“Las Constituciones argentinas serán sentencias en que el desierto, el atraso y las cadenas serán condenados a desaparecer; pero la ejecución de esas sentencias será obra de muchas generaciones.
Porque no hay Congreso humano que pudiera racionalmente esperar resultados de decretos que se concibiesen: Desde la sanción de esta ley quedan abolidos el desierto, el atraso del pueblo y la pobreza del país” .
(Juan Bautista Alberdi, Derecho Público Provincial Argentino, segunda parte, parágrafo VI, conclusión.)
Es un momento excepcional: el Presidente y el ministro de Economía retornaron de Estados Unidos con todos los trofeos que se pueden obtener en una visita a la megapotencia, y con promesas que se harán efectivas si se cumplen ciertas condiciones. Con el tiempo se verá si los compromisos pueden ser satisfechos y si llegan los recursos esperados. Entre tanto, nada puede empañar una hora tan gloriosa.
Los éxitos se acumulan. Hacia finales de noviembre, el descubrimiento de la banda que secuestraba a empresarios, integrada por efectivos policiales -muchos de ellos en actividad y de la más alta jerarquía-, demostró eficacia en la lucha contra el delito y mejoró la percepción de que hay niveles de seguridad individual que son preservados.
El coro de aduladores entona sus mejores cánticos. La opinión pública está naturalmente fascinada con toda la sensación de éxito que transmiten los medios de comunicación. Los que tienen dudas y reservas se las callan para mejor oportunidad. ¿No es posible, al mismo tiempo que se reconocen logros, advertir sobre riesgos y “desprolijidades” que pueden traer consecuencias indeseables, dolores de cabeza a breve plazo, y -lo que es peor para el narcisismo oficial- caída en la popularidad?
La infatuación es el riesgo más serio que corre el elenco de gobierno. En algunos casos, la soberbia ya ha hecho estragos.
Tal vez la memoria colectiva no lo explicité con elocuencia, pero registra que el ministro de Economía que impulsa el veto de una ley de la Nación que exige el pago de contado a jubilados que ganaron juicios -se argüye que no hay recursos para pagar-, es el mismo que viaja a Tierra del Fuego a escasos días de las elecciones en ese distrito, para prometer obras públicas y dádivas sacadas de la manga. Es el mismo funcionario que cancela su participación en un seminario previsto en Bruselas para captar inversiones hacia la Argentina, pero encuentra tiempo para viajar al confín austral del país a prometer la rehabilitación de un sistema de promoción industrial que se había suspendido
porque no había recursos con que atenderlo.
¿Qué les dirá ahora a las provincias de San Luis, La Rioja y otras que tenían regímenes especiales de promoción, cuando reclamen ¿Que hay que esperar hasta las próximas. elecciones?.
DESCONFIAR DE LAS RECETAS MILAGROSAS.
El hecho más positivo en la sociedad argentina actual es que hay enorme apoyo para cambios de fondo. Quedan bolsones de resistencia, de anacronismo, que tardarán en desaparecer. Pero la evolución es auspiciosa en tanto no se esperen resultados mágicos, inmediatos. Si ésa es la sensación que domina, y que el propio gobierno refuerza con su triunfalismo, la frustración puede tomarse intensa y obligar a un retroceso.
Una anécdota ilustra las contradicciones de que estará plagado este proceso. En el Boletín Oficial del lunes 28 de octubre se publica la ley 29004, que regula el ejercicio de la enfermería, establece normas de registro y matriculación, e impone como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Salud. En la misma semana, el viernes 10 de noviembre, se publicó el “súper decreto” que proclama la desregulación total de la economía argentina.
Es difícil no estar de acuerdo en líneas generales con el espectacular -en extensión y modalidad legislativa- decreto de desregulación. Lo terrible sería confundir la letra del decreto con la realidad.
La medida refleja la voluntad y la decisión política de transformar, y en ese sentido es elogiable.
Desregular es un larguísimo y laborioso proceso, que llevará años y tropezará con enormes resistencias. Desregular, contra lo que algunos alegremente suponen, no significa la ausencia total de regulación. Implica una re-regulación, la formulación de nuevas normas más flexibles, modernas, pero normas al fin Lo contrario seria propiciar el caos y la iniquidad.
Más allá del cuestionamiento jurídico a la validez del decreto, es el sentido común el que debe preguntarse por qué se eligió este camino y si no había otra metodología mejor.
Desde la perspectiva del inversionista, un decreto que a la postre necesita ratificación parlamentaria -que podría no existir- contribuye a la inseguridad jurídica.
El elenco económico está empeñado en una fuga hacia adelante para disimular la fragilidad que queda detrás. La ley de convertibilidad tiene “ventanas jurídicas” que posibilitarían zafar si en algún momento es preciso modificar la paridad cambiaria o las condiciones de emisión de moneda.
Pero, esclavo de la propia propaganda que alimentó, se ve obligado a diseñar nuevos mecanismos.
Desde esa perspectiva. el decreto desregulatorio es una herramienta concebida para mejorar la competitividad del sector exportador; es una válvula de escape al programa de convertibilidad, a condición de que se obtenga deflación, disminución de los precios por debajo de la inflación. Como la desregulación no tiene -ni podría tener- efectos inmediatos, esa intención está condenada a fracasar de antemano y solamente posterga la crisis en torno de la paridad cambiaria.
Algunas opiniones de calificados constitucionalistas sostienen que el decreto 2384 es una autotrampa: al ser considerado de “necesidad y urgencia” es sustitutivo de la ley, reemplaza provisionalmente al legislador. y está obligado a lograr la ratificación parlamentaria. En verdad -sostienen- la misma Ley de Reforma del Estado, en su artículo 10, que reconoce al Ejecutivo la facultad de desregular aun en los casos que se deriven de normas legales, debió ser el fundamento del decreto. En definitiva -concluyen-, si existía esta sólida justificación, emanada de una ley del Congreso (dictada bajo este gobierno), ¿para qué comprometerse a obtener una ratificación parlamentaria que, según esta interpretación, era innecesaria?
La maraña de regulaciones incluye leyes, pero también multitud de decretos, resoluciones y normas administrativas. Un camino más idóneo hubiera sido un decreto para desregular todo lo que fue regulado por decreto, norma o resolución de autoridad administrativa. En cambio, lo regulado por ley debió merecer un proyecto de ley que el Ejecutivo podía haber remitido al Congreso.
PROVINCIAS EN EL OJO DEL HURACAN.
El decreto invita a las provincias a adherir al decreto de desregulación. El artículo 10 establece que rige “en todo el territorio nacional” (hubiera sido más preciso decir “en la jurisdicción nacional”). El artículo 119 es más realista: “Es de aplicación obligatoria en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”.
Muchas de las materias sobre las que pretende normar el decreto afectan competencias no delegadas expresamente por las provincias en el gobierno federal (juegan los artículos 67 y 104 de la Constitución Nacional). Otros temas afectan competencias concurrentes (artículo 107 de la Constitución), donde ambas esferas tienen facultades reglamentarias. Es fácil imaginar lo arduo y complicado que será el ajuste jurídico que debe hacerse en cada provincia para armonizar con el decreto desregulatorio las presiones que soportarán los gobiernos provinciales y los conflictos que se plantearán.
Todo proceso de avance hacia mayor libertad, hacia la eliminación de una manía “reglamentarista”, debe ser armónico, marchar al unísono, simultáneamente.
De lo contrario, los desfasajes y asincronías crearán situaciones de clara iniquidad. Si los productos farmacéuticos se pueden vender ya en los supermercados, pero subsisten por un tiempo las reglas para obtener una patente de taxi -y el costo oculto que ello significa- y el precio de este medio de transporte sigue tarifado, las farmacias pueden argumentar que son víctimas de un flagrante caso de desigualdad ante la ley.
Fácil es imaginar el torrente de recursos de amparo que puede sobrevenir. y los casos de inconstitucionalidad que se pueden suscitar.
La falta de ritmo desregulador. o la diferente intensidad en el avance. puede crear diferencias entre las distintas provincias, entre distintas actividades, y aun dentro de una misma actividad.
A pesar de la extensión del articulado del decreto 2284, se detectan algunas omisiones que pueden tener serias consecuencias:
* no se preve una eficaz defensa contra actitudes monopólicas;
* se deja en suspenso la Ley de Abastecimiento, lo que implica que no hay garantías en caso de desabastecimiento;
* está ausente toda idea de protección al consumo y al consumidor.
FRENTES DE TORMENTA EN 1992.
Si se confecciona la agenda de problemas que el gobierno deberá confrontar durante 1992, deben figurar inevitablemente estos temas:
* Desregulación. Habrá enormes dificultades prácticas y jurídicas en el desmantelamiento de la maraña de reglamentaciones.
* Provincialización. La transferencia de servicios que presta la Nación -y las erogaciones que supone-, como el caso educativo, estará plagada de agrios debates en medio del drástico ajuste que se impondrá a las administraciones provinciales.
* Privatización. Por una parte, se requiere un ritmo más acelerado para evitar que se pierdan oportunidades; por la otra, no se pueden reiterar errores. La competencia por privatizar es feroz en todo el mundo, en una época en la que los capitales no abundan. El gobierno puede optar, como parece ser su intención, por recibir menos aportes (venta de paquetes accionarios minoritarios), delegar la gerencia y lograr que otro se haga cargo del pago de las nóminas.
* Integración. El proceso de formación del Mercosur puede sufrir dilaciones. Brasil no atraviesa por su mejor momento y la inestabilidad económica -e incluso política- en el gigantesco vecino puede postergar la mejor oportunidad regional.
* Financiación, Las relaciones con el FMI no serán idílicas, y el ingreso al Plan Brady abundará en exigencias y dificultades. El necesario equilibrio en las cuentas fiscales obligará a profundizar el ajuste y extenderlo a las provincias. Habrá que observar con sumo cuidado la evolución de la balanza comercial, donde las importaciones han comenzado a crecer velozmente.