Para solventar riesgos hay exigencia de más capitales

Por Rubén Chorny

La aceleración del crecimiento de la economía nacional en estos últimos tres años desnudó la insuficiencia de dos insumos vitales para sostenerlo: la energía y los capitales.
En uno y otro caso, las crisis internacionales del petróleo y los mercados financieros pegan de lleno en las flaquezas estructurales intrínsecas del modelo en ejecución:
1- La ausencia de inversiones en el área de los hidrocarburos y de la generación de electricidad, en las que el know how y los capitales extranjeros juegan un papel decisivo.
2- El estilo agresivo que desplegó el gobierno de Néstor Kirchner hacia los inversionistas financieros que, cuanto menos, no ha dejado puertas entreabiertas para seducirlos en las difíciles condiciones actuales.
3- El reemplazo de esas vitales inyecciones genuinas de recursos que sostengan el ciclo de expansión económica por una inflación ascendente, que multiplica los conflictos a medida que se revela.
El movimiento de los patrimonios y las personas a tasas de crecimiento récord para América latina puso a prueba la solvencia de las compañías aseguradoras que los arbitran como intermediarias de sus riesgos y conflictos.
Y en eso anda actualmente el sector. Desde las compañías hasta una Superintendencia de Seguros de la Nación que había permanecido casi en el anonimato durante diez años tras los cuales, recién en marzo pasado, la Auditoría General de la Nación se acordó de controlar la actuación del ente y los balances al 31 de marzo de 2007 de las 183 entidades registradas.
La recuperación cuantitativa que trae la actividad aseguradora volvió reflejarse en los últimos datos de producción de primas disponibles, correspondientes a 2006: se superaron los $17.200 millones, 12,2% más que el año anterior con la incidencia de la inflación ya incluida. De modo que la participación per cápita del sector en el PIB declinó a 2,56 puntos frente a los 2,63 en que había estado en 2005.
La actual composición de las primas producidas quedó en dos tercios para las que cubren daños patrimoniales y un tercio a personas.
En la práctica, actualmente las compañías aseguradoras intentan establecer un nuevo equilibrio financiero ante el reacomodamiento del mercado en plena expansión del consumo interno y de los niveles de empleo. La ecuación pasa por las tarifas de las primas, la solvencia patrimonial que está empezando a exigirles el Estado y la conflictividad con los clientes que afecta directamente sus balances.

Cambios significativos
Los últimos denotan dos cambios importantes que ratificarían la recuperación del mercado, según la Superintendencia de Seguros de la Nación:
1- El activo que llegó a $31,5 millones frente a un pasivo de $25,1 millones, lo cual da un patrimonio neto sectorial de $6,4 millones.
2- Las inversiones representan casi las tres cuartas partes del activo ($23,5 millones) con la particularidad de que crecieron a expensas de los créditos.
La novedad, en todo caso, se advierte por el lado de los resultados, que por primera vez en 10 años dan signo positivo: $526 millones. La razón es que los de origen financiero compensaban con creces las pérdidas técnicas.
El año pasado, el saldo negativo para las primas fue de 12,3% y abarcó tanto las coberturas de daños patrimoniales cuanto a las de personas.
En este último rubro, la siniestralidad viene empujando el índice desde 2003 hasta los dos tercios actuales de las primas netas devengadas.
Pero fue el reaseguro el que recibió más de lleno la crisis desde 2003 por la incidencia que tuvieron los daños patrimoniales, hasta alcanzar un valor inferior a 14%.
En cuanto a la compensación financiera de estos resultados, justamente el cambio de condiciones que produjo en la plaza local la volatilidad de las bolsas del mundo ha prendido las luces amarillas en el sector. Es alto el grado de exposición que tienen sus carteras en los derrumbados títulos públicos ajustables en pesos.
Las compañías han buscado alternativas propias para autorregular los riesgos evitando la intervención estatal para así descomprimir conflictos que van a parar a los tribunales. Las demandas afectan las previsiones exigidas por la Superintendencia, que de golpe se ha puesto muy activa en las inspecciones.
Así, a la creación de una defensoría impulsada por la cámara que canalice los reclamos de los usuarios frente a la conducta de algunas compañías y productores, acaba de sumarse un sistema de clearing que permite a un involucrado no responsable en un choque entre dos vehículos, reclamarle a su propia aseguradora la reparación de los daños. La idea, a la que adhiere un tercio del mercado –sin la presencia, por ahora, de las dos firmas más importantes del rubro automotor, como La Caja Generales y Federación Patronal–, es evitar los sobrecostos de las demandas que suelen originarse en esos casos. El año pasado se denunciaron 880 mil choques con daños materiales, que representan entre 25 y 30% de la siniestralidad total e insumen 70% del costo administrativo.

Desconcentración
Actualmente, el asegurador es uno de los sectores menos concentrados de la economía. En el orden general, las 10 primeras compañías en facturación representan 34% del volumen total, y 20 poseen 50%. Luego, entre 50 se reparten 81%.
La estructura que marcan los negocios bajo cobertura se estabilizó en las siguientes proporciones: los automotores ocupan 31%; los de vida 22%; riesgos de trabajo 16% y retiro 10%.
De las 183 entidades activas, 96 se ocupan de seguros generales y mixtos, 5 se especializan en transporte público de pasajeros, 14 operan exclusivamente riesgos de trabajo, 45 lo hacen con seguros de vida y 23 con seguros de retiro.
Además, hay más de 25 mil personas en más de 400 empresas de productores asesores del ramo, cuya evolución es ascendente.
Si bien la renovación en la edad del parque automotor determinó que hoy esté asegurado 70% de los vehículos en circulación y haya aumentado, en consecuencia, el despacho de pólizas, hubo un incremento del índice de accidentes que presionó sobre los costos de las compañías y abrió una secuela de demandas judiciales y de mediación que las obliga a reforzar la previsión de capital.
También se acentuó el año pasado la tendencia que se perfilaba desde 2002 en relación con los seguros que cubren los riesgos laborales. A valores constantes superaron 40% los de 2005.
A la inversa, se dieron casos estacionales negativos en los seguros combinados familiares e integrales y contra robo. Las mejores performances en la estructura y relaciones respecto de las primas fueron para los seguros de vida colectivos y previsionales, los que se relacionan directamente con el nivel de empleo.

Superintendencia
Miguel Baelo es un funcionario de carrera, ascendido al máximo escaño de la Superintendencia de Seguros de la Nación hace tres años. Viene de la misma línea gerencial de su antecesor, Claudio Moroni, quien había quedado en lugar del actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández, hasta su desplazamiento a la Sindicatura General de la Nación en 2004.
Según la AGN, había habido 42 empresas que presentaron problemas de solvencia en el primer semestre de ese año, de las que sólo 11 habían sido seleccionadas previamente por la SSN para fiscalizar entre marzo y junio. Se repitió la misma situación en setiembre con 28 firmas, nada más que 8 fueron verificadas.
“La inspección general a FATA, que derivó en su liquidación forzosa, se hizo por las denuncias, ya que no había sido seleccionada”, precisa la AGN. También comprobó que otras compañías en falencia, como Paraná y Liderar, no informaban de sus carteras de juicios y que Fuerza había presentado el plan de regularización vencido el plazo.
De ese modo sentenció: “La inspección no surge de una planificación anual, sino que la decide el superintendente. No utiliza alertas tempranas y no hay criterios objetivos”.
Baelo tomó nota y llegó la vuelta de tuerca a las empresas. Se propone triplicarles el capital mínimo de $3 a 10 millones justo cuando éstas impulsaban reajustes en las tarifas hasta 40% para rehacer la ecuación económica.
La interpretación que campea entre los operadores es que, detrás de la medida, subyacen: un intento de concentración del mercado, la reducción de las posibilidades de inversión y el bloqueo de un puñado de firmas que apelan a maniobras peligrosas para justificar su insolvencia. M