Fujimori advirtió que el Congreso peruano era: (1) un obstáculo a su labor, y (2) el objeto de desencanto popular. La tentación era muy grande: Fujimori sabía que, cerrando el Congreso, podía – al mismo tiempo- desatarse las manos y complacer a la mayoría.
Ross Perot lo hubiese apoyado. O, al menos, comprendido. El encumbramiento de Perot es resultado de la desconfianza que, en los norteamericanos, produce la política tradicional. De hecho, Perot propone métodos de democracia directa, como los plebiscitos electrónicos, a través de la televisión interactiva. En otras palabras, formas de vadear el Congreso.
A su manera, el presidente Menem ha intentado lo mismo. A comienzos de su mandato, la Secretaría General de la Presidencia elaboró un papel de trabajo que preveía el cierre del Congreso. La difusión prematura de esa idea provocó un escándalo. El Congreso siguió funcionando, pero el Presidente se las ha ingeniado, en sucesivas ocasiones, para prescindir de los legisladores o compelerlos.
El senador liberal Romero Feris dio a conocer, hace unos días, una apabullante lista de “decretos de necesidad y urgencia” dictados por el Poder Ejecutivo desde 1989. La vaga fórmula (“necesidad y urgencia”) ha sido estirada hasta el límite -y aun más allá- para permitir que el Ejecutivo legisle, ahorrándose la mora y las dificultades que caracterizan el trámite parlamentario.
En una ocasión, el Presidente “emplazó” al Congreso a sancionar un proyecto de ley en el término de 30 días, bajo apercibimiento de “decretazo”. Los legisladores debían aprobar un texto enviado por el Ejecutivo. Si no lo hacían en el término fijado por Menem, éste firmaría un decreto… con el mismo texto.
El Presidente confía en que la Corte Suprema de Justicia, apropiadamente modelada en 1989, convalidará sus decretos-ley. El sabe que -pese a cuanto digan engolados constitucionalistas-, en la práctica, constitucional es todo aquello que la Corte acepta como tal.
La última audacia presidencial consistió en anunciar un aumento para los jubilados… sujeto a la aprobación parlamentaria del nuevo régimen previsional y la privatización de YPF.
El nuevo régimen previsional tendrá efectos de largo plazo. Sus aciertos o desaciertos serán experimentados dentro de 15, 20 ó 30 años. Lo que se decida hoy afectará -para bien o para mal- a ésta y a la próxima generación.
YPF es la mayor empresa del país y una de las más grandes de América latina. El petróleo es, por otra parte, un bien crítico, que ha originado guerras y crisis internacionales.
Cuesta decidir temas de tal trascendencia bajo presión. Cuesta, además, aceptar que una aprobación a libro cerrado de proyectos tan audaces sea necesaria para que los jubilados reciban un aumento.
Sin embargo, el Presidente intuye el beneplácito de un amplio sector de la población. El Congreso es visto como una máquina de impedir. Se supone que los legisladores carecen de la diligencia y eficacia que requieren los tiempos. La gente repite que diputados y senadores están más dispuestos a aumentar sus dietas que a sancionar la ley de Puertos (salvo que el Ejecutivo los arrincone con un “decretazo”).
Menem, como Fujimori y eventualmente Perot, sabe que ir contra el Congreso puede facilitar la labor ejecutiva y, además, producir un rédito político.
En verdad, expeditivo y eficaz no son sinónimos. Esto es lo que comprobaron, entre nosotros, Juan Carlos Onganía y algunos más. La ilusión de los antiguos militaristas era ésa: legislar a golpe de puño, sin ociosos debates ni moras.
Entre 1966 y 1983, la Argentina tuvo, apenas, 34 meses de Congreso. Las leyes se fabricaron -con diligencia- en la Casa Rosada. En esos 17 años, el país se estancó. Según el Banco Mundial, nuestro PBI per cápita “creció”, en tal período, a razón de 0,1%. La ausencia de Congreso no resolvió los problemas de la economía.
Los parlamentos son lentos por naturaleza. Armonizar los criterios de cientos de legisladores es una tarea ardua. Sin embargo, una vez armonizados, esos criterios dan origen a normas que inspiran confianza. Entre otras cosas, por lo difícil que sería armonizar criterios para cambiarlas.
Esa es la paradoja: la lentitud es el mérito de un Parlamento. Las leyes no son más que las reglas de juego a las cuales se somete una sociedad. Y, para quienes juegan ese juego -todos los miembros de esa sociedad, y quienes tienen tratos con ella, pero en particular los inversores-, nada es más importante que la estabilidad de las reglas. Allí donde las leyes se sancionan de la noche a la mañana… pueden modificarse en cualquier momento.
El Primer Mundo está construido sobre la base de la parsimonia parlamentaria. Será exasperante, pero el procedimiento de congresos y asambleas nacionales fue el que dio origen a naciones y economías que envidiamos. En cambio, nadie alcanzó el éxito, en el mundo contemporáneo, con bandos reales.
La seguridad jurídica es una ventaja comparativa. Las sociedades con mayor seguridad jurídica son las más confiables y, por lo tanto, las más exitosas.
Los decretos-ley son un fuego de artificio. Seductores y fugaces. Estridentes e inocuos. Restallantes y vanos.
Una verdadera transformación necesita paciencia, escrupulosidad y constancia.