La cuestión del petróleo es una de las más espinosas -y, quizá por eso, una de las menos mencionadas hasta ahora- en la negociación del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México.
La industria mexicana de los hidrocarburos necesita desesperadamente auxilio financiero y tecnológico del exterior. La empresa estatal Pemex reconoció, en un reciente informe, que la falta de inversiones en exploración y desarrollo podría conducir al país a la paradójica situación de verse obligado a importar crudo en 1997.
Por otro lado, las grandes corporaciones petroleras norteamericanas han mostrado gran interés en invertir en México a cambio de que se les permita participar en la explotación del sector. El libre acceso a los yacimientos mexicanos representaría un beneficio estratégico para Estados Unidos, que sería así menos dependiente de los recursos energéticos del explosivo Medio Oriente.
Pero el petróleo ha sido, durante décadas, la vaca sagrada de la tradición nacionalista mexicana. La propia Constitución prohíbe la intervención de extranjeros en el sector. Cualquier intento gubernamental en esa dirección probablemente encontraría un muro de resistencia en el ya caldeado ámbito político interno.
Sin embargo, voceros oficiales se han mostrado cautelosamente optimistas. La escasa oposición a la reprivatización de los 18 bancos mexicanos, argumentan, parecería indicar que la apertura petrolera no se una posibilidad tan remota.