Según revela la encuesta encargada por MERCADO al estudio Edgardo Catterberg y Asociados, la opinión mayoritaria (70%) está a favor del traspaso de las empresas públicas al sector privado, lo que no deja de ser un cambio impresionante en apenas cinco años. El respaldo es amplio en el caso de ferrocarriles y empresas de servicios, pero desciende cuando se trata de YPF, los bancos y la red vial (sistema de peaje).
Se está produciendo una transformación cualitativa en la opinión pública. No se cuestiona la privatización (aunque muchos admiten que administración privada y propiedad estatal no sería una mala fórmula). Tras la experiencia de las telefónicas y de Aerolíneas Argentinas, el principal reclamo es que el Estado cuente con mecanismos eficaces para garantizar la racionalidad de la tarifa o para diseñar mecanismos que aseguren la intervención de representantes de los usuarios en el proceso de determinación de las tarifas. Una demanda que puede crecer en intensidad en los próximos meses.
A FAVOR Y EN CONTRA.
Existe una relación importante entre la edad y el nivel socioeconómico de la población y las actitudes frente a las privatizaciones. Cuanto más jóvenes son los encuestados y más alta su posición social, mayores son las opiniones favorables.
Los de mayor edad y los grupos de menores ingresos se muestran más inclinados a opinar que los bienes y servicios públicos deberían permanecer en manos del Estado porque constituyen el patrimonio del país. Sin embargo, 22% de los que no apoyan las medidas cuestionan la forma en que las privatizaciones se llevan adelante, y no los aspectos sustantivos de esta política.
Entre quienes manifiestan su acuerdo con las privatizaciones, 38% considera que la empresa privada funciona mejor y garantizará mayor eficiencia de los servicios. Mencionan en segundo término (32%) que las empresas públicas son deficientes, producen pérdidas y en consecuencia el gobierno no debe ocuparse de su administración. En tercer lugar (12%) argumentan que la privatización será beneficiosa para el país, y finalmente se refieren a la corrupción en las empresas del Estado (10%).
La mayoría (54%) de los que se pronuncian en contra de la política gubernamental sostiene, como principal argumento, que las privatizaciones significan una pérdida para el país y constituyen un vaciamiento del patrimonio público. En segundo lugar (22%) cuestionan la forma en que las privatizaciones se llevan a cabo. En tercer término (13%) manifiestan temor por las consecuencias sociales que prevén: fundamentalmente desocupación y falta de control sobre las empresas privatizadas. Finalmente sostienen (8%) que los problemas de las empresas públicas se deben a la corrupción de la dirigencia y que, por lo tanto, ésta es la que debe ser cambiada, y no la propiedad de las empresas.
¿QUE PRIVATIZAR?.
El grado de apoyo de la opinión pública varía según el tipo de empresa a ser privatizada. La venta de los canales de televisión, teléfonos y ferrocarriles concentra la mayor parte de las actitudes favorables, en segundo lugar se ubican las empresas de servicios (como Segba, Obras Sanitarias y Gas del Estado), los inmuebles y edificios del Estado y aerolíneas; con un apoyo menor (alrededor de 50%) siguen YPF, los bancos oficiales y las rutas. La privatización de estos dos últimos sectores es percibida en forma desfavorable fundamentalmente por los sectores medios y medios-bajos de la población.
Si bien la gente tiende a contemplar positivamente la política de privatizaciones como un proyecto global, no ocurre lo mismo cuando evalúa la calidad de las prestaciones de las empresas ya privatizadas. Seis de cada diez encuestados consideran que los canales de televisión prestan un servicio mejor desde que están en manos privadas. En cambio, la opinión predominante es que la calidad de los servicios telefónicos no se ha modificado. No se observan diferencias importantes de opinión entre los usuarios de las dos compañías, aunque las evaluaciones negativas son ligeramente mayores entre los usuarios de Telecom.
¿PROPIETARIOS O ADMINISTRADORES?.
Cuando se presentan al público alternativas con respecto de la modalidad de la privatización, las opiniones tienden a polarizarse: 44% de la población está de acuerdo con la venta de las empresas, mientras que 32% prefiere que la administración pase a manos privadas y la propiedad permanezca en manos del Estado.
Es apreciable el interés por el control en la fijación de los precios de los servicios privatizados. En este sentido, 41% de los entrevistados afirma que las tarifas deberían ser fijadas conjuntamente por las empresas, el Estado y representantes de los usuarios; 22% opina que esta función debe ser compartida por las empresas y el Estado; 18% sostiene que la fijación de las tarifas es potestad exclusiva de las empresas y 11% preferiría que se atribuya tal responsabilidad únicamente al Estado.
Las tarifas telefónicas, en particular, son consideradas caras por un porcentaje importante de la población (41%) y excesivas por 8%, aunque 34% las considera razonables, solamente 1% de la ciudadanía cree que son baratas.
En términos generales, los resultados de la encuesta indican que el apoyo global a la política de privatizaciones se debilita cuando se le ofrece a la gente la posibilidad de discriminar entre tipos de empresas a ser privatizadas o diferentes modalidades de privatización. Por otra parte, las compañías ya privatizadas no han logrado aún modificar sustancialmente su imagen de eficiencia, con excepción de los canales de televisión.
FICHA TECNICA.
Unidad: Población mayor de 18 años.
Area: Capital y Gran Buenos Aires.
Muestra: probabilística, representativa y aleatoria.
Tamaño de la muestra: 500 casos.
Nivel de confianza: 95%.
Margen de error: 4%.