastos de capital era realmente bajo en el caso de Tucumán, pero
puede considerarse que la última administración mejoró sustancialmente la proporción en la estructura del gasto. Entre
1991 y 1994 la participación de los gastos de capital en la provincia pasó de 6% a 14% de los gastos totales.
El gasto en personal representa 67% del total de los gastos corrientes, frente a un promedio de 60,8% de todas las
provincias. Los pagos de intereses de la deuda representaron en 1994 apenas 0,3% de los gastos corrientes, contra 2,4% de
la media nacional. Pero es probable que en 1995 se invierta la tendencia, ya que el fuerte endeudamiento en el que incurrió
Tucumán durante 1994 obligará a pagar más intereses, que podrían repercutir en las restantes partidas de gasto corriente.
La Caída de los Ingresos
Es necesario hacer un análisis de la composición de los ingresos provinciales para intentar estimar en cuánto puede verse
afectada la provincia por la caída en la recaudación tributaria. Durante el primer trimestre de 1995 las transferencias
corrientes de la Nación a las provincias disminuyeron en 5,3% con respecto al mismo peródo de 1994. La merma en la
recaudación de los principales impuestos coparticipados fue el principal factor determinante de este hecho.
Durante 1994 los ingresos corrientes de la provincia se repartieron de este modo: sobre un total de $ 742 millones, los
recursos de jurisdicción provincial sumaron $ 175 millones, mientras que los de jurisdicción nacional totalizaron $ 567
millones. De estos últimos, $ 488 millones correspondieron a coparticipación. Además, la provincia recibió $ 47 millones
de aportes, lo que lleva el total de recursos y aportes a $ 790 millones.
La proporción de recursos de jurisdicción provincial se sitúa, en Tucumán, muy por debajo del promedio nacional: 23,6%
frente a 29%. A esta altura del año está claro que la coparticipación que recibirán las provincias no será (ni siquiera
partiendo de las hipótesis más optimistas) superior a la que recibieron en 1994. De modo que un grado relativamente alto de
dependencia de los recursos de la administración central constituye un dato preocupante.
Por supuesto que también es de importancia en el análisis considerar cómo será el comportamiento de la economía regional
con respecto al agregado, ya que si se espera que la crisis impacte con más fuerza en la provincia que en la Nación, un
fuerte componente de recursos propios puede ser un arma de doble filo.
Las Perspectivas
Podría decirse que la situación fiscal de Tucumán luce complicada en 1995, pero que el gobierno provincial ha sido sólo en
parte responsable de este hecho. El caso se parece no sólo al de otras administraciones, sino también al de empresas
privadas o incluso individuos. El déficit de 1994 y las dificultades de 1995 podrían entenderse en el marco de una economía
que venía montada sobre una tasa y una expectativa de crecimiento muy elevada y que de pronto es desviada de esa
trayectoria por un shock que afecta sus ingresos, sus posibilidades de financiamiento, y que debería terminar en última
instancia en una reducción del gasto. El hecho de que la provincia haya mejorado su perfil de gasto en los últimos años será
una ayuda importante a la hora del ajuste, ya que resulta más sencillo (sin juicios de valor acerca de lo que sería correcto)
reducir los gastos de capital que bajar los salarios.
Es preciso tener presente que la carta de intención suscripta entre la Argentina y el FMI pone límites muy concretos a la
posibilidad de la Nación de financiar como ha sido habitual entre 1993 y 1994 a las provincias mediante la emisión de
bonos del Tesoro, y restringe la posibilidad de los estados provinciales de aumentar su endeudamiento con el sistema
financiero privado.
Puestas en esta situación, y ante la disminución tal vez transitoria de sus ingresos nominales, a las provincias les
quedan pocos caminos a seguir. El más recomendable pasa por racionalizar el gasto, sin embargo también puede acudirse a
la venta de activos públicos (privatizaciones) o a la peor solución, que sería la utilización de la banca provincial oficial
como fuente alternativa de financiamiento.
En ese marco, la provincia de Tucumán ha encarado la venta de los servicios de agua potable (ya concretada), y de 51% de
la empresa eléctrica. Además se planea la colocación de 60% de las acciones del Banco Provincial. La entidad cuenta con
un reducido patrimonio ($ 11,5 millones a agosto del 94) y una alta proporción de cartera anormal.
(*) Economista de la firma consultora Macroeconómica SA.