Pese a las turbulencias políticas previas a la elección de convencionales, los conflictos internos en el gobierno, las incógnitas que genera la reforma constitucional y el retraso en la flexibilización laboral, la actividad industrial mostró una nueva expansión en el primer trimestre del año. Según las
estimaciones de FIEL, la producción industrial creció en promedio 6,4% si se la compara con el primer trimestre de 1993. De esta forma, el nivel de producción de enero-marzo de este año resultó ser un récord histórico en comparación con los primeros trimestres desde 1980. No obstante, el gobierno decidió reformular sus proyecciones de crecimiento para el mediano plazo admitiendo la posibilidad de que el ritmo de expansión sea sensiblemente menor al proyectado hace un año. La hipótesis de desaceleración del crecimiento está relacionada con la probable reducción del ingreso de capitales.
Según las nuevas previsiones, la economía tendrá una expansión de entre 4,5% y 6,5% este año y el próximo, y 5% en 1996.
En abril, el comportamiento de los precios fue nuevamente un motivo de satisfacción para el equipo económico (ver cuadro 1). A nivel mayorista se observa que, a pesar del aumento de 0,5% en el mes, acumulan una caída de 1,5% en los últimos 12 meses. A nivel minorista el reducido incremento de
abril (0,2%) oculta un hecho de mayor relevancia: por primera vez durante la vigencia del plan de convertibilidad los precios de los bienes subieron más que los de los servicios. El incremento de estos últimos fue de apenas 0,1%, lo que probablemente refleja una desaceleración en la demanda. De esta forma se produjo una pequeña corrección en el precio relativo entre bienes y servicios que, como es sabido, acumuló una fuerte distorsión durante el plan de convertibilidad.
El moderado comportamiento de los precios se reflejó también en el tipo de cambio real, que se mantiene estabilizado en el nivel promedio del año anterior. Por ende, la reducción del costo laboral observada en el segundo bimestre como consecuencia de la reducción de aportes patronales dio
lugar a una mejora en la competitividad de los productores de bienes comercializables (bienes que, a diferencia de la mayoría de los servicios, se pueden importar o exportar).
Como contrapartida, la situación fiscal del primer trimestre fue menos halagüeña: en un momento en que resulta necesario un aumento del ahorro interno para evitar que una reducción en la entrada de capitales afecte la tasa de inversión, se produjo un fuerte aumento en el gasto público.
En efecto, las erogaciones del sector público no financiero fueron 26% superiores a las del mismo período del año anterior. Como los ingresos corrientes aumentaron en menor medida (18%), el superávit operativo (o sea, superávit primario sin ingresos de capital) se redujo 40%, alcanzando $
700 millones. Aun así, el superávit fue suficiente para financiar los pagos de intereses de la deuda pública, por lo que el programa fiscal conservó su solidez (ver gráfico 2). Sin embargo, los mayores desafíos vendrán en los próximos meses, cuando el gobierno deberá aumentar su superávit (la meta anual convenida con el FMI es de $ 3.600 millones), debiendo afrontar una disminución de ingresos por el desvío de los aportes previsionales de los trabajadores hacia las AFJP´s y por la reducción de aportes patronales. Además, la evolución futura de las cuentas fiscales estará condicionada por el
aumento de los reembolsos para las exportaciones agroindustriales que anunció el Presidente el 1º de mayo.
Las cuentas externas siguen siendo motivo de preocupación y exigen una mirada cada vez más atenta. Por un lado, porque el déficit comercial sigue creciendo y se encamina hacia un nuevo récord en 1994 (se ubicaría entre US$ 4.500 y 5.500 millones). En el primer bimestre, el déficit superó los US$ 1.100 millones debido al lento crecimiento de las exportaciones (4,4% comparadas con el primer bimestre de 1993) y al veloz incremento de las importaciones (55,2%). Comparando con otros períodos de relativa normalidad, se observa que la relación exportaciones/PBI se encuentra en un nivel que sólo supera al de 1980 (ver cuadro 3) mientras las relaciones importaciones/PBI y déficit comercial/PBI están en un máximo.
Por otro lado, el aumento de las tasas internacionales de interés probablemente ocasione una reducción de la entrada de capitales al país, dificultando el financiamiento de las cuentas externas.
Sin embargo, el deterioro de las condiciones internacionales no debe ser dramatizado. Si se compara la situación actual con la de los años previos a la crisis de la deuda, la inflación en Estados Unidos es hoy mucho menor, por lo que es mucho menor también el nivel de tasas de interés necesario para
estabilizar la economía; asimismo, la evolución de las cuentas fiscales norteamericanas no permite prever -al menos por ahora- bruscos aumentos en las tasas de interés. En tal caso, los capitales seguirán viniendo a la Argentina por el diferencial de tasas de retorno.
Además debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, una parte no despreciable de las importaciones se financia con créditos comerciales a mediano y largo plazo: en general, las importaciones de bienes de capital traen aparejado su propio ingreso de capitales.
Como en la Argentina estas importaciones vienen creciendo, no sólo en términos absolutos sino también en términos relativos (ver gráfico 4), el nuevo financiamiento que aportan es mayor que los vencimientos de créditos obtenidos por importaciones de períodos anteriores.
La pregunta a formularse es, obviamente, qué pasaría si el ingreso de capitales voluntarios resultara insuficiente. En tal caso, difícilmente Cavallo se resigne a devaluar. Primero, porque no le va a resultar fácil: conseguir una nueva ley de convertibilidad no sería sencillo y hacerlo a través de un decreto de necesidad y urgencia quitaría toda credibilidad a la futura política cambiaria y, naturalmente, al ministro de Economía. Segundo, porque una devaluación en la Argentina de la poshiperinflación sólo lograría una pequeña corrección en los precios relativos: como los servicios públicos privatizados tienen sus tarifas dolarizadas, la mejora en la rentabilidad de los productores de bienes comercializables dependería fundamentalmente de la caída del precio en dólares de los servicios privados y de los salarios. Esta caída sería difícil de sostener ya que la devaluación aumentaría la puja distributiva. Tercero, porque la estabilidad tiene un valor muy alto en términos políticos tanto para Menem como para él. Y cuarto -y más importante- porque aún dispone de herramientas alternativas.
Aun si no consiguiera avanzar con las reformas de fondo (flexibilización laboral, mayor eficiencia en el gasto público, saneamiento de las finanzas provinciales, entre otras), podría subsidiar a los productores de bienes comercializables con reembolsos a la exportación, rebajas impositivas selectivas y otros mecanismos. Y si no pudiera financiar esos subsidios podría aumentar los aranceles (o imponer nuevas cuotas) a la importación, empezando con las de bienes de consumo. Por cierto, aunque estos estímulos constituyen herramientas válidas, Cavallo no puede otorgarlos en forma ilimitada, ya que tienen un costo fiscal, un costo político (especialmente los impuestos y subsidios al comercio exterior) y un costo en términos de inflación. Por consiguiente, un buen indicador del riesgo cambiario surgirá de comparar la velocidad con que debe recurrir a nuevos subsidios para los productores de bienes comercializables con la velocidad con que avancen las reformas de fondo.
Sin embargo, aunque Cavallo pueda postergar el estallido de una crisis cambiaria, un factor condicionante del éxito del plan en el largo plazo depende mucho más de los empresarios que del ministro de Economía: el desarrollo de una cultura de exportación. La decisión con que los empresarios salgan a ganar nuevos mercados y aprovechen los estímulos brindados por el gobierno
para avanzar en la reducción de costos, aumento de la eficiencia y modernización va a ser fundamental para revertir el déficit comercial.