El comunismo del siglo 21

Por Daniel Alciro

En realidad, Marx estuvo lejos de ser bolivariano. En una carta dirigida a Friedrich Engels (12-2-1858), sostuvo que Bolívar había sido un “falsificador”, un “mentiroso” y un “cobarde”. Criticó que se hubiera limitado a luchar contra España, “sin alterar las relaciones entre clases sociales”, dentro de su propio país.
Chávez omite ese dato. No es extraño. Todos los comunistas del mundo (se llamaran Lenin, León Trotsky, Joseph Stalin, o Fidel Castro) han hecho lo mismo: invocar a Marx, pero desoírlo y reinterpretarlo a voluntad.
El comunismo, que en la práctica surgió con la Revolución Rusa (1917), se definió por: (1) la supresión de la propiedad privada y (2) el autoritarismo.
Por ahora, el Comandante ha recortado el derecho de propiedad; y concentra poderes cada vez más inquietantes. Eso, unido a su retórica antiimperialista, sus continuas referencias al socialismo y sus símbolos (camisa y banderas rojas), hacen pensar a muchos que el comunismo renace hoy en Venezuela.
No importa que se llame socialismo. En definitiva, el nombre completo de la Unión Soviética era, también, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Es cierto que el Gobierno venezolano admite, con reservas, la propiedad privada; e inclusive promueve empresas mixtas (ver: Chávez y el empresariado argentino).
Eso tampoco debería llamar la atención. Del mismo modo que en la posguerra hubo países capitalistas con gran número de empresas estatales, hoy países comunistas (como China o Vietnam) se abren al capital privado. Sin embargo, nadie puede predecir cómo evolucionará la organización sociopolítica de esos países.
Venezuela admite las empresas particulares, pero a la vez busca asociaciones con el Estado chino o el Irán de Mahmoud Ahmadinejad.
El autoritarismo de Chávez, por otra parte, es cada vez más notorio.
En los últimos tiempos se ha señalado, como muestra, su decisión de quitarle la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), una cadena opositora al Gobierno. Esa licencia debía expirar el mes próximo, pero la actual Ley de Telecomunicaciones (sancionada el 12 de junio de 2002) la prorrogó por 20 años.
Chávez se negó a reconocer la prórroga y RCT apeló a la justicia. Según algunas versiones, el Tribunal Superior (Corte Suprema) se disponía a fallar a favor de la televisora. Fue entonces cuando Chávez advirtió públicamente: “Yo doy por un imposible que otro poder vaya a interferir en esto, que es una decisión tomada y anunciada”.
El líder de la oposición, Manuel Rosales –gobernador del estado Zulia– denunció que Chávez había dado de esa manera una “orden” al Tribunal Supremo, que está subordinado al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
Pero hay hechos más alarmantes.

El juramento militar
Chávez ha emplazado a todos los militares a proclamarse, con “fuerza” y “radicalidad”, “antiimperialistas, revolucionarios, bolivarianos y socialistas”.
Al reaparecer vestido de uniforme, el 12 de abril dijo en un acto castrense que “la llamada institucionalidad” es una “máscara” que intenta ocultar una posición “contraria a la revolución”.
Según sus instrucciones, “todo comandante de unidad, en todos los niveles está obligado a levantar la consigna patria, socialismo o muerte, sin ambigüedades”. El que se “sienta incómodo”, advirtió Chávez, “puede tramitar su baja”.
Al día siguiente, Chávez habló en el XIV Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) y llamó a las mujeres a “salvar al mundo de la dominación capitalista e imperialista”.
La retórica del Comandante se está volviendo cada vez más dura. Eso lo va comprometiendo a él mismo, llevándolo a extremos de los cuales parece difícil retornar.
En una época parecía que criticaba la intromisión de Estados Unidos en asuntos extranjeros, la ocupación de Afganistán e Irak, el belicismo de George Bush y la excesiva influencia de Washington en los organismos financieros internacionales.
Poco a poco, sus cuestionamientos han ido atacando el corazón del sistema.
El 9 de marzo de este año, en el estadio de Ferrocarril Oeste, en Buenos Aires, Chávez hizo un cuestionamiento histórico de la “Alianza para el Progreso”, un programa de asistencia financiera a Latinoamérica que el Presidente John Fitzgerald Kennedy lanzó en 1961.
Aquel programa aseguraba el financiamiento de la reforma agraria, el desarrollo de la infraestructura y la construcción de viviendas populares, entre otras medidas de desarrollo social. Chávez lo denostó porque el propósito de Kennedy era “detener el avance de la Revolución cubana”. Más aún, dijo que la Alianza para el Progreso había servido para encubrir “invasiones, golpes de Estado y persecuciones”.
Entre los Presidentes latinoamericanos que apoyaron aquel programa estuvieron: Arturo Frondizi (Argentina), Janio Quadros (Brasil), Eduardo Frei Montalva (Chile), Alberto Lleras Camargo (Colombia), Fernando Belaúnde Terry (Perú) y Rómulo Betancourt (Venezuela).
Sin nombrarlos, Chávez incluyó a aquellos gobernantes, democráticos y progresistas, entre los “traidores” y “gorilas” que hicieron el juego a Kennedy. En cambio, exaltó a los guerrilleros, que lucharon por asegurar el avance de Cuba.
“Nosotros somos los hijos del Che Guevara, ese infinito argentino”, gritó. El pensamiento de Chávez es radical.
Otros representantes de la izquierda latinoamericana creen que el capitalismo es un sistema basado en la explotación de unos países por otros. Sus efectos serían la bonanza de los países centrales y la pobreza de la periferia.
Chávez sospecha que el sistema ha comenzado a agrietarse, también en Estados Unidos.
En una entrevista de TV con la periodista estadounidense Barbara Walters, dirigió (en defectuoso inglés) un mensaje a los estadounidenses: “I love you. Martin Luther King is my great leader. His dream is my dream”.
Su “sueño” no se limita a evitar la discriminación racial. Él sostiene que Estados Unidos tiene “40 millones de pobres, la mitad de los cuales está en la indigencia”.
Citgo Petroleum Corporation (Citgo), subsidiaria de PDVSA, posee siete refinerías y –según las cuentas de Chávez– “más de 10.000” estaciones de servicio, “a lo largo y a lo ancho del país”. Esa red le permite subsidiar a los pobres estadounidenses.
Según el Presidente venezolano, Citgo “está donando” heating oil (combustible para calefactores) en barrios necesitados. La TV estadounidense pasa con frecuencia spots publicitarios, en los cuales aparecen “pobres” estadounidenses, agradecidos al Gobierno de Venezuela. No son, exactamente, beneficiarios de donaciones; pero pagan 40% menos.

Una potencia socialista
Este hombre, que dice haber dedicado su vida “a los pobres de la Tierra”, no es sólo un dictador legitimado por las urnas, como otros que América latina conoció en los 50.
Tampoco es un mero “discípulo” de Castro.
Su proyecto es crear una “potencia socialista sudamericana”, a partir de su propio liderazgo y de los recursos que el petróleo (por ahora) le otorga a Venezuela.
Mesianismo e ideología se mezclan para hacerle pensar que puede promover una nueva etapa del comunismo en el mundo.

Sector por sector

Estatizar por cansancio

Cuando Chávez inició su tercer mandato, anunció la estatización de la mayor empresa telefónica, la principal compañía de electricidad y parte de la faja bituminosa del Orinoco. Luego, sugirió que podría expropiar supermercados y clínicas privadas. Ahora, su mirada se ha dirigido a otros sectores.

Grandes empresarios sostienen privadamente que el Gobierno somete a sus compañías a inspecciones intimidantes, y que las obliga a perder dinero. El propósito –aseguran– sería disminuir el valor de esas compañías, y agotar la paciencia de sus accionistas, a fin de estatizarlas a bajo costo.

FÁBRICAS DE CEMENTO. En una exposición pública, Chávez se refirió el 12 de abril a un programa del Estado, que se propone construir 143.000 viviendas.
El Presidente dijo que, dada la finalidad social del emprendimiento, las empresas cementeras debían proveer cemento a precios preferenciales.
Es para evitar esa pérdida que las cementeras comenzaron a exportar al Caribe. Chávez interpreta esta acción como un boicot a su plan de viviendas y advierte: “No permitiré que se siga exportando”.
En su alocución pública no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones:
1- Usará el sistema impositivo como elemento de coacción. Chávez dijo que ordenaría al ministro de Infraestructura, Ramón Carrizales, “meter el ojo” en las cementeras, junto con el SENIAT (la AFIP venezolana).
2- Impondrá precios artificiales. El Presidente dijo: “Nosotros no podemos permitir que estas empresas prefieran llevarse el cemento y venderlo en el Caribe a precio internacional”.
3- Recurrirá a la intimidación armada. El Presidente también anunció que instruiría al “señor general de la Guardia Nacional”, que es una policía militarizada, a “garantizar el abastecimiento de cemento en el mercado nacional”. Para que no quedaran dudas, aclaró qué significa esa garantía: o las empresas se someten al “interés nacional” o, en su defecto, “las ocupamos”.
4- Amenaza con la estatización. Está claro que Chávez no piensa en una ocupación temporal. “Si las cementeras no quieren incrementar la producción para el consumo del país, las ocupamos, les inyectamos recursos, las ponemos a funcionar mejor, bajamos los costos y producimos el cemento para nosotros”.
5- Está dispuesto a tirar el precio abajo. En el mismo acto, el Presidente afirmó que, antes de su Gobierno, “las grandes fábricas de cemento fueron privatizadas por el neoliberalismo a precios de gallina flaca”. En realidad, la principal cementera del país (Cementos Mexicano, CEMEX, del grupo Lorenzo Zambrano) jamás perteneció al Gobierno de Venezuela. CEMEX tiene en ese país 42 plantas y 12 centros de distribución con una capacidad de producción de cemento de 4,6 millones de toneladas anuales. Las otras productoras de cemento son las venezolanas Cementera Cerro Azul y Cemento Andino. Chávez estaría interesado, sobre todo, en CEMEX. Sus medidas recientes han tratado de convertirla en “gallina flaca”, antes de que la empresa fuera vendida a la australiana Rinker, que ofreció US$15.300 millones.

SECTOR FINANCIERO. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, anticipa: “Las ganancias que tienen las instituciones financieras privadas deben destinarse, en una parte importante, al financiamiento del desarrollo de actividades sociales”.
Para eso, el legislador sugiere que se modificará la Ley General de Bancos, dando lugar a un “sistema financiero para la sociedad socialista, sin que el sistema financiero privado vaya a desaparecer”.

PETRÓLEO. El 1° de mayo, “el pueblo, junto a la Fuerza Armada Nacional” tomó posesión de los campos petroleros de la Faja del Orinoco. Chávez había anunciado el 26 de febrero que se crearían “empresas mixtas” con los antiguos operadores: Exxon Mobil, Chevron y Conoco-Phillips (Estados Unidos), British Petroleum (Reino Unido), Total (Francia) y Statoil (Noruega), que mantenían alianzas estratégicas de PDVSA desde la década pasada. El plazo para constituir las empresas mixtas vencerá el 26 de junio. Sin embargo, algunas versiones ya indican que varias empresas quedarán fuera.

Vínculo provechoso

Los actores argentinos

El Presidente Kirchner y su ministro de Planificación, Julio de Vido, han logrado que los empresarios locales tengan confianza en Chávez. El milagro está asociado a diversos negocios facilitados por la amistad entre los gobiernos de la Argentina y Venezuela.

La última vez que Kirchner fue a Venezuela, se hizo acompañar por más de 70 empresarios, varios de los cuales concretaron atractivas operaciones.
Entre las empresas argentinas favorecidas por el Gobierno venezolano figuran:

TECHINT. Desde la era pre-Chávez, Siderar (del llamado Grupo Techint) tiene el control de Ternium Sidor: la principal empresa siderúrgica de Venezuela, ubicada en Puerto Ordaz. El chavismo se propuso, inicialmente, forzar al grupo privado a vender 60% de las acciones al Estado. Sin embargo, en ocasión de la V Cumbre de las Américas (Mar del Plata, noviembre de 2005), Kirchner, Chávez y Paolo Rocca (CEO de Ternium Sidor) sellaron en el Hotel Hermitage un “acuerdo estratégico” para impulsar la siderurgia venezolana, que descartaba la estatización de la empresa. En ocasión de la visita de Kirchner a Puerto Ordaz (febrero de este año), Rocca fue anfitrión de ambos Presidentes. La prensa destacó la ostentación que hizo el Presidente venezolano de su amistad con el empresario (“¿Dónde está Paolo Rocca? ¡Paolo, ven pa’quí que no te veo!”).

ROGGIO. Aldo Roggio fue invitado por Chávez a participar, con su empresa constructora, en el ambicioso programa de viviendas populares que lleva a cabo el Gobierno de Venezuela.

SANCOR. Para salvar a esta empresa láctea, que estaba a punto de quebrar o de pasar a manos del multimillonario húngaro Georges Soros (ofrecía comprar 62,5% de las acciones en US$ 120 millones), Chávez hizo una compra anticipada de leche en polvo. SanCor recibirá, en cuotas, US$ 135 millones. A cambio, abastecerá de leche a Venezuela hasta 2019.

GROBOCOPATEL. Gustavo Grobocopatel (grupo “Los Grobo”) firmó un acuerdo con Chávez para convertir tierras fiscales en campos de soja. Venezuela pagará, en concepto de “transferencia de tecnología”, US$ 400 millones.

SOL PETRÓLEO. Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Energía Argentina S.A. (Enarsa) están interesadas en quedarse con la empresa Petróleo del Sur S.A. (Sol Petróleo), que tiene 170 estaciones de servicio en la Argentina. Adquirida en 1998 por la estatal uruguaya Ancap, Sol Petróleo carece de yacimientos; distribuye, por lo tanto, combustible ajeno. El alza de los hidrocarburos –unido a los precios fijados para la nafta por el Gobierno argentino– impuso a Sol Petróleo pérdidas de US$ 1 millón por mes. El año pasado, PDVSA compró 43,16% de la sociedad por US$ 15 millones. Ahora, iría por el total del paquete o, al menos, por el control. La asociación con Enarsa (y, a través de esta, con empresas privadas argentinas) permitiría construir una red de distribución destinada a obtener una porción significativa del mercado.

FAJA BITUMINOSA DEL ORINOCO. Enarsa, esa Pyme petrolera, tiene por accionista principal al Estado argentino, pero está autorizada por ley a incorporar capital privado. Participará en el proyecto Orinoco Magna, dirigido por PDVSA, que tiene por objeto la exploración de arenas bituminosas del Orinoco. Es la asociación de un mosquito con elefantes: no sólo estará allí PDVSA; también Petrobras y Repsol YPF. Y la uruguaya Ancap, que al menos tiene refinerías: Enarsa no tiene yacimientos, ni tecnología, ni oleoductos, ni refinerías. Sin embargo, podrá ser el vehículo para asociar a empresas privadas en esta operación encabezada por Venezuela.
En la Argentina, sectores de izquierda esperaban que –con la ayuda de Chávez– el Gobierno se decidiera a re-estatizar YPF. Una alternativa más modesta era la expropiación de Shell. Kirchner no parece estar dispuesto a ninguna de esas aventuras. Prefiere los negocios nuevos.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. Chávez acordó con Kirchner y el boliviano Evo Morales la constitución del Banco del Sur. Brasil adhirió, con reservas: el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva quiere que el banco sea complementario, no sustitutivo (como ha sugerido Chávez) del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En todo caso, la entidad asistirá a empresas privadas sudamericanas y permitirá obras de infraestructura en la región. Así lo adelantó la ministra de Economía Felisa Miceli.

GASODUCTO DEL SUR. Entre esas obras de infraestructura, la mayor sería este faraónico ducto (más de 6.000 kilómetros), que transportaría gas desde el Caribe hasta el Río de la Plata. La obra, cuyo costo se ha estimado en US$ 23.000 millones, ofrecerá múltiples oportunidades de negocios al sector privado. Entre otras cosas, demandará una enorme cantidad de caños sin costura: una especialidad en la cual Techint es líder mundial.
La concertación de negocios con países comunistas o filocomunistas tiene muchos precedentes, y se dio aun cuando Occidente y el bloque soviético libraban una “guerra fría”.
Tanto los gobernantes comunistas como los empresarios privados suelen ser muy pragmáticos. Eso permite acuerdos que, desde una perspectiva ideológica, parecerían imposibles.
Durante el último Gobierno de Perón, la Argentina le otorgó (1974) un “crédito atado” a Cuba: US$ 1.200 millones para comprar automotores y maquinaria agrícola de fabricación argentina. Aquel convenio terminó siendo aprovechado por firmas multinacionales que operaban en la Argentina: las estadounidenses Chrysler, Ford y General Motors (expresamente autorizadas por la embajada estadounidense), así como las francesas Citröen y Renault, terminaron vendiendo autos a Fidel Castro.
Todo fue manejado por José Ber Gelbard, ministro de Economía y, él mismo, empresario.
Gelbard impulsó la “apertura al Este” y viajó –con nutridas comitivas empresarias– a la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Rumania y Checoslovaquia, en busca de negocios. En septiembre de 1975, Moscú le compró a la Argentina 750.000 toneladas de trigo y 250.000 de maíz.

Negocios es la base

Néstor Kirchner y la “revolución bolivariana”

Su actitud ante Chávez es similar a la que exhibe, en la Argentina, ante los piqueteros. No oculta sus simpatías por el líder venezolano; pero sabe que los desbordes del Comandante son peligrosos; y no está dispuesto a seguirlo en todo. Tampoco quiere ser él quien le ponga límites.

Le permite que haga un acto contra el ALCA en Mar del Plata, con Evo Morales, Adolfo Pérez Esquivel, Hebe de Bonafini y Diego Maradona.
Y, meses más tarde, otro acto en el estadio de Ferrocarril Oeste, junto a la Madres de Plaza de Mayo, la CTA, la Corriente Clasista y Combatiente o Quebracho.
Pero él no envía a sus ministros ni colaboradores inmediatos, y hace trascender que preferiría manifestaciones más reducidas.
Se cuida de no convertirse en enemigo de la “revolución bolivariana”, por lo mismo que pone empeño en no aparecer como represor de movilizaciones: cree que su “paciencia” y “tolerancia” son más efectivas que la hiperquinesia política.
Estados Unidos querría que “contuviera” a Chávez, salvaguardando la democracia latinomericana. Muchos le reclaman, en la Argentina, que impida los cortes de calles y rutas, haciendo prevalecer la Constitución.
En uno y otro caso, Kirchner se niega a adoptar medidas que juzga contraproducentes.
En cambio, aspira a desactivar –con tacto y paciencia– las manifestaciones extremas, tanto del chavismo en Sudamérica, como de la protesta social en la Argentina.
Hace poco, habló de esto en presencia del propio Chávez: “Mucho se ha dicho en los últimos tiempos que había países que teníamos que contener a otros países, como en el caso del Presidente Lula o de nosotros que teníamos que contener al Presidente Chávez. Error absoluto. Nosotros construimos con el Presidente Chávez el espacio de América del Sur para la felicidad de nuestros pueblos”.
La realidad es que Kirchner no tiene cómo frenar a Chávez. Al decir públicamente que “se habla” sobre la necesidad de “contener” al Gobierno venezolano, pero que eso no le corresponde a él, advirtió al propio Chávez que la Argentina está bajo una presión que puede desestimarse pero no ignorarse.
Por otra parte, su defensa fue vaga y confusa: decir que “construimos con el Presidente Chávez el espacio de América del Sur” no es, precisamente, una forma de jugarse.
La solidaridad de Kirchner y Chávez se da en el campo de los proyectos.
El Presidente argentino fue el primero en aceptar la idea del Banco del Sur, que su par venezolano venía “planteando en solitario desde hace siete años”.
Por otro lado, Kirchner prestó su rápido consentimiento a la construcción del Gasoducto del Sur, y promovió la asociación estratégica del chavismo con empresas privadas argentinas (ver: Chávez y el empresariado argentino).
La compra de títulos del Estado argentino (casi US$ 4.000 millones) es otra operación de interés mutuo: provee financiamiento a la Argentina y permite al Gobierno venezolano, mediante la re-colocación, la obtención de altas utilidades.
Los negocios son la base de la alianza entre ambos mandatarios.
Por eso, en la relación argentino-venezolana, el principal gerente no es el canciller Jorge Taiana, sino el ministro de Infraestructura, Julio De Vido. M