El mercado bursátil sigue mostrando signos de firmeza, aunque la situación es distinta de la de agosto, cuando la plaza exhibió una demanda externa inusual. Algunos especialistas pretenden vincular el reciente auge con las últimas elecciones. Esta teoría, un tanto conspirativa, sostiene que hubo apoyo de entidades internacionales y del gobierno de Estados Unidos, destinado a fortalecer la imagen del presidente Carlos Menem mediante el aval de una importante corriente inversora exterior.
Después de las elecciones y durante dos semanas, la tendencia se revirtió, circunstancia que asustó a muchos operadores. Poco a poco, el mercado volvió a mostrar signos de firmeza, aunque mucho más adecuada a la realidad. El monto negociado se mantuvo en la franja de US$ 20/30 millones por día, pero en ruedas posteriores se elevó a 30/40 millones con alzas muy selectivas.
Esta sería la tónica que debería mostrar el mercado desde ahora. El camino no será fácil, porque muchas empresas importantes pueden resultar afectadas por la apertura de la economía.
La modificación del signo monetario a partir de enero, con la quita de cuatro ceros al austral, es otro aspecto que indefectiblemente traerá aparejados serios problemas a los inversores minoritarios de empresas que en los últimos años no adecuaron el capital al proceso inflacionario.
De esta forma, esos inversores podrían encontrarse de la noche a la mañana despojados de sus tenencias al producirse la conversión al nuevo peso.
Sería importante que, si en esos casos los directivos no adoptaran la decisión de aumentar el capital para proteger a los inversores minoritarios, las propias autoridades los obligasen a hacerlo, corriendo el riesgo de enfrentar conflictos jurisdiccionales o legales que una decisión de esa naturaleza podría ocasionar.
NUEVOS PLAZOS.
La internacionalización del mercado obligará a tener también muy en cuenta los plazos para la presentación de los estados contables. Según las disposiciones en vigencia, las empresas disponen de 70 días corridos para dar a publicidad los balances trimestrales y de ll0 días para los generales, que en la mayoría de los casos se concentran en el 30 de junio y el 31 de diciembre.
Los avances tecnológicos de los últimos años permiten enfrentar sin problemas las importantes exigencias contables y de auditoría que las normas en vigencia requieren a las empresas para la confección de los balances. Por lo tanto, los plazos para los trimestrales tendrían que acortarse en 10 días (reduciéndolos a 60), mientras que para los anuales la disminución podría
llevarse a 20 días; de esa forma, su publicidad tendría que concretarse como máximo a los tres meses de finalizado el período anual.
El pago de los dividendos es otro aspecto a tener en cuenta. Actualmente, para los que se abonan en efectivo, las empresas disponen de 30 días después de su aprobación por la asamblea, período que podría acortarse a la mitad. Se da por descontado que, cuando los directivos aprueban una erogación de esa naturaleza, ya tienen que contar, en el momento de la asamblea, con los
instrumentos financieros necesarios para concretarla.
Algo parecido ocurre con los dividendos en acciones. La norma establece plazos para pagarlos después de su autorización por los organismos correspondientes, lo que en muchos casos demora su distribución hasta cinco meses o más desde su aprobación por la asamblea. Lo ocurrido recientemente con Astra revela con claridad este problema. Por cuestionamientos planteados en la Comisión Nacional de Valores, la empresa recién estuvo en condiciones de abonar el 30 de setiembre la retribución de l00% declarada por el ejercicio cerrado en diciembre.
ACTUALIZAR PRECIOS.
Si no hay emisión física de láminas, como en el caso de las empresas cuyo capital está constituido por acciones escriturales, los dividendos de estas características podrían ponerse a disposición de los inversores con una demora de sólo 15 días tras su aprobación por la asamblea, un aspecto que resultaría muy positivo al permitir una rápida actualización de los precios en el mercado. Se eliminaría así la confusión de los inversores no experimentados, que no saben o no pueden determinar con exactitud el precio a que se transferirá un papel después de abonar una retribución en acciones.
Para que los dividendos de estas características puedan abonarse en un plazo de dos semanas, tendría que existir una clara política de los directivos de la empresa en ese sentido. Para ello, tendrían que enviar rápidamente a la Bolsa una copia del acta de la asamblea y no esperar el límite de 15 días de que ahora disponen para hacerlo. Además, tendrían que presentar, con
anterioridad a la realización de la asamblea, los respectivos pedidos de autorización ante la Bolsa, para que este organismo pueda tener concluido, en el momento del acto asambleario, el estudio de todos los requisitos establecidos para la realización de la emisión.
Es evidente que lo que se requiere en todos los casos es una nueva mentalidad bursátil por parte de los directivos empresariales. Se trata de un requisito indispensable para avanzar en estos terrenos, pero los beneficios alcanzarán tanto a los inversores como a los empresarios. De esta forma, las compañías podrán recoger los frutos de una política que, además de velar por sus propios intereses, tenga en cuenta los de los pequeños inversores, que hasta ahora fueron objeto de escasa atención, salvo cuando la empresa se encontraba en las etapas previas de una suscripción.