El centro de la atención legislativa está ocupado por la consideración del Presupuesto 1992. Por primera vez en muchos años, ese proyecto anual de gastos y recursos del Estado llega al Congreso antes de comenzar su período de vigencia.
Es muy posible que la Cámara de Diputados lo apruebe antes de fin de año. En cambio, los cálculos no son tan optimistas en cuanto al Senado; las tradicionales fiestas y la temporada veraniega no son muy propicias al trabajo legislativo. De todas maneras, se presenta una perspectiva promisoria: la Nación sabrá cuánto calcula tener para el próximo año y en qué lo piensa gastar.
OTRAS LEYES ECONOMICAS.
El Presupuesto ha desplazado a otros importantes temas económicos que son estudiados en las comisiones de Diputados. Algunos de esos temas aún no tienen un proyecto concreto, lo que no impide que las comisiones sigan atentamente la preparación de las iniciativas que se elaboran en el Poder Ejecutivo.
Tal es el caso de la Ley de Entidades Financieras, la Ley Orgánica del Banco Central, y la que se refiere a la repatriación de capitales. A ellas se refirió el ministro Domingo Cavallo, estimando que deberían estar aprobadas antes de fin de año.
Otro de esos temas de atención preferente, el impuesto a las ganancias, dispuestas, distribuidas o consumidas, es un caso distinto. Hay proyecto desde fines de mayo, pero está postergado (o “encajonado”, como se dice en la jerga legislativa).
La impresión generalizada es que esta iniciativa del Poder Ejecutivo, de casi un centenar de artículos, tendrá algunas modificaciones en el Congreso.
FONDOS DE INVERSION.
La cuestión de los Fondos Comunes de Inversión presenta otras peculiaridades en cuanto a su tratamiento parlamentario. Integra el lote de temas preferidos por el ministro de Economía. Pero el Ejecutivo no ha remitido proyecto. Las comisiones -en especial la de Finanzas- estudian tres proyectos presentados por diputados. De tal manera que el tema sólo podría ser tratado por la Cámara durante el período ordinario. (Como se sabe, ese plazo vence el 30 de setiembre de cada año y en esta oportunidad está prorrogado hasta mediados de noviembre.)
Para que la ley de Fondos Comunes de Inversión pueda ser tratada durante sesiones extraordinarias hacen falta dos requisitos: primero, que el Poder Ejecutivo convoque a extraordinarias y, segundo, que incluya ese tema para ser tratado. Se dirá que son requisitos formales. Es verdad, pero sin ellos no puede ser tratado un proyecto presentado por legisladores una vez terminado el período de sesiones ordinarias.
El primer proyecto para reformar la actual ley de Fondos Comunes -la 15885, sancionada en 1962- fue presentado en abril con la firma de los diputados justicialistas Jorge Domínguez (actual titular del ente Yaciretá), Jorge Matzkin y Oscar Lamberto. A esta iniciativa del sector oficialista se agregaron en setiembre el proyecto de la jujeña María Cristina Guzmán y el presentado por el radical Raúl Baglini.
Todas las iniciativas tienden a liberalizar el sistema de Fondos Comunes de Inversión, procurando atraer los depósitos de pequeños ahorristas y capitales nacionales que en su momento habían sido expatriados. La nota curiosa es que el proyecto menos reglamentarista, es decir, más liberal y abierto, es el del radical Baglini.
MERCOSUR.
Las comisiones de Relaciones Exteriores de las dos cámaras del Congreso están analizando la integración del organismo interparlamentario de los cuatro países del Mercosur.
La comisión interparlamentaria, que tendrá a su cargo el ordenamiento legislativo en los respectivos países para facilitar el funcionamiento de este mercado común, se constituirá a mediados de noviembre en Florianópolis, Brasil.
La reunión de legisladores tendrá, además, carácter preparatorio del encuentro de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que se realizará en Punta del Este a mediados de diciembre.
Se descuenta que a ambas reuniones concurrirán observadores diplomáticos y económicos de Bolivia y Chile, países que se consideran futuros socios del Mercosur.
CODIGO DE MINERIA.
La reforma del Código de Minería se estudia en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados desde hace tres años.
La simple mención de un análisis tan extenso hace pensar en las dificultades que deben sortear los legisladores para lograr el “aggiornamento” del Código Rodríguez (nombre del legislador que lo proyectó).
La oportunidad del remozamiento de la ley básica para la actividad minera se demuestra por el hecho de que el Código Rodríguez lleva ya 114 años de vigencia.
Los estudios de la comisión giran alrededor de la idea de mantener la filosofía del código en vigor. En esto hay coincidencia general. Los puntos de disidencia se refieren a la naturaleza del dominio de los yacimientos mineros: si son de derecho público o privado. Asimismo, merece especial atención la clasificación de los yacimientos según la importancia del mineral y el rol del Estado en esta actividad.