El 12 de junio, MERCADO ponía su foco de atención en las pujas desatadas en torno a la renegociación de los convenios colectivos de trabajo. En medio de un torrente de medidas cambiarias, resoluciones sobre importaciones y exportaciones, modificaciones en las tarifas de combustibles, electricidad y gas, aumentos en la mayoría de los productos al alcance del consumidor, las discusiones que se desarrollaban en las comisiones paritarias tomaban un giro
imprevisto: el ministerio de Economía se plantaba en una rígida posición que pretendía fijar pautas para los incrementos salariales, con una contrapartida de liberación de precios para los empresarios.
La tormenta estaba a punto de desatarse. La primera reacción fue el abandono de tareas en algunas fábricas y un comunicado de la Unión Obrera Metalúrgica rechazando toda iniciativa de ponerle un tope a las paritarias.
En medio de ese proceso, el equipo económico comenzaba a aplicar una serie de medidas para corregir el deterioro del balance comercial: nuevos tipos de cambio y disposiciones complementarias que apuntaban al mismo objetivo. Si bien el reajuste había sido grande, más importante aún era la política global orientada a alentar permanentemente la exportación. Con respecto a las finanzas, otro de los puntos neurálgicos, el aumento de las tarifas permitía dar un gran paso para contener el déficit fiscal.
Siete días más tarde, el ministro Celestino Rodrigo lanzaba una ofensiva a fondo. La firma de los primeros convenios marcaba las líneas generales del esquema, con un aumento promedio de 51%.
La información extraoficial recogida en los ministerios de Economía y de Trabajo revelaba la intención de las autoridades de establecer como primera prioridad la protección de los sectores sociales que percibían el salario mínimo, es decir unos tres millones de personas. La clase media, por su parte, se vería favorecida con la eliminación del impuesto a los réditos a la cuarta categoría y,
como una medida social para todos los segmentos de la población, se planeaba la formación de una nueva canasta familiar integrada por unos 20 o 25 productos de alimentación y artículos de tocador y menaje, cuyos precios debían ser mantenidos por las empresas al mínimo nivel posible, descargando la diferencia sobre otras líneas no imprescindibles.
Pero, mientras las paritarias entraban en un período de definición, se tomaba a nivel oficial la decisión de liberar el precio del ganado en pie, que pasaría así de 5,50 pesos a aproximadamente 10, aunque sin avanzar sobre el resto de las etapas de comercialización por obvias razones políticas. Con los convenios de trabajo en la recta final, era impensable autorizar un aumento en el precio de la
carne a nivel minorista, generalmente explosivo desde el punto de vista del costo de vida.
Para mediados de julio, el tema convocante del análisis de fondo era la hiperinflación. En el mes de junio se había registrado un incremento de 20,1%; teniendo en cuenta esa alza y las tasas anteriores, más una proyección módica para el resto del año, el cálculo para 1975 arrojaba una cifra cercana a 200%.
Roberto Alemann señalaba entonces que después de 30 años de soportar la inflación el argentino se había doctorado en el tema, pero que el atravesar la barrera de 100% anual para dirigirse a 200 a una velocidad tan increíble no le daba tiempo para asimilar la nueva situación. “Las relaciones entre el que vende y el que compra”, decía, “se van a endurecer ferozmente y los pagos van a ser estrictamente al contado.” La alternativa que se planteaba entonces era hiperinflación con o sin recesión. Para Alemann, “una recesión puede ser breve y amortiguada, y desde un punto de vista psicológico soportable siempre que se sepa que hay un nuevo impulso a las inversiones productivas.”