En el marco de las profundas modificaciones encaradas por el actual equipo económico, acordadas con los organismos mundiales de crédito, se inscribe el nuevo sistema jubilatorio que -según lo convenido con el Fondo Monetario Internacional- debería ver la luz en abril.
La magnitud de la reforma, que cambia el concepto mismo de la seguridad social, como lo reconoce el secretario del área (ver recuadro), ha hecho que sus lineamientos esenciales formen parte de la agenda de conversaciones que el gobierno se propone emprender con los partidos políticos, en un intento por aquietar las turbulencias desatadas.
El proyecto del nuevo régimen se asienta sobre tres mecanismos. El primero, a cargo exclusivamente del Estado, otorgará prestaciones asistenciales, financiadas por rentas generales; el segundo consistirá en los beneficios previsionales propiamente dichos basados en los recursos obtenidos obligatoriamente sobre los salarios. El tercero, de participación voluntaria, se inscribe en el actual esquema de los retiros privados.
El segundo pilar es el que en realidad da cuerpo a la estructura pergeñada sobre la base de la experiencia chilena. Las contribuciones patronales -reemplazadas por el impuesto al excedente primario de las empresas (IEPE)- se destinarán al financiamiento de una “prestación mínima básica”, consistente en una suma igual para cada jubilado, adjudicada por un subsistema de reparto que administrará el gobierno nacional. Los aportes de los trabajadores, por su parte, se canalizarán hacia un régimen de capitalización individual. El manejo de estos fondos estará a cargo de sociedades creadas con esa única finalidad: las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).
En vista de los reparos que suscita la propuesta, el Ejecutivo ha decidido desdoblar su tratamiento parlamentario. Enviará a sesiones extraordinarias sólo el primer tramo de las reformas, que suponen retoques al ordenamiento vigente para tornarlo menos gravoso. Estas modificaciones prevén el aumento y la unificación de la edad jubilatoria para hombres y mujeres (que quedaría fijada en los 65 años), el cambio en la forma de cálculo del haber y la reducción de su porcentual en relación con los salarios de los activos, además de la limitación de los beneficios originados por invalidez.
VIRTUDES PRIVADAS, VICIOS PUBLICOS.
Pero el verdadero plato fuerte, para el que se necesita obtener previo consenso de la oposición, es el que viene después.
La institución del régimen de capitalización individual con aporte obligatorio y administración de los fondos por empresas privadas, sin garantía oficial, suscita dudas en cuanto a cómo se diseñará el nuevo esquema para compatibilizarlo con el andamiaje jurídico existente. Uno de los interrogantes suscitados por el proyecto se refiere a la situación de los individuos trasladados al nuevo régimen, que tenían aportes realizados en el vigente, incluso durante 20 ó más años.
En Chile, país piloto para esta experiencia en que por primera -y hasta ahora única- vez se aplicó el esquema, se emitió en favor de los afiliados transferidos un “Bono de Reconocimiento” equivalente a lo que resulta de multiplicar 80% del último salario real anual por la esperanza de vida a los 65 años y por la proporción entre los años de actividad en cada caso y los 35 establecidos en la norma. El Bono, cancelable a la fecha en que se efectivice el beneficio, se actualiza por el índice de costo de vida y devenga 4% de interés anual.
Desde las oficinas gubernamentales comenzaron a hacerse escuchar ya las respuestas a los cuestionamientos. “Las AFP sólo administran los fondos, éstos no pasan a integrar su patrimonio. Es como si usted colocara su dinero en una cuenta en el banco”, afirma Arnaldo Sicilino, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. “El problema es la transición”, admite, “porque no se puede matar a todo el sistema viejo y empezar de nuevo a fojas cero”.
Por su parte, Rodolfo Lanús de la Serna, titular del Mercado Abierto Electrónico (MAE), argumenta: “El nuevo sistema me da libertad para elegir la AFP, y para cambiarla si no me satisface. Por otra parte, se supone que estas entidades van a ser objeto de un control muy estricto”.
Con respecto de los aportes efectuados al régimen de reparto, Paul Iribarren, directivo de la compañía Sur de retiros privados, se pregunta: “¿Por qué se les daría (a los contribuyentes) un derecho que ya no tenían? La gente cree que tiene lo que no tiene”.
LAS DIMENSIONES DEL NEGOCIO.
Al margen de la polémica jurídica y política, lo cierto es que el nuevo sistema involucra potenciales efectos económicos de importancia nada desdeñable. “El impacto en el mercado de valores se va a notar”, pronostica Lanús de la Serna. “Se estima un movimiento de US$ 2.000 millones para el primer año, que pueden ser 10.000 en el cuarto y 20.000 en el séptimo. Además, hay que tener en cuenta que se trata de dinero fresco, que no sale de un valor para pasar a otro, y que ingresa como un flujo permanente”.
Para tener una idea de las dimensiones comparativas, el MAE, con US$ 5.000 millones de operatoria mensual, negocia 98,5% de los títulos públicos, 95% de las obligaciones y 34,5% de las acciones.
Según su titular, la presencia de las AFP contribuirá, además, a paliar un déficit importante del mercado de capitales argentinos: la carencia de inversores institucionales. “Son los que dan estabilidad, tamaño y transparencia”, afirma, “porque analizan mejor y exigen más. El inversor individual especula, tiene pálpitos, apuesta. El institucional tiene un patrimonio que debe mantener invertido; puede variar la composición de la cartera, pero no lo puede sacar del mercado”.
Lanús de la Serna vaticina que la gestión de las AFP -sumada a la normatización de los fondos comunes de inversión- producirá a largo plazo un cambio en la estructura misma de los capitales empresarios. “Hay demasiadas empresas de tipo patronal, que están en manos de una persona, una familia, un pequeño grupo. Los inversores institucionales se fijan mucho en ese dato; la concentración es peligrosa”, advierte.
Otro tema vinculado con este punto es la calificación del riesgo; por esta razón, la Comisión Nacional de Valores está trabajando para formular un mecanismo de evaluación. “En otros lugares”, agrega el director del MAE, “los fondos no pueden invertir sino en empresas que superen cierto estándar mínimo”.
En cuanto a la estrategia de inversión de las futuras Administradoras de Fondos de Pensiones, los técnicos opinan que en una primera etapa apuntarán a evitar los riesgos y se volcarán principalmente a los títulos públicos. Luego, en menor medida, pasarían a las obligaciones negociables y a las acciones.
Su incidencia en el mercado accionario sería, por lo tanto, relativamente pequeña en los comienzos, para ir adquiriendo mayor despliegue -tanto en papeles públicos cuanto en privados- a medida que se incrementen los capitales administrados y se consolide la actividad, lo que les permitiría asumir mayores riesgos. De todos modos, estiman los expertos, el órgano de contralor fijará alguna pauta de diversificación en la composición de las carteras.
PUGNA POR EL MARGEN.
El sistema financiero espera los cambios con atención. Las principales compañías de retiro privado vinculadas a grupos bancarios -que no tuvieron mucha suerte en su metier, pero cuentan con la infraestructura necesaria- se aprestan para organizar empresas AFP. “No hubo un mercado de ahorro voluntario a largo plazo”, se lamenta Iribarren. “No fue un buen negocio. De haberlo sabido, nadie hubiera entrado.”
Pero el sistema proyectado ofrece otros activos: es obligatorio para todos los trabajadores menores de 45 años, la recaudación es responsabilidad de la administración pública y el dinero no se puede retirar hasta cumplir la edad establecida para la jubilación (65 años). Ello supone que, al menos durante 20 años, las entidades que operen en esta área no tendrán que realizar reintegros; sólo deberán preocuparse por la rentabilidad de las inversiones.
Todo ello abona un terreno que promete convertirse en escenario de una dura competencia. No sólo las empresas de retiro privado se alistan para participar en el negocio. Bancos y aseguradores nacionales y extranjeros confían en que la fortaleza de sus estructuras operativas y su experiencia en materias afines les garantizarán un lugar bajo el sol del nuevo régimen previsional.
“Para que el sistema funcione tiene que haber competencia”, afirma Iribarren, “y para ello la actividad tiene que ser rentable. Si el aporte se fija en 11% del salario, hay que descontar alrededor de 2,3 puntos que se aplicarán al seguro de vida y de invalidez que se otorgará a cada persona, más lo que necesita la compañía para cubrir sus costos operativos. Quizá el saldo no alcance para cubrir una jubilación. Pero si se achica el margen empresario, el negocio no es viable”.
En este sentido, los futuros operadores del sector aspiran a obtener, además de la comisión sobre los aportes, un porcentaje sobre los fondos administrados. El ejecutivo de Sur afirma que “una persona que aporta durante 30 años puede llegar a acumular una suma importante, por ejemplo US$ 100.000; no sería justo cobrarle sólo sobre el pequeño aporte que hace, porque se le estaría prestando un servicio mayor.
En cambio, Lanús de la Serna cree que lo mejor sería establecer una comisión fija mensual, lo más reducida posible, y otra, más atractiva, sobre la ganancia. “En cualquier lugar del mundo”, opina, “a alguien que maneja bien una inversión uno le dice: el diez por ciento es tuyo”.
Verónica Rímuli.
Entrevista con Walter Schulthess.
“LA GARANTIA SERA EL CONTROL”.
“El nuevo proyecto significa un cambio profundo en los principios que rigen la seguridad social en la Argentina, por eso es bueno que se lo discuta con los partidos políticos fuera del Congreso. Tenemos que llegar al debate parlamentario con algunos acuerdos. Nadie medianamente sensato puede negar que este sistema no da más; los números lo indican claramente. Así que habrá que acordar su transformación. Nosotros tenemos una propuesta; se podrán escuchar otras, si es que las hay”, admitió, en un diálogo con Mercado, el secretario de Seguridad Social, Walter Schulthess, uno de los principales arquitectos del futuro régimen cuyas declaraciones sobre el tema ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Dputados suscitaron recientemente fuertes críticas de la oposición y las consiguientes explicaciones oficiales.
– Los principales interrogantes acerca de la actual propuesta giran en torno de la obligatoriedad de aportar, la administración privada de los fondos y la ausencia de garantía oficial.
– El aporte será obligatorio, tal cual lo es hoy. Las Administradoras de Fondos de Pensión van a ser sociedades anónimas que también podrán incluir capitales del sector público (como, por ejemplo, un banco oficial) o un sindicato, o un banco privado. La seguridad va a estar garantizada por el control.
Lo que no van a tener, obviamente, es una garantía del Estado, como hubo hasta hace poco con los depósitos bancarios, y que tantos problemas acarreó. Pero el sistema tiene una organización tal que el aportante no va a correr riesgos, porque hay una gran separación entre la AFP como tal y los fondos que administra. Aquí hemos desarrollado un ejemplo de lo que debe hacer el Estado: controlar, dar las pautas, pero no hacer que se dedique a asegurar o cosas por el estilo, ya que luego aparecen los excesos que todos conocemos.
– Hasta ahora, los cuestionamientos más duros se dirigieron al tratamiento que se prevé para quienes van a ser transferidos al nuevo régimen y que en muchos casos llevan 20 a 25 años aportando.
– Pensemos en una persona que tiene 40 años y ha aportado durante 20; ¿de qué le sirven esos 220 años para su futura jubilación, si el haber se determina de acuerdo con el promedio de los tres mejores de los últimos 10 años? Al pasar al nuevo sistema tendrá otros 25 años para aportar, lo que va a generar una rentabilidad. Todas esas elucubraciones que se reiteran en los diarios parten de una falacia, como es preguntarse: ¿qué ocurrirá con los aportes que yo he hecho durante equis años? Una falacia que yo respondo con otra pregunta: ¿qué ocurrirá si continúa este sistema?, ¿quién se los va a reconocer?
– En el caso chileno se reconocieron los aportes anteriores.
– Es cierto, en Chile se reconocieron esos aportes y se le dio a cada persona un bono equivalente.
Pero esos bonos ahora llevan al gobierno a tener que afrontar una deuda de 13 mil millones de dólares, prácticamente mayor que la deuda externa. Nosotros hicimos el cálculo de todo lo que la gente había aportado aquí, en nuestro país, y considerando una tasa de interés muy baja -2,5% anual- deberíamos emitir nuevos títulos por un valor de alrededor de 65 mil millones de dólares. O sea que, como se ve, las cifras lo hacen totalmente imposible. Pero, además, en nuestro proyecto hay un compromiso de pagar una prestación mínima básica por sistema de reparto, de modo que lo que uno aportó hasta ahora será de alguna forma compensado, no se rompe el contrato social. Esta es nuestra gran diferencia con el régimen chileno.
– De todas formas, el sistema de reparto seguirá teniendo problemas de financiamiento, que incluso podrán agravarse.
– Sí, se pierde el 10% que ponen los trabajadores; pero queda la contribución patronal instrumentada ahora a través del IEPE.
– Que, por cierto, genera resistencias.
– Y sin embargo yo le tengo una gran confianza a ese impuesto, que daría una recaudación muy superior a la contribución sobre la masa salarial. Lo único que no podemos hacer es seguir prometiéndole a la gente cosas que hace ya muchos años que no se cumplen, como que le vamos a pagar el 70 ó el 82% móvil. La relación entre activos y pasivos es de 1,6 a 1; aun con evasión cero, llegaríamos a 2,5, cuando necesitamos como mínimo 3. Y además está el caso de los autónomos, donde hay más jubilados que aportantes.
– Esa categoría encubre a toda la economía informal. ¿Cuál sería su situación con el nuevo régimen?
– El problema es que no tienen capacidad de aporte; para ellos no hay sistema que les podamos brindar. Salvo, claro, el sistema asistencial que prevé nuestro proyecto y que sería algo así como las pensiones por vejez que se otorgan actualmente.
V.R.