No es indiferente para el análisis político el reciente mensaje del Presidente a dirigentes del justicialismo en el Teatro Cervantes. No lo es en cuanto a su contenido, pero sobre todo por el propósito que evoca, y sobre el cual se puede conjeturar para extender el examen a todo un aspecto de la política argentina presente.
Se ha observado que con esa reunión el presidente Menem ha dado una señal de comienzo de campaña frente a elecciones cruciales.
Pero esa señal tiene un contenido que procura sostener una línea de transformaciones políticas y económicas sin dejar de lado ciertos rasgos tradicionales. Una suerte de “revolución tradicional” -como decían los españoles de principios del siglo pasado-. La defensa de una economía de mercado y de una descripción de la situación internacional no correspondiente a la tradición del peronismo histórico, se adjunta a una apelación “movimientista” que aquellos contenidos desalientan, pero propia del peronismo original.
El propósito del Presidente, sin embargo, puede interpretarse a partir de dos cuestiones que el hecho implica, más allá de las palabras: primero, la tentativa de salvar lo que los ideólogos llamarían la “crisis del discurso”; segundo, la intención de recordar a un peronismo fragmentado y contradictorio que está en lucha por el poder, y que el poder es un fenómeno que tiende a la “reducción a la unidad”. En suma, el Presidente está diciendo a su gente que no hay política relativamente exitosa sin justificaciones convincentes, y que la estructura del poder nacional y de segmentos provinciales conquistadas por el justicialismo en 1987 y en 1989 puede desintegrarse si no se recobra cierta unidad de acción que la búsqueda o la conservación del poder pueden alentar, pese a las diferencias fraccionales que son parte de la sensación de fragilidad política del gobierno.
Ambas cuestiones, implícitas en el hecho político del mensaje del Presidente como militante justicialista, no son sin embargo exclusivas del peronismo. El papel de los partidos políticos está cambiando en todo el mundo, especialmente en los sistemas políticos competitivos que representan las democracias, precarias o desarrolladas. Los partidos como fuentes de formulaciones
programáticas, como centro de articulación de intereses como factores de movilización política, como instituciones de exclusivo reclutamiento de las élites políticas y de su formación, como vías excluyentes de participación, pertenecen a experiencias pasadas allí donde todas esas funciones existieron o fueron reconocidas en la acción y en la teoría que organizaba la comprensión de la acción. El papel de los partidos y por lo tanto su naturaleza y organización han cambiado, y donde no han cambiado, están llamados a cambiar, porque su función de mediación entre el poder político y la sociedad es muy importante en sentido sustantivo, aunque las manifestaciones del fenómeno se estén modificando. Esto vale para el partido de gobierno y para las oposiciones que quieren ser alternativas de gobierno o fuerzas relevantes.
La dimensión política de la vida no pasa para mucha gente por la militancia partidaria. Y no sólo por la militancia, que siempre es comparativamente reducida en los grandes partidos, sino por la afiliación, por la adhesión incondicional, por la “pertenencia” acrítica a un partido. La mayoría de la
gente ha “privatizado” su voto eventual. Ni el partido político ni organización alguna puede hoy “expropiar” una voluntad política privatizada, porque ésta no sólo atenderá a una historia, a un estilo, a una imagen o a un tema, sino al modelo de sociedad que la propuesta de los dirigentes evoca.
En este sentido, si la vuelta a la idea del “movimiento” es difícil de conciliar con la democracia constitucional competitiva-supuesto que aquél fuera posible mientras se desarrollan políticas que sugieren la desmovilización permanente-, la intención de superar la “crisis del discurso” sin evocar un modelo de sociedad y no sólo políticas específicas, puede quedar frustrada.
Es probable que el gobernador Angeloz pueda sortear las criticas que emergen del propio radicalismo respecto del parecido de sus propuestas económicas con las del Presidente si en lugar de poner tanto énfasis en que “puede hacerlo mejor”, inserta su propuesta económica como una forma de economía política perteneciente a un modelo de sociedad que ni sus adversarios internos ni sus adversarios justicialistas habrían logrado representar para tantos electores potenciales disponibles.
Es probable, asimismo, que si el gobernador Bordón aparece por su lado como uno de los mejores exponentes de una nueva clase política pese a las acechanzas facciosas que debe superar dentro de su propio partido, se debe a que evoca con sus palabras y sus actos la preocupación por conciliar el
discurso y la eficacia de gobierno, aunque esto sea por ahora claro para los mendocinos y no para segmentos importantes de la sociedad nacional.
La estabilidad consolidada de un sistema político depende de sumar legitimidad y eficacia decisional, según se admite sin demasiadas objeciones. Los temas de reflexión propuestos están en esa línea.