Por un lado el Tesoro, que entre ventas de áreas marginales y asociación en áreas centrales lleva recaudados casi US$ 1.100 millones. Semejante ingreso adicional, proporcionado por la venta de reservas y no igualado en la suma de las otras privatizaciones, tiende a producir adicción. Sobre todo si se sigue arrastrando una quiebra no resuelta en el sector público consolidado. Crecen las presiones para que YPF siga vendiendo reservas al ritmo de las urgencias fiscales, y por ende al margen de un plan de redimensionamiento que, al potenciarla como empresa, haga atractiva la colocación de sus acciones en Bolsa.
Por otro lado, los estados provinciales donde se producen hidrocarburos. Contrariados por las promesas incumplidas por la Nación de restituirles la “propiedad inalienable e imprescriptible” sobre los yacimientos de hidrocarburos, tienden a confundir el dominio eminente sobre los hidrocarburos no explotados con el dominio útil que sólo puede detentar el que invirtió y explotó los hidrocarburos. A caballo de esta confusión exacerbada por las contradicciones políticas del gobierno central, se desarrolla toda una teoría del despojo según la cual las reservas de petróleo y gas que se venden son de las provincias donde están y por lo tanto su producto debería ir a los Tesoros provinciales. Se olvida que cuando esas reservas sean explotadas van a pagar la respectiva regalía a la provincia, estén bajo explotación de la petrolera estatal o de cualquier otra petrolera privada. Pero de nuevo el blanco es la transformación de YPF. Se pretende canalizar el planteo reivindicativo reclamando parte del paquete accionario de la petrolera estatal. Como si el capital de YPF hubiese sido aportado por los estados petroleros, por la circunstancia de tener hidrocarburos en las entrañas de su suelo. Para que quede claro: la capitalización de YPF se hizo con recursos de todos los argentinos. De los santacruceños y mendocinos, pero también de los correntinos y catamarqueños.
Las regalías constituyen una legítima participación en la renta petrolera por parte de las provincias hidrocarburíferas. Sus reivindicaciones en ese frente, además de fundamento jurídico, tienen racionalidad económica. Pero la propiedad de YPF no sólo no les pertenece, sino, lo que es peor, no les conviene.
Finalmente, operan en contra de una transformación racional de YPF los que con propósitos a veces defendibles, otras veces inconfesables, prefieren una empresa expuesta a interferencias de todo orden y con una gestión desnaturalizada por objetivos extraeconómicos. El personal de YPF teme la transformación porque presupone que el necesario redimensionamiento para corresponder parámetros de eficiencia afectará el nivel de empleo. Sus preocupaciones son entendibles. Pero hay sectores gremiales reacios a asumir contrataciones y suministros que no volverán, y hay sectores políticos renuentes a resignar una gestión condicionada de la empresa en aras de objetivos de eficiencia. La convergencia de estos intereses (una suerte de colusión implícita), que explica buena parte de los quebrantos crónicos de la petrolera estatal o, si lo prefieren algunos, de la captación de la renta petrolera cuando los precios internos lo permitieron, hará lo posible para que la transformación de la empresa fracase y todo siga igual.
La federalización de YPF, mediante el reparto de su capital accionario entre las provincias petroleras, el Estado nacional y el personal, aparece ante la opinión pública como una propuesta conciliadora de intereses, para hacer políticamente viable la transformación de la petrolera estatal.
Puede que el proyecto sea políticamente viable. Se corre, sin embargo, el peligro de que esta alternativa sea utilizada para conformar a todos los que quieren impedir una transformación racional de YPF. Una petrolera federalizada puede seguir estando expuesta a interferencias políticas.
Más si se pretende que actúe como empresa testigo en un mercado desregulado. La Nación y las provincias podrán vender parte de su paquete accionario, pero, ¿quién compra acciones de una empresa expuesta a condicionamientos políticos de gestión? ¿Cómo conciliar planes de inversión
persiguiendo objetivos de rentabilidad, entre accionistas que pretenderán defender partidas presupuestarias en sus respectivas provincias? Si no privan objetivos de gestión empresaria, YPF seguirá siendo permeable a contrataciones y compras que afectarán sus costos. Tampoco optimizará
sus ventas ni sus posicionamientos en un mercado ahora sujeto a la competencia interna e internacional. Si el resultado final es una petrolera que sigue arrojando quebrantos, volverá a perder el país. Me pregunto qué dirán las provincias petroleras accionistas cuando sean convocadas en función de sus participaciones a financiar los planes de inversión de la nueva empresa federal que exhibe resultados negativos. ¿De qué les servirá la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos?
La expansión de la industria petrolera depende de la consolidación de un mercado interno competitivo e integrado al mundo. En ese mercado, la petrolera estatal debe ser transformada para actuar en competencia. Para ello es necesario convertirla en sociedad anónima, redimensionarla empresarial y económicamente y vender en los mercados de capitales una parte del paquete
accionario que asegure la operación en condiciones análogas a una empresa privada. Con el producto de la venta de acciones el Tesoro deberá considerar preferentemente los reclamos pendientes por pagos de regalías con las provincias hidrocarburíferas. Todo esto debe ser explicitado en una ley del Congreso, porque la política de hidrocarburos y el futuro de la empresa más grande del país merecen erigirse en un denominador común económico de la nueva Argentina política.