A más de veinte meses del traspaso a la gestión privada de la distribución de la energía eléctrica, no son pocos los cortocircuitos que continúan produciéndose entre las distintas partes en juego: empresas, usuarios y organismos de contralor. Este último, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), estrenó recientemente sus facultades de sanción, formulando cargos a Edesur y
Edenor por las sumas de $ 4.023.429 y $ 4.959.511 respectivamente. ¿El motivo? No haber alcanzado las metas comprometidas, tanto en lo que hace a la calidad del servicio como a la atención técnica.
Según recordó el Enre al hacer pública esta resolución, las concesionarias dispusieron de un año a partir de su constitución como tales -la llamada etapa preliminar- “para ajustar y completar conjuntamente con el Enre las metodologías de medición y control de los indicadores de calidad”.
A partir de ese momento quedaron sometidas a los mecanismos de verificación, único instrumento con que cuenta el Estado para estimular las inversiones y la mejora en el gerenciamiento.
Consecuentemente, se vieron expuestas a ser objeto de sanciones concretas, por cierto de mucho mayor impacto que las reprimendas que acostumbraban recibir.
Vale la pena traer a colación que en junio de 1993, a raíz del episodio de los disyuntores que cortan el paso de energía ante un marcado aumento del consumo supuestamente generado por los colgados, y que dejaron sin luz a unos 150.000 usuarios del partido de La Matanza, Edenor se hizo acreedora a una severa advertencia por parte del organismo regulador, que no disponía por entonces de elementos más persuasivos.
MAREA ROJA.
Por el lado de las empresas, los lamentos, tribulaciones y justificaciones están a la orden del día.
“Cuando nos hicimos cargo del servicio”, señala Fernando Lavore, gerente de Relaciones Institucionales de Edenor, “sabíamos que existía una importante falta de mantenimiento, desinversión, un sistema comercial obsoleto. Así que nos lanzamos a pleno con planes de mantenimiento preventivo, reparación de redes de media y baja tensión, construcción de nuevas subestaciones, computarización de las agencias de atención al público; hicimos 19.000 horas hombre de capacitación, y estamos instalando un nuevo sistema informático integral”.
“Mientras tanto, incorporamos 200.000 nuevos clientes. Por supuesto que, conscientes de la situación, teníamos previsto que la rentabilidad, al comienzo, iba a ser negativa; durante 1992 perdimos un promedio de $ 13 millones mensuales, que en 1993 se redujeron a $ 5 millones por mes. Y confiamos que durante este año el rojo se va a achicar aún más. Pero atención, que esa
reducción en las pérdidas se produjo al tiempo que las tarifas disminuían, o sea que es fruto de la eficiencia de la gestión.”
En Edesur, los aires soplan en un sentido parecido. “Durante los primeros ocho meses”, sostiene el gerente general, Alfonso Torrealba, “tuvimos que dedicarnos a reestructurar la empresa, que tenía una altísima dotación de personal: eran 7.000 empleados, y nosotros creíamos que un número
muchísimo menor era suficiente para operarla. Hoy tenemos una planta de alrededor de 5.000 personas, y en ese aspecto, podemos decir que estamos razonablemente bien; aunque, probablemente, cuando seamos aún más eficientes requeriremos menos personal”.
“En números redondos, hoy estamos atendiendo a 2 millones de clientes, vendemos 10.000 millones de kilowatts-hora y estamos haciendo esfuerzos importantísimos para revertir la situación de fallas y cortes que tenía la empresa. Para ello, obviamente, hemos tenido que hacer fuertes inversiones;
desde 1992 hemos inyectado unos 130 millones, una cifra que trepa a los 134 millones en el presupuesto de este año.”
A la hora de contabilizar las pérdidas, el tono adquiere un tinte similar al de la prestadora colega. “El primer año”, recuerda Torrealba, “tuvimos una pérdida de alrededor de US$ 30 millones en cuatro meses, y en el ´93 fue de US$ 58 millones. Desde ya que nosotros no pensábamos tener utilidades ni en el primero ni el segundo año, pero no esperábamos llegar a esa magnitud de rojo”.
“Yo creo que aquí hay algo muy importante que está pasando, y es que la ecuación financiera está muy difícil porque las tarifas no son lo suficientemente buenas. Además, hubo varias cosas que no ocurrieron como se había establecido en un principio. Por ejemplo, antes de la licitación nos dijeron
que el costo medio del personal era de US$ 24.000 anuales, pero cuando tomamos la empresa nos dimos cuenta de que ascendía a 31.000, o sea 25% más. También se nos había dicho que, dentro de los niveles de pérdida, había un gran porcentaje que correspondía al área administrativa y que por lo
tanto podía ser rápidamente revertido. Cosa que no fue así, la pérdida estaba en la calle, y para poder evitarla tuvimos que hacer -y estamos haciendo- fuertes inversiones.”
A pesar de las tribulaciones, ambas concesionarias coinciden en pronosticar que el logro de un punto de equilibrio es inminente y que, a partir del año próximo (el tercero de su gestión) comenzarán a generar utilidades. Un dato importante, si se tiene en cuenta que el primer período que les fuera
adjudicado abarca 15 años, al fin de los cuales gozarán de preferencia en el caso de que haya empate de ofertas.
EN CAPILLA.
Las disculpas y explicaciones frente a la mala nota obtenida en esta primera evaluación del Enre son variadas, abundantes y parecidas. “Nosotros nos hemos planteado mejorar notablemente la calidad del servicio”, sostiene Lavore, “pero indudablemente en esto no solamente es necesario invertir, sino
que es muy importante el tiempo; en obras de infraestructura, es muy poco lo que permite hacer el corto plazo. Para alcanzar los niveles de calidad a los que aspiramos necesitamos uno o dos años más.”
“Sabemos que hay dificultades, pero es necesario separar las cosas: Edenor es una empresa distribuidora, es decir que hay toda una serie de fallas que no son nuestras. Puede ser un problema de generación, ha habido una cantidad de accidentes meteorológicos, eventos particulares, hasta sabotaje; en un momento dado se cayeron 56 torres de alta tensión. Y como todo está conectado, el usuario que no tiene energía porque se cayeron las torres o no funciona una unidad generadora -que no tiene nada que ver con nosotros- le va a protestar a Edenor, porque es a quien le paga.”
“Eso sin mencionar, en la Capital y Gran Buenos Aires, la cuestión de las sudestadas, que es algo que ya escapa totalmente a la responsabilidad de las empresas. Por ejemplo, lo que ocurrió el último 15 de marzo, cuando se produjo la gran inundación: el corte de luz no se origina en un problema electromecánico, sino que sobreviene como consecuencia del estado general de la infraestructura de servicios de la ciudad.”
Para Alfonso Torrealba, el nivel de satisfacción de la gente con el servicio es mucho más alto que lo que se podría suponer. “Nuestras encuestas nos dicen que el porcentaje de insatisfacciones es inferior a 10%, que 30% cree que todo está igual que antes, y 60% afirma que está satisfecho o muy satisfecho.
Veamos algunas cifras que refrendan esto: si comparamos el último trimestre del año ´92 con el mismo lapso del ´93, la frecuencia media de interrupción del servicio disminuyó exactamente a la mitad. Con respecto al tiempo total de interrupción en los mismos períodos, se redujo de dos horas treinta minutos en el ´92 a una hora diez minutos en el ´93, o sea una disminución superior a 50%.”
“Todas las inversiones realizadas se hicieron apuntando a mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio. Claro que para esta empresa, como para cualquier otra, los recursos son limitados, y deben ser aplicados a aquellos lugares donde más se necesitan.”
LOS COLGADOS.
Pero hay una problema que desvela por igual a ambas empresas, y que se esgrime como elemento preponderante al momento de cuestionar la decisión del ente de control: el robo de energía, la incidencia de los colgados tanto en la preocupación por los estándares de calidad como en la vinculada a los cuadros financieros. “Cuando nos hicimos cargo del servicio”, dice Lavore, “el nivel de
robo estaba en el 20%, y hemos logrado bajarlo a 15%, que de todos modos es muchísimo”.
“El consumo clandestino no sólo atenta contra la economía de la empresa -nosotros perdíamos entre $ 5 y 6 millones mensuales por este concepto-, sino que también afecta la calidad del servicio; especialmente para todos aquellos clientes de las zonas aledañas a las de los colgados. Estos -los pertenecientes a sectores carenciados, porque también hay robo en otros niveles- son alrededor de 300.000 usuarios clandestinos, que constituyen un serio problema social. La compañía tenía una herramienta para resolver la cuestión, que es el corte; pero desde el punto de vista de la responsabilidad social no lo podíamos hacer. Nunca les cortamos la luz a las villas, sí le planteamos al Estado que este problema no lo podíamos solucionar solos, porque hay puntos, como la tenencia de la tierra y la falta de urbanización, que son de su competencia.”
Con respecto al tema, Torrealba apunta que “lo que ocurrió es que la autoridad eléctrica pensó que íbamos a seguir en la misma inacción que exhibía Segba en el pasado, pero eso no era factible, ni los que adquirieron 51% de las acciones estaban dispuestos a que lo fuera. En el contrato de concesión
está clarísima la forma de actuar que le cabe a la empresa: quien no paga, no tiene suministro. Sin duda que hay sectores de la población que no están en condiciones económicas de hacer frente a esa situación, pero no es función de la empresa otorgar subsidios, eso compete a los gobiernos”.
Finalmente, luego de un año de negociaciones entre las distribuidoras y el Estado -a nivel nacional, provincial y municipal-, se formalizó un acuerdo-marco con distribución de responsabilidades y determinación de plazos para el cumplimiento de lo acordado, a fin de regularizar la provisión eléctrica a todos los barrios carenciados.
Pero un ramalazo de insatisfacción recorre los discursos de las empresas sancionadas. “Nosotros creemos que no se han ponderado debidamente esas situaciones”, argumenta Lavore; “por un lado, el Estado nos decía: ´Muchachos, no corten´, y, por no hacerlo, en las zonas aledañas a estos bolsones, la calidad del servicio ha disminuido. La empresa planteaba: ´Contrólennos en cualquier lugar menos en éste, porque no es justo´”.
“Otro elemento fundamental es que buena parte de las interrupciones del servicio tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura, por lo que la penalización del Enre termina sancionando la inversión. Queremos un trato equitativo, que se consideren todos los factores en juego.”
Torrealba, por su parte, es contundente: “Nosotros no compartimos en absoluto lo que plantea el Enre. Hay que partir de la realidad en la que estábamos y también de lo que establecían los contratos de concesión, en cuanto a qué es lo que se debía hacer y cómo se debían medir las calidades. Ellos han calculado en $ 4 millones las bonificaciones que les corresponderían a los clientes; pero, de acuerdo con nuestro planteo, según lo que se ha convenido y firmado con las autoridades, en nuestro cálculo la multa o bonificación debería ser cero. Y como estamos seguros de esto, vamos a recurrir a todas las instancias administrativas y judiciales que las leyes nos otorgan”.