Telintar (la empresa de Telefónica y Telecom que monopoliza por ley las llamadas internacionales) quiere evitar a toda costa que ATT, Sprint, MCI, Gateway, IDT y otras compañías norteamericanas ofrezcan aquí sus servicios a tarifas que, en algunos casos, resultan hasta 60% más baratas.
Hace un mes, Telintar denunció, ante la Comisión Nacional de telecomunicaciones, a la empresa Gateway que, desde California, ofrece a sus clientes argentinos un sistema de triangulación. El abonado llama a la central en California, pagando a Telintar el primer minuto de comunicación. De inmediato, la central se comunica con el abonado y lo conecta al número deseado en cualquier lugar del mundo.
Por otra parte, ATT, MCI y Sprint ofrecen el servicio de pago con sus respectivas tarjetas a todo argentino que pueda acreditar una dirección en Estados Unidos. Cobran las llamadas a precios norteamericanos y envían la factura, si se desea, a la Argentina.
Muchos se preguntan si Telintar podrá ganar esta batalla cuando hasta Techint, uno de sus accionistas, ha contemplado la posibilidad de abonarse a uno de estos sistemas paralelos para evitar las altas tarifas locales.
NARCO DOLARES.
Aumenta la inquietud en medios financieros por la posibilidad de que se esté produciendo lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en gran escala. Sectores empresariales íntimamente conectados con el mercado local de capitales, tienen la versión de que en los últimos 24 meses han ingresado al país US$ 3 mil millones de ese origen. Un escándalo de esta naturaleza podría golpear de muerte al promisorio desarrollo del mercado financiero y poner a la Argentina en la lista negra de los grandes centros mundiales. Hay un generalizado clamor para que aumente una discreta y eficiente vigilancia sobre el origen de los recursos que se vuelcan a plaza.
Telintar AT&T MCI y
Sprint
$ US$ US$
10 Minutos 32,90 14,88 14,28
20 Minutos 65,80 25,98 25,28
30 Minutos 98,70 37,08 36,28
60 Minutos 197,40 70,38 69,28
TEMOR A CAVALLO.
Cada vez que se reúnen empresarios de la Unión Industrial, ya sea en reuniones oficiales o en corrillos informales, se registra una tendencia a endurecer posiciones frente al gobierno, o más específicamente ante el equipo económico (como ocurrió recientemente con la privatización del gas).
La presión de la caldera sube hasta que llega el momento en que se impone la pregunta: ¿quién le pone el cascabel al gato? O dicho de otro modo, quién firmará la declaración o solicitada que se ha propuesto. En ese punto se disuelve la belicosidad. Según algunos dirigentes veteranos, el temor que inspira el ministro de Economía, Domingo Cavallo, es superior al que haya generado cualquier otro titular de esa cartera. Quien ventila sus críticas -dicen los informantes- es aludido públicamente, reprendido o descalificado y llamado a silencio. Sin contar con la panoplia de recursos de control e inspección que brinda el poder, y que se utiliza con frecuencia y sin timidez.
CHILE – ARGENTINA.
El revitalizado mercado consumidor argentino de más de 30 millones de personas, y la posibilidad de acceso al Mercosur, (en especial a Brasil) estimulan el interés de los empresarios chilenos. Se estima que a fines de este año el flujo de inversiones de ese origen hacia la Argentina ascenderá a US$ 600 millones. Entre ellas se destacan las dos centrales generadoras de energía de Segba. Menos atención parecen recibir, en cambio, más las inversiones argentinas en Chile. Quilmes por ejemplo, con Cervecería Chile está atacando con éxito el mercado controlado en 90% por la local Compañías Cerveceras Unidas. Por su parte, la firma de calzado deportivo Unisol de Argentina compró 50% de Puma Chile.
MONOPOLIO II.
Cavallo no logra decidir si le otorga la concesión de todos los accesos metropolitanos al grupo formado (en tiempos de José Dromi) por Techint, Sade, Benigo Roggio y un total de 11 de las constructoras más poderosas del país, o si los privatiza uno por uno, al mejor postor, en una licitación competitiva y abierta.
Los especialistas le han explicado al ministro que cada uno de esos accesos es viable económicamente y que la competencia entre tramo y tramo obligaría a los concesionarios a bajar sus precios. Un cartel monopólico perjudicaría no sólo a los consumidores sino al propio gobierno, que a la hora de negociar y controlar se enfrentaría al mismo tiempo con las constructoras más fuertes del país.