El comercio exterior no es únicamente la puerta al mundo de la economía
nacional, sino una fuente interna de recaudación impositiva y un instrumento
de nivelación de precios.
La Argentina embarca carne a Estados Unidos, a Brasil, a Chile y a varias plazas
europeas a precios internacionales que, con la actual paridad cambiaria, más
que duplican lo que el poder adquisitivo de los sueldos permite afrontar internamente.
El productor pretende vender donde le pagan más, el Estado tiene que
proteger el abastecimiento interno y ahí es donde entra a jugar el dedo
“visible” del Gobierno, convertido en contracara de la “mano
invisible” de Adam Smith.
La administración nacional se arroga haber fijado un tipo de cambio más
caro que el que surgiría de un equilibrio técnico. Y con base
en esa sobrecotización, establece un impuesto compensatorio a todos aquellos
productos de escaso valor agregado y alta participación en el comercio
exterior.
La carne es uno de los paradigmas, aunque al mismo tiempo representa uno de
los pilares de nuestra cultura alimenticia y por ende gravita con fuerza en
la canasta familiar.
Los impuestos que le aplican a su comercialización y las vedas parciales
a las colocaciones externas responden más al afán regulatorio
de los precios internos, que a necesidades fiscales de recaudación. Así
y todo, desde el segundo semestre del año pasado, la carne no cesa de
darle dolores de cabeza al vigilador oficial de los índices.
Hoy tributa en cualquiera de sus variantes 15% y es el sexto rubro que más
porcentaje comparte con el fisco.
La devaluación del peso que llevó la relación con el dólar
a 3 x 1 convirtió el comercio exterior en una herramienta de equilibrio
para conciliar lo que se cobra afuera por vender un producto con lo que puede
pagar un consumidor vernáculo, al que se le revirtió la ecuación
peso-dólar en sus ingresos.
Pero las arcas fiscales vienen cobrando muy bien por esa decisión cambiaria:
el año pasado embolsó $19.840,9 millones, que aportaron 85,6%
del superávit primario.
La suma viene siendo creciente desde 2002, cuando la devaluación situó
en escala competitiva, en principio, los recursos naturales y luego fue incorporando
productos de fabricación nacional. En cuatro años se triplicaron.
Desde 2002 a 2006 los derechos a las exportaciones contribuyeron con 10% de
los recursos tributarios totales, mientras que los impuestos a las compras externas
aportaron 3% del total, con lo que 13% de los ingresos tributarios encuentran
su origen en los impuestos al comercio exterior.
El encarecimiento doméstico del dólar afectó las importaciones,
que antes de la devaluación ya venían resentidas por la merma
en la actividad económica. De ahí su escaso peso en la recaudación.
La masiva entrada de celulares explicó en gran parte la paulatina recuperación
que fue alcanzando.
En general, las tasas impuestas no superan 20% del precio que fija la Aduana
para aquellos productos no originarios del Mercosur, conforme lo establece el
código aduanero, la ley 23.664 y el decreto 108/109.
Están excluidos de este régimen los bienes de capital, informática
y telecomunicaciones, además de los combustibles, que recibieron una
alícuota máxima de 0,5% sobre el valor que consta en los listados
de Aduana.
La escala parte de hasta US$ 50 por una base imponible menor a US$ 10.000 y
llega a US$ 500 en la mayor a US$ 100.000.
Se escapó del molde la industria automotriz, que sigue tributando 35%
aunque cuando es por fuera del intercambio compensado con Brasil con base en
un acuerdo de integración que concentra todo el comercio sectorial.
Del otro lado, permanecieron exentos de impuestos los insumos críticos
destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud humana.
En general, la estructura tributaria del comercio exterior tiende a ser neutra
o, en todo caso, utilizada como barrera arancelaria para proteger las producciones
locales.
Estado-socio
El esquema inicial consistía en una quita fiscal a las exportaciones
del campo, que serían las primeras en recibir la paridad elevada peso-dólar,
y alinearles los combustibles con una tasa similar. El propósito: subsidiar
el costo interno de la energía situándolo un escalón debajo
del internacional.
Al gas natural, por ejemplo, se le fijó 45% de alícuota. Al gas
licuado propano y butano, en cambio, se asignó una tasa de 20%.
El congelamiento en los valores de boca de pozo del petróleo, que cimenta
el modelo económico en curso desde 2002, ha sido el nudo del conflicto
con las compañías que explotan los yacimientos dentro de las fronteras
y el leit motiv esgrimido por éstas para retacear las inversiones.
Dentro de la política en cuestión, se aplicó 25% de gravamen
a las exportaciones de crudo, que reciben un adicional cuando la cotización
del barril West Texas Intermediate (WTI) haya superado los US$ 32.
Arranca de 3%, que se convierten en 6% al pasar los US$ 35 el barril. Cuando
el rango supera los US$ 45, el plus arancelario es de 20%.
Las naftas, en cambio, tienen una tasa de 5%.
Pero los granos de soja fueron los que más contribuyeron con las arcas
fiscales, aunque no tanto con la evolución de la canasta familiar que
vigila Guillermo Moreno. Igual, como una ayuda a su gestión, ahora tributa
27,5% gracias a la extra de 4 puntos que se le endilgó, con la excusa
de subsidiar a los fabricantes de alimentos básicos.
Los aceites derivados de la soja y el girasol también aportan al fisco
24% de su facturación externa y los productos regionales como frutas,
hortalizas, miel y arroz pagan 10%.
La Secretaría de Comercio también tiene mucho que ver con los
derechos de 5% que se aplican a la leche, nata sin concentrar, yogur, manteca
y quesos, y con los de 10% a la leche en polvo, ya que la canasta láctea
conlleva un alto componente político interno, que la sitúa en
primera fila de los acuerdos de precios.
El avance de la inflación por sobre la voluntad de los funcionarios del
Gobierno enciende las luces amarillas del comercio exterior, fuente de divisas
para las reservas internacionales gracias al signo favorable de la balanza comercial;
y también fuente de recursos para el fisco, que debe financiar gastos
crecientes, sobre todo por demandas provinciales, y fuente de trabajo para las
empresas que atienden la ventanilla exterior del país.
Hay un peligro interno: que la inflación se devore la ventaja comparativa
cambiaria y se vaya descolocando la competencia exterior. M
Informe: Ariel Dvoskin, Economista del Programa de Política
Fiscal de
Cippec.
