Por Néstor Sargiotto y Jorge Freites
El campo vive un momento singular. Por un lado, exhibe indicadores de crecimiento y productividad que lo posicionan como uno de los pilares de la recuperación económica nacional. Por el otro, las distintas entidades que representan a la producción coinciden en redoblar sus protestas frente al gobierno, al que critican con singular unanimidad por lo que consideran un sesgo “anti-agro”.
La contradicción suena aún más categórica cuando se cotejan los planteamientos sectoriales de la coyuntura frente a las promisorias proyecciones que baraja el mundo de los agronegocios de cara al mediano y largo plazo, alentadas por la creciente demanda de agroalimentos e insumos rurales para producción de biocombustibles.
¿Qué reclama el campo en un escenario como el actual? La pregunta, planteada así, no tiene una respuesta simple, máxime teniendo en cuenta que el sector nuclea a actividades muy variadas, con productores de diferente escala, diseminados en un extenso territorio y agrupados en distintas agrupaciones gremiales. Por eso, un buen punto de partida para entender la problemática es analizar la situación actual y sus principales protagonistas.
Cuestión de imagen
En la investigación más reciente que se conoce sobre la opinión de los productores agropecuarios respecto de la política del Presidente Néstor Kirchner hacia el sector rural, 46% de los encuestados por la consultora Sondeo/Jefferson Davis la calificó de “mala” y otro 19% prefirió la definición de “muy mala”. Esto es, dos de cada tres productores consultados no dudaron en bajarle el pulgar a la relación.
Como contrapartida, en el mismo universo rural relevado, 50% consideró “buena” la situación actual del negocio agropecuario y otro 8% la ubicó entre excelente y muy buena, en tanto que 36% de los productores opinaron que “no es ni buena ni mala”.
La diferencia de enfoques acerca de la actitud kirchnerista hacia el campo y del estado de salud de los agronegocios lleva a preguntarse dónde está el meollo de la disputa entre la Casa Rosada y la actividad de tierra adentro. ¿Cuánto hay de economía y cuánto de disputa política?
En su estilo despojado de medias tintas, el Presidente se gana odios y amores. El sector agropecuario hoy le reserva mucho más de los primeros sentimientos que de los segundos.
La situación no es nueva si de presidentes institucionales se trata. Raúl Alfonsín sufrió una afrenta histórica al inaugurar a fines de los años 80 una edición de Palermo en medio de una rechifla estruendosa. El motivo: reimplantación de retenciones. Fue en el mismo escenario de la Sociedad Rural Argentina que poco tiempo después recibía en estado de éxtasis a Carlos Menem, en especial luego de haber eliminado las retenciones, un impuesto que hoy 82% de los productores considera como la principal limitante para el crecimiento. Pero el ex mandatario riojano no gozó de la simpatía de pequeños y medianos productores.
Es que la política menemista parecía tener casilleros habilitados sólo para una porción del campo. “En la Argentina desaparecerán 200.000 productores”, blanqueó en voz alta la política oficial un funcionario de Domingo Cavallo.
El mismo ministro de Economía de aquel entonces, recomendó en la primera mitad de la década de los 90 “salir de los commodities”, porque el futuro estaba en otras opciones como en “la fabricación de carteras de carpincho a la que se dedica una amiga mía y le va muy bien”, según dijo Cavallo en un acto institucional.
La Argentina post etapa De la Rúa-Cavallo salió a flote en gran medida gracias al agro y, particularmente, a la soja.
Como se comprueba, los desencuentros gobierno-campo no son nuevos. Continuaron cuando la administración de Eduardo Duhalde reinstauró los derechos de exportación en los ardores de la debacle. Los recursos que inyectan las retenciones se hicieron carne en la salud de las cuentas públicas y en la conciencia que sobre ellas tienen las autoridades. “Si la gente del campo quiere derogar las retenciones, que forme un partido político, gane las elecciones y llegue al gobierno”, sugirió Roberto Lavagna, cuando todavía era ministro de Kirchner, en lo que sonó a ironía y provocación.
Trapitos al sol
La existencia de cuatro grandes entidades representativas del campo habla de distintos orígenes y, por ende, de diferentes intereses.
La Federación Agraria Argentina, surgida del célebre Grito de Alcorta, tiene sus raíces en los chacareros que debieron luchar contra un sistema de arrendamientos en los que otros tenían la parte del león.
Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada) podría señalarse como otra expresión de cierto “proletariado” rural. Su génesis debe rastrearse en 1898, año de fundación de la cooperativa “El Progreso Agrícola”, en Pigüé, en el sur bonaerense, a través de la iniciativa de un grupo de colonos franceses.
En otro ámbito de la escala socioeconómica de la Argentina, está la Sociedad Rural Argentina (SRA). Con mencionar que se creó en 1866, en la casa de José Martínez de Hoz, bisabuelo de José Alfredo, ex ministro de Economía del último proceso militar, se tiene una idea clara de su encuadre, más allá de cualquier ideología.
A su vez, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tiene entre sus integrantes a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la institución que con mayor dureza enfrenta al gobierno. Surgió el 31 de julio de 1932 sobre la base de cinco entidades bonaerenses. En esa época, Buenos Aires (y otras provincias argentinas) tenía una ganadería mucho más poderosa que en la actualidad. CARBAP la reflejaba.
Hoy en día, las acusaciones de “oligarquía ganadera” que reciben sus dirigentes atrasan. La agricultura predomina en todos los campos.
Pero sobreviven los reflejos de CARBAP como exponente de un segmento rural más emparentado con las políticas de los años 90.
Sobre esa afinidad, que comparte la Sociedad Rural Argentina, es que se disparó la munición gruesa desde los despachos oficiales. Por ejemplo, recordar que el 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del régimen que encabezó Jorge Rafael Videla, los ruralistas publicaron una solicitada en la que expresaban su “adhesión a tan fausto acontecimiento”, es acusarlos de ser socios de uno de los períodos más rechazados por la opinión pública argentina. Tal vez haya sido una represalia por la actitud de CRA de abortar un acuerdo de precios con la cadena cárnica a principios de este año.
Pero la división objetiva de intereses que hay entre las entidades del agro, se diluyó cuando Kirchner prohibió las exportaciones de carnes vacunas. Es que la medida afectó a todo el arco productor en general.
¿Cuál puede haber sido la percepción del hombre medio que vive de las actividades rurales? Tal vez ésta: “Cuando hay crisis, el campo saca las papas del fuego; cuando amenaza la inflación, las consecuencias las paga el campo”.
Es razonable que cunda un pensamiento así entre quienes lograron, en una sola campaña, llevar la producción agrícola al récord de 80 millones de toneladas de granos que reportaron casi US$ 12.000 millones en exportaciones y poco más de US$ 4.000 millones vía retenciones.
No es descabellado suponer que puede sentirse ofendido quien le cede al Estado 20% de su facturación y después es sindicado como uno de los responsables en la suba de la carne.
“Me molestan las agresiones del gobierno, y lo peor es que nos quiere enfrentar con el resto de la sociedad”, alegó una productora del sur cordobés en una reciente asamblea.
¿Habrá algo de eso? Una encuesta que realizó Gallup para el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), demostró que 30% de los argentinos maneja una imagen negativa de los productores ganaderos.
Al mismo tiempo, la mayoría desconoce qué porcentaje de la carne se exporta, qué tipo de cortes se embarcan e ignora por completo cuánto tiempo transcurre desde que nace un animal hasta que llega a la carnicería o el supermercado.
Es justo también recordar que el productor argentino compite en total desventaja respecto a sus “colegas” del Primer Mundo. Mientras un agricultor o ganadero local paga retenciones, la Unión Europea gastó el año pasado 107.000 millones de euros (US$ 134.000 millones) en ayudas a la agricultura, muy por encima de los 38.000 millones de euros (US$ 47.000 millones) desembolsados por Japón y los 34.000 millones de euros (US$ 43.000 millones) de Estados Unidos. Todas las naciones más industrializadas del mundo gastaron durante el año pasado 225.000 millones de euros (US$ 280.000 millones) en subsidios agropecuarios.
Daños y perjuicios
¿Cuáles pueden ser los estímulos que le quedan a un productor argentino frente a semejantes cifras? La ministra Felisa Micelli no se privó de su andanada al disparar que a los ganaderos “no hubo política económica, en los últimos 30 años, que les resultara atractiva para invertir”. Desde el otro lado del mostrador le retrucaron que no hay memoria de un gobierno que los haya seducido con un plan concreto para el universo agrario.
Pero no todo es cuestión de preconceptos. A los productores también les duele el bolsillo. En sólo cuatro meses –y veda de exportaciones mediante– el margen bruto ganadero cayó de $80 a $ 58 por hectárea en el Litoral y de $53 a $39 por hectárea en las zonas semiáridas, según cálculos de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).
Las medidas gubernamentales afectaron menos a quienes pueden diversificar planteos (por ejemplo, sembrando soja), que a quienes no tienen posibilidad de cambiar de producción porque están en zonas marginales.
En el mapa ganadero, la prohibición exportadora abrió agujeros de difícil reparación. Dentro del norte del país predominan novillos con mezcla de sangre británica e índica. Van a faena con 480 ó 500 kilos y se destinan exclusivamente a exportación porque el consumo interno prefiere carne de animales jóvenes (terneras y novillitos). El destino de aquella hacienda era Rusia y al cerrarse el negocio, los precios cayeron 25%. “¿Y a quién le vamos a vender un ternero para que haga un novillo que no puede vender en el país?”, se preguntaba Ricardo Buyaile, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales del Chaco y Formosa (CHAFOR).
La lechería, además de las retenciones que tiene sobre sí, también padece el corte de envíos cárnicos al exterior. Las llamadas vacas de conserva y las que se descartan en los tambos, no son consumidas internamente. Sólo se exportan.
Conviene recordar que las explotaciones ganaderas evolucionan según ciclos biológicos. Si un productor decide que no le dará servicio a las vacas en la próxima primavera para preñarlas, habrá menos terneros en 2007 que, a su vez, serán menos novillos en 2008.
Para colmo, merodean propuestas que, por decirlo según una fórmula consagrada, plantean más de lo mismo. La última consiste en elevar las retenciones a los granos para que la ganadería recupere competitividad. Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo, dos investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) lanzaron la idea que empezó a circular por pasillos oficiales.
Claros y oscuros
Los detractores del gobierno le atribuyen un sesgo anti-agro, nacido en prejuicios ideológicos y desconocimiento del sector. Se podría convenir en que la estrategia kirchnerista se encarga de ofrecerles argumentos.
Al desplazamiento de María del Carmen Alarcón de la presidencia de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación le siguió el nombramiento de Ana Barraute. La legisladora no tuvo reparos en admitir que no sabe de agro.
Se podría decir que la manera oficial de buscar contrincantes y procurar derrumbarlos con un golpe de knock out, olvida la cintura política imprescindible para no dinamitar todos los puentes.
Es que la ofensiva indiscriminada conlleva, entre otras consecuencias, a cohesionar las fuerzas del contrario. Así ocurrió con la cadena cárnica, olvidada por ahora de sus diferencias (que las tiene) y de otras cadenas del sector agropecuario. El acercamiento del kirchnerismo con Federación Agraria Argentina (FAA) se debilitó en la medida en que las bases de la entidad cuestionaron a la cúpula por la falta de energía para oponerse a una política que consideran perniciosa.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) desarmó un acuerdo que el gobierno esperaba firmar con la cadena de la carne para destrabar el conflicto. En esa institución siempre hace jugar su peso la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), promotora de “camionetazos” en tiempos de Alfonsín y acusada de moverse todavía con los reflejos de una “oligarquía vacuna” que hoy, en todo caso, habrá entrado a la categoría de “agrícola” si es que existe como una suerte de élite rural.
Otras actitudes también fomentan el recelo. La Asociación de Productores de Brangus recibió una visita de la AFIP después de que su presidente, Martín Goldstein, se preguntara: “¿Cómo se puede intercambiar ideas con una Secretaría de Agricultura de la Nación, donde los dos máximos responsables no se hablan o lo hacen en términos no muy civilizados?”. El directivo aludió así al conocido enfrentamiento entre el secretario Miguel Campos y el subsecretario Javier de Urquiza, que hasta derivó en escenas de pugilato.
Eludiendo los recursos coercitivos y mediante el consenso y el diálogo, podrían ser más digeribles para el campo determinados datos de la realidad que no les son precisamente adversos.
Frente a la afirmación de que se paga el fertilizante a un dólar de $3 más IVA y se cobra por el maíz con un dólar de $2,30 con IVA retenido, se podría preguntar: ¿cuánto le costaría el maíz a la ganadería y a la lechería si no tuviera retenciones?, ¿sería viable hoy criar aves y porcinos con un maíz a precio pleno?
Los combustibles son otro costado sensible para los números agrarios. El mundo rural, incluyendo las actividades de cosecha, requiere anualmente 1.026 millones de litros de gasoil. De no ser por las retenciones, cada productor pagaría tres veces más por cada litro que necesita para movilizar sus máquinas. De hecho, la Sociedad Rural Argentina calculó en $585 millones el monto que el sector transfiere a las compañías petroleras que “automáticamente aumentan el precio interno de los combustibles cuando sube el precio del crudo internacional pero que se olvidan de bajarlo cuando el mismo cae”, según indicó en su momento la entidad.
También se podría decir que con la salida de la convertibilidad y una paridad cambiaria de 3 a 1, el campo embolsó ganancias suculentas y que la acelerada renovación de equipos que hizo entre 2003 y 2004 fue posible por un poder adquisitivo no visto en los años 90. Claro que el flujo de fondos tuvo un aliento incontenible a través de inéditos precios de la soja a $720 por tonelada. M
